En Aguacatán, departamento de Huehuetenango, el día de hoy en horas de la mañana familiares y vecinos le dieron el último adiós a Catarina Velásquez Mendoza, quien fue asesinada el 30 de mayo en el barrio El Porvenir del municipio de Sayaxché, Petén.
Vecinos del barrio dijeron que la familia había llegado hacía poco, mudándose a una casa que se encontraba en un área desolada y llena de vegetación, frecuentada por personas que consumen drogas, por lo que suponen que podría ser algún sujeto bajo esos efectos quien abusó de ella sexualmente y luego le dio muerte a la joven huehueteca.
Durante el ataque, tres de sus hijos lograron escapar, sin embargo la niña de dos años desapareció ese día y fue encontrada muerta el 2 de junio en el barrio Lomas del Norte a la orilla de un camino.
Peritos del Ministerio Público que llegaron para realizar las diligencias del caso, indicaron que por la forma en que fue encontrada, y la manera en que tenía las prendas, la fémina pudo haber sido abusada sexualmente, pero esto lo determinarán los forenses del Inacif.
Manifestación por las 41 niñas quemadas vivas, Explanada de los Derechos Humanos, plaza del Trocadero, Paris, Francia. Foto: Sabrina Blazygo
Texto: Colectivo «Les 56 niñas du Guatemala : elles brûlaient pendant que nous marchions»
El 8 de marzo, mientras que en el resto del mundo marchábamos por los derechos de las mujeres, 41 niñas perdían la vida al ser quemadas vivas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. La sórdida noticia no dejó de sorprender a los franceses y a los ciudadanos guatemaltecos que residimos en Francia: ¿habrá sido un accidente? ¿Cómo fue esto posible? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué podemos hacer estando lejos? Estas eran algunas de las interrogantes que surgían conforme íbamos informándonos a través de los periódicos guatemaltecos y de las redes sociales.
Es de saber que los medios franceses difunden en pocas ocasiones informaciones sobre Guatemala. Sin embargo, la gravedad de la tragedia despertó dentro muchas personas una indignación inmediata. Además, el hecho de que este episodio coincidiera con el día de los derechos de las mujeres no dejó de llamar la atención de periódicos tan importantes como Le Monde quienes se encargaron de difundir la información a nivel nacional e internacional.
Diez días después de la tragedia, en París y en Toulouse, diversos colectivos se unieron para manifestar su apoyo a las 41 niñas y al pueblo guatemalteco en su búsqueda de verdad y justicia. En total, tres manifestaciones fueron organizadas por colectivos feministas, por colectivos de derechos humanos y por asociaciones de guatemaltecos en Francia. Uno de los encuentros se realizó en la Explanada de los Derechos Humanos –Plaza de Trocadero– y las otras dos se hicieron frente a la Embajada de Guatemala el 18 y 19 de marzo para hacer eco al “Plantón Mundial por las Niñas de Guatemala”, lanzado por asociaciones feministas guatemaltecas.
Manifestación por las 41 niñas quemada vivas, frente a la Embajada de Guatemala en Francia. Colectivo Alerta Feminista. Foto: Sabrina Blazygo
Tres meses después, hemos constituido un grupo de apoyo internacional llamado: Las 56 niñas du Guatemala : elles brûlaient pendant que nous marchions (Las 56 niñas de Guatemala: se quemaban mientras marchábamos) con el fin de hacer llegar más lejos y con más fuerza los mensajes de los movimientos feministas guatemaltecos ante esta tragedia.
Logo del grupo « Les 56 niñas du Guatemala – Elles brûlaient pendant que nous marchions », París, Francia.
El primer evento lo estamos realizando como respuesta al segundo llamado realizado desde Guatemala titulado “#NosDuelen56 Acción Global”. Por medio de conferencias, charlas, debates y música, empezaremos una campaña de sensibilización del público en Francia sobre esta tragedia. También, se discutirán los desafíos en materia de derechos de las mujeres y sobre el sistema de protección de la niñez y adolescencia en Guatemala.
Esta actividad nos permitirá también recolectar fondos que contribuirán a los gastos de alimentación, de vivienda, de desplazamiento y de asistencia psicosocial que necesitarán las cuatro niñas víctimas del incendio que permanecen hospitalizadas en Estados Unidos.
Tenemos la ambición, aunque lejos, de apoyar y gritar “¡NiUnaMenos!” junto a todas las voces del mundo que se suman a esta incansable lucha.
Porque desde aquí, también queremos apagar el fuego. Porque nuestra lucha es más grande que las llamas asesinas. Porque aunque estemos lejos, no olvidamos y no perdonamos. Porque las niñas no se tocan, no se violan, no se venden, no se queman, no se matan. Porque nos duelen 56. Porque se quemaban … mientras marchábamos.
Texto y fotografía: Comité de Unidad Campesina – CUC
Coatepeque, 23 de junio 2017. Don Eugenio López y López de 72 años de edad fue asesinado por un guardia de seguridad, cuando se preparaba para participar en un plantón en la entrada de esta finca, que ha pertenecido a la familia Campollo.
Varios trabajadores después de años de trabajar, quisieron acogerse al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuando descubrieron que la empresa no había pagado las cuotas de los trabajadores. Esta era la razón por la que decidieron ir a reclamar sus derechos, ya que perdieron la cobertura para los servicios de salud. Según información del Comité de Unidad Campesina (CUC) gobernación departamental había sido notificada de la manifestación pacífica.
La Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor realizará una marcha pacífica el día 7 de julio en el pueblo de El Estor en Izabal. Invitan a la población a sumarse para elevar una vez más sus denuncias sobre la contaminación del Lago Izabal y las actividades mineras sin consulta, y para exigir justicia por el asesinato de Carlos Maaz Coc.
“La lucha va a seguir. Eso no se va a quedar así en el olvido. A las demandas que ya planteamos como gremial, nos tienen que dar una respuesta”, dijo Cristóbal Pop, el presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales –GPA-.
Desde el asesinato de uno de los pescadores el 27 de mayo mientras la PNC atacó una marcha pacífica, algunos directivos de la GPA y otras personas que apoyan a la Gremial han sido blancos de intimidación y más que todo de seguimiento por parte de la policía, dijo Pop. “Cada vez que salimos, allí aparecen las patrullas. Nos andan siguiendo… Estamos sufriendo esa intimidación. No nos dejan salir. No tenemos la libertad ni siquiera de trabajar. Eso nos preocupa bastante”, dijo.
“No podemos salir así nosotros a caminar libremente, porque según tenemos entendido nos quieren capturar lo más pronto, de parte de la empresa”, aclaró.
A mediados de mayo, el alcalde de El Estor y toda la corporación municipal denunciaron ante el Ministerio Público a siete personas, pescadores en su mayoría, acusándolos de detención ilegal, incitación a delinquir, coacción y amenazas. No figuraba él en esa primera denuncia, pero ahora hay más denuncias y demandas, dijo Pop. Se les informó que la empresa minera denunció al Ministerio Público a Pop, otros directivos de la GPA, y otras personas. Existe el temor que se procesaría a los directivos de la GPA por la quema de la casa del alcalde y otros sucesos que ocurrieron en El Estor posterior al asesinato de Maaz.
“Nos acusan de esa manera para que nosotros nos sentamos amenazados. Allí sí que nosotros no tenemos nada que ver, la Gremial nada que ver en lo que pasó”, dijo Pop.
Eduardo Bin, el suplente de la GPA, figura entre las personas denunciadas tanto por la alcaldía como por la empresa. Igual como a Pop, le afecta el seguimiento que le hacen patrullas y agentes de la policía.
“Para mi esas son las estrategias que usan las empresas como para deslegitimar nuestra resistencia, nuestra lucha, pero yo creo que con eso tampoco nos pueden intimidar”, dijo Bin.
“Todo lo que ellos están tramando en contra de nosotros es para deslegitimar nuestra lucha y nuestra resistencia. Eso es una artimaña que ellos usan para criminalizar a nuestros compañeros y a nosotros mismos como Gremial, y eso es lo que ellos siempre buscan”, señaló.
A pesar de la criminalización, la lucha de los pescadores de El Estor sigue de pie, dijo Bin. En estos días los directivos y miembros de la GPA han estado preparando para la marcha pacífica para reiterar sus demandas y exigir justicia por el asesinato de Carlos Maaz Coc. La marcha iniciará a las 8 de la mañana este viernes, 7 de julio en el Barrio Las Brisas, cerca de la entrada a El Estor desde Río Dulce.
Durante 12 días a inicios de mayo, la GPA mantuvo una manifestación pacífica en la carretera que conduce hacia la mina Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ahora filial de Solway Group, un conglomerado ruso con sede en Suiza. Había vía libre para todo vehículo menos los que transportaban producto, materiales, y personal de la empresa minera. La GPA exigía al gobierno estudios sobre la contaminación del Lago Izabal, la documentación sobre el estudio de impacto ambiental y las licencias de la minera, y el cierre de la mina.
Se levantó la acción para esperar la respuesta del gobierno y de la empresa en una mesa de diálogo establecida para responder a la situación, pero cuando éstos no llegaron a El Estor para seguir el diálogo el 27 de mayo, los pescadores reanudaron su manifestación con un bloqueo en la salida del pueblo hacia la mina. Las fuerzas especiales de la policía ya estaban en el sector, el mando policial en el pueblo se había cambiado el día anterior, y la reacción fue rápida y violenta. Tiraron bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los pescadores, y después también tiraron con armas de fuego, resultando en la muerte de Maaz, un joven pescador Q’eqchi’ de 27 años de edad.
Recuerdo como si fuera ayer, cuando escuché los audios de los gritos, los disparos y el silencio que dejó la masacre del 4 de octubre del 2012, al pueblo indígena k’iche de Totonicapán al cual pertenezco, cuando manifestaban en la cumbre de “Alaska” kilómetro 169.
Apenas tengo memoria de las calles de Toto con un listón negro. Antes de ese día siempre hablaba con mi hermana, de que la guerra no nos había alcanzado del todo.
El saldo de la masacre del 4 de octubre dejó 6 personas asesinadas y más de 40 heridos de gravedad, 6 viudas, niños y niñas huérfanas, además del tejido social de un pueblo entero roto, esta matanza fue parte del diseño de terrorismo de Estado del corrupto y asesino gobierno de Otto Pérez Molina, no solo se dedicaron a desfalcar al Estado sino también a asesinar, masacrar, desaparecer, violar, imponer estados de sitio, criminalizar y detener personas que luchan y defienden la vida y sus derechos en todo el país.
El requerimiento fiscal en la acusación fue deficiente, lo que dejó la puerta abierta a la defensa de los militares para que pudieran pedir una rebaja de los delitos, cambiando el delito de ejecución extrajudicial en grado de tentativa, a desacato a la autoridad, los cuales tienen medida sustitutiva y ellos podrían salir en libertad.
La rebaja fue otorgada por la jueza Carol Patricia Flores, quien fue investigada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de dinero, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Los delitos actuales tienen medida sustituta y pueden salir en libertad.
Los 10 militares asesinos, tienen derecho a medida sustitutiva, tienen derecho a ver a su familia y a gozar de privilegios por ser militares y obedecer a sus superiores por masacrar al pueblo indígena de Totonicapán.
Marcos Chun Sacul, Felipe Chub Choc, Dimas García, Abner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes, Manuel Lima Vásquez, Edin Adolfo Agustín, todos bajo el mando del coronel Juan Chiroy Sal, dispararon a quema ropa contra civiles inocentes que iban desarmados.
El 1 de agosto del 2017 salió publicado en un medio digital una nota donde Juan Chiroy pide justicia por la injusticia de su caso y se coloca como una víctima.
Pedimos justicia para la masacre del 4 de octubre del 2012 en la cumbre de “Alaska” kilómetro 169. El coronel Juan Chiroy Sal no es ninguna víctima, es un asesino de 6 campesinos indígenas inocentes que manifestaban por sus derechos.
Rafael Batz y Santos Nicolás Menchú, de Pasajoc; Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordoñez, José Eusebio Puac Ordoñez, del cantón Chipuac; y Arturo Félix Sapón Yax, de Panquix siguen en nuestra memoria y su lucha se sembró en tierra fértil.
Nosotros ya no volveremos a ver a nuestros hermanos masacrados, el pueblo ya no volverla a ser el mismo nunca.
El sábado 16 de septiembre, el grupo de mujeres “Juntas somos más fuertes” decidieron reunirse llenas de indignación y rabia al enterarse que habían encontrado el cuerpo de Mara Fernanda Castilla Miranda de 19 años, después de abordar un taxi del servicio Cabify en la capital de Puebla, al sur de Ciudad de México.. Llegaron alrededor de 400 personas con pancartas, pues las personas están preocupadas por los asesinatos a mujeres.
Mónica Peña, que es parte del grupo nos comentó que “este es un grupo de amigas que surgió hace 6 meses, nos conocemos, nos cuidamos, tratamos de apoyarnos y decidimos hacer una reunión frente a casa Guayo, donde está la casa de gobierno, y el gobernador despacha, lo hicimos de manera simbólica porque él es el responsable de nuestra seguridad. Puebla necesita una alerta de género, vamos 83 mujeres asesinadas en lo que va del año.”
¡De noche o de día, desnudas o vestidas, en la cama o en la calle, que respeten nuestras vidas!
La historia que ha causado repudio no solo en la familia, sino en toda la población, empezó el 8 de agosto cuando Núñez Borjas, en una finca alejada del área poblada de Semuy, avisó vía telefónica a la familia de su conviviente que su hijastra había muerto por causas naturales.
“Murió por enfermedad de mal de Dios” fue lo que literalmente nos dijo por teléfono a las 10 de la mañana de ese martes 8 de agosto. Cuando llegamos a la finca donde ellos vivían, la nena estaba sobre una mesa, no quiso que la revisáramos. Nos dijo que ya la había preparado por lo que ya solo debíamos velarla y sepultarla”, relató un familiar cercano.
Isabel Vásquez, abuela de la menor, y quien durante cinco años la cuidó en su residencia en el caserío Bolivia, El Colorado, quedó consternada porque sabía que la menor no padecía de alguna enfermedad.
“La niña nació acá en mi casa porque su madre era soltera. Acá estuvo hasta los cinco años conmigo junto a su hermano Erwin de 9. Hace como nueve meses empezó a insistir que quería tenerla en la finca junto a su mamá. Tenía seis meses de habérsela llevado cuando la mató. Desde el principio yo no quería, pero él aseguró que le daría una buena vida a su hijastra. Nunca imaginé que solo se la llevó para hacerla sufrir hasta causarle la muerte con las torturas que le hizo” indicó la abuela.
La sepultaron en El Colorado, a unos 10km de donde supuestamente la menor murió por enfermedad. Pasaron dos meses para que Arely Flores, luego de apartarse de Núñez, rompiera el silencio y le contara a su mamá (Isabel Vásquez) que la menor no murió tal como había dicho su padrastro. Lo que ella relató a la familia, parecían escenas de una película de terror, pero fueron los angustiosos días de golpes y torturas que su niña sufrió y que ella, por estar amenazada no pudo hacer nada para evitar el sufrimiento de su hija.
El pasado 14 de octubre, cerca de la estación policial de la localidad, el señalado fue detenido y puesto a disposición de la ley.
Hoy en horas de la mañana una diligencia del Ministerio Público (MP), el juez de paz de Sayaxché, la Policía Nacional Civil (PNC), elementos de seguridad ciudadana, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el abogado de la Defensa Pública Penal, llegaron a la comunidad Bolivia, El Colorado, para exhumar el cadáver de la niña Katherin Mishell Flores Vásquez de 5 años de edad y recabar las pruebas necesarias para el caso.
A la memoria de Roque Dalton (1975) y de Roquito Dalton (1982)
Era el año 1975. Había terminado el segundo año de secundaria en la Escuela “Manuel Bisbé”, de Miramar, en La Habana. Estábamos de fiesta porque todo mi grupo había pasado de grado y con buenas notas. Mi grupo era un poco “discriminado”: nosotros éramos “los blanquitos cochinos”, es decir, los “hippis”, a los que les gustaba la música en inglés, por entonces prohibida en las radios cubanas.
Nos habíamos reunido en casa de Smyrna, mi fiel y eterna amiga venezolana. Bailábamos, tomábamos las primeras cervezas y los primeros tragos de ron, más bien, de “Coronilla”, que era el aguardiente que por entonces se vendía en Cuba, así como un vino Vermut y un coñac búlgaro.
Estábamos los de siempre: Moré, el novio de Smyrna, así como sus hermanas Sneyma y Yurinzska. Luisa, la mamá de Smyrna, y un grupo de amigos de ella que eran periodistas de diversos medios cubanos. Luisa trabajaba en Prensa Latina, la agencia internacional y oficial de Cuba, un lugar privilegiado donde llegaban noticias de todo el mundo. Yo hacía chistes y me burlaba de medio mundo. En fin, estábamos en gran jodedera, celebrando el fin de curso. Era finales del mes de junio de aquel 1975.
La fiesta fue terminando y nos quedamos un reducido grupo, casi la pura familia venezolana y yo. En eso, sin ninguna precaución, Luisa me pregunta: “Oíme Juan José, ¿en qué paró por fin esa noticia que llegó hace como un mes de El Salvador, en la que se decía que a Roque lo habían matado?”.
Yo sentí como un escalofrío que me atravesó el cuerpo. “No -respondí inmediatamente y agregué lo que teníamos indicado decir para cualquier caso-. Mi padre está en Vietnam, hace poco recibimos carta de él y está bien.” Lo cierto que sí sabíamos que estaba en El Salvador y que estaba integrado a la guerrilla.
Luisa quiso cambiar de conversación pero alguien le preguntó más. “No recuerdo muy bien”, explicó ella, “pero la noticia era rara, algo así como que lo había matado la propia guerrilla”. “Creo además que no era cierto porque de haber sido cierto, ya habría un gran escándalo”, finalizó Luisa.
La inquietud y la incertidumbre se apoderaron de mí; la alegría de la fiesta desapareció más de mi alma que de mi rostro; miré la hora y era de madrugada. Tenía que caminar yo solo como más de 10 cuadras: desde Paseo hasta la Calle J. Iba desesperado por llegar a casa.
Teníamos instrucciones de mi madre de contarle todo lo referido a mi padre, cualquier comentario. Así que llegué a la casa, la desperté y le conté todo lo que Luisa me había dicho.
Yo le vi el rostro a mi madre. Ella trataba de ser fuerte pero su mirada la delató. “Andá a acostarte, tranquilo. Mañana hablamos.” Me fui a llorar a mi cuarto, quién sabe cuánto tiempo. Desde entonces no aguanto la tristeza sin que se me salgan las lágrimas como cuando era un adolescente romántico y soñador.
Muy temprano mi madre y mi hermano mayor Roque -muerto en combate en Chalatenango en octubre de 1981- , nos reunieron a Jorge y a mí en la mesa del comedor. Nos explicaron que había una enorme confusión y que se estaba investigando todo lo referido a mi padre porque las noticias eran que lo habían asesinado, pero que no había ninguna certeza.
Mi mamá y Roque tenían un mes de saber todo lo que estaba pasando pero no quisieron decirnos nada hasta que termináramos el curso.
Los asesinos de mi padre, es decir, la dirección de entonces del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -encabezada por Edgar Alejandro Rivas Mira, quien ya falleció, y Joaquín Villalobos-, ordenaron el asesinato de mi padre el 10 de mayo de 1975, pero no lo dieron a conocer hasta finales de ese mismo mes en un pequeño comunicado lanzado en la Universidad de El Salvador (UES). Alguien me contó después que no tenían el valor de dar la noticia ni menos justificar el crimen hasta que tuvieron la “gran idea” de decir que mi padre era “agente de la CIA”.
Ese mismo día que se supo de la noticia mi abuela paterna llamó por teléfono a mi mamá desde San Salvador a La Habana. La sufrida señora fue entrevistada por diarios y medios radiales; ella pedía evidencias, pero los criminales nunca quisieron entregar el cadáver y según una versión, sus restos fueron abandonados en un lugar conocido como “El Playón”; el mismo utilizado por los escuadrones de la muerte de ultraderecha para lanzar a sus víctimas.
Este mes de mayo, como todos los mayos desde 1975, en El Salvador y en varias partes del mundo se conmemora el asesinato de aquel gran intelectual revolucionario que fue Roque Dalton. Su vida fue azarosa: el odio, la envidia, la cárcel y el exilio lo victimizaron, pero su obra es un monumento a la inteligencia.
Su muerte dejó en nosotros una herida que no se cierra pero vivimos orgullosos de nuestro padre, a quien esta sociedad (la salvadoreña) y el mundo ha comenzado a reconocer y a apreciar como un talento incomparable y un pilar fundamental de lo mejor de la cultura latinoamericana.
En contraste, sus asesinos sobrevivientes, Rivas Mira, Villalobos y Jorge Meléndez, podrán vivir en Londres o en Oxford o San Salvador o en cualquier otro lado del mundo, pero cada vez más la historia los coloca como lo que fueron: los miserables asesinos de Roque Dalton, matones impunes y traicioneros.
Cuando un Estado abandona su rol de promotor y garantista de derechos para sus habitantes, estos, al sentirse vulnerados en sus derechos, amparados en convenios internacionales, se organizan y ejercen su derecho a defender derechos (por la vía pacífica). Pero, esta noble labor ciudadana de la defensa de derechos, en circunstancias de la ausencia del Estado de Derecho, se torna muy peligroso.
En las siguientes líneas indicamos lo que las y los defensores indígenas, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), vivieron en el lapso de apenas cinco días, en lo que va del presente mes de noviembre, en Guatemala.
“Me golpearon por la espalda… La lucha, vamos a seguir”
El día 03 de noviembre último, a las 18:00 horas, luego de una asamblea de coordinación, en el centro del área urbana del municipio de Nebaj, departamento Quiché, Jacinto Brito, defensor maya ixil, coordinador regional de CODECA, para el área ixil, fue brutalmente golpeado por desconocidos.
“Cerca del mercado, me pegaron por atrás un golpe fuerte en la cabeza, y me tiraron al suelo. Allí me patearon… Creo que eran como dos o tres… Cuando me desperté y me levanté, mi cuerpo estaba lleno de sangre.” Indica Jacinto Brito.
“Yo no tengo enemistad con nadie. Lo único que hacemos es defender nuestros derechos como indígena ixil. Y denunciar todos los abusos que nos hace la empresa Energuate (empresa distribuidora de energía eléctrica). Eso fue lo que le expusimos también al diputado Eduardo Cruz Gómez”, sostiene Brito, quien, previo al ataque, junto a otros seis defensores ixiles, abordó la “conflictividad social” ocasionada por la distribución de la energía eléctrica con el Diputado mencionado.
Ante la pregunta: ¿qué piensa hacer con relación a su compromiso en la defensa de derechos?, Brito responde: “La lucha vamos a seguir. Yo, no voy a abandonar este camino. Ahora mismo, mi esposa me está reemplazando en una asamblea regional de coordinación que se está realizando, porque no puedo ir aún (…). Dejo en manos de Dios a los que me atacan”, concluye el entrevistado.
Salió a hacer una oración, antes de participar en el paro nacional… Hallaron masacrado su cadáver
El día 7 de noviembre del 2017, a las 6:45 de la mañana, a dos kilómetros de distancia de su vivienda, en el Catón Chuichop, municipio San Antonio Ilotenango, departamento de Quiché, Antonio Pérez, el defensor indígena maya quiché de 35 años de edad, socio e integrante de la junta directiva de CODECA en su comunidad, fue asesinado con arma blanca por desconocidos, en el camino.
“Salió de la casa porque lo llamaron para que fuera a participar en una oración (actividad religiosa)”, indican los familiares del difunto.
El movimiento social CODECA había declarado paro nacional, con ocupación de caminos, los días 7 y 8 de noviembre.
“A los 80 socios de la comunidad del finado, Antonio Pérez, organizado en resistencia desde hace más de cuatro años atrás, le correspondía participar en el segundo día de dicho paro nacional. Así estuvo programado. Pero, lamentablemente Chuichop ya no pudo participar en el paro porque todos estábamos ocupados en acompañar a los familiares de la víctima”, indica Don Francisco, otro de los defensores locales de CODECA.
Los autores del crimen no dejaron mayor rastro del móvil del crimen, mucho menos se sabe, con exactitud, sobre quiénes cometieron dicho acto macabro. Dejaron, en el lugar, tirado el cuerpo de la víctima, con los intestinos expuestos. Quizás como acto de escarmiento a la comunidad organizada en resistencia.
Este asesinato dejó cinco hijos menores huérfanos, y una viuda maya sin mayor oportunidad laboral.
Empresario envistió con su vehículo polarizado en contra de manifestantes en vía pública
Durante el segundo día del último paro nacional, el 8 de noviembre, alrededor de 10 am., en la Aldea La Ruidosa, Municipio Morales, Departamento de Izabal, el empresario Carlos René Pineda Sosa, de 45 años de edad, envistió con su automóvil al grupo de defensores/as de CODECA que realizaban su acción colectiva de protesta en el lugar, y fracturó la pierna izquierda del defensor comunitario Vicente Calderón, de 62 años de edad (con 10 hijos, y 3 de ellos menores de edad).
En el acto, los manifestantes rodearon e inmovilizaron el motorizado ocupado por el agresor. Quién, ante la insistencia policial, abrió y bajó de su vehículo. Y, posteriormente fue puesto a disposición de la instancia judicial, para inmediatamente quedar libre bajo fianza.
Don Vicente, aún convaleciente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indica que: “El señor (agresor) dijo que estaba apenado, que me pasaría un sueldo mensual de Q.2,800 mensuales hasta que me recupere. Me prometió ayudarme a sacar mi jubilación. (…) Estuve internado en el hospital privado por dos noches, porque él ordenó así, y él pagó. Luego me trajeron aquí al IGSS”.
“Primero Dios logro sanar bien y volver con mi familia. Dicen que hay un convenio firmado en el que se comprometió el señor (agresor) a pagarme, pero yo no firmé nada, porque no se leer, ni escribir. Quizás es sólo para tapar el ojo al macho”, indica, un tanto frustrado, don Vicente.
Pero, expresa con convicción: “Yo seguiré luchando por la nacionalización de la energía eléctrica hasta el día de mi muerte. En mi comunidad somos más de 100 familias en resistencia”.
Ministerio Público y Empresa Pública de Medellín enjuician a dos defensores y radialistas
El uso desmedido del derecho penal, incluso rompiendo el debido proceso, en contra de defensores comunitarios de derechos humanos es una constante en contra del movimiento CODECA.
El caso que marcó hito fue el secuestro, detención arbitraria, seguido de proceso penal en contra del fundador y coordinador Mauro Vay Gonón, junto a la entonces vice Presidenta de CODECA, Blanca Mejía, en 2014.
En dicho caso, la Fiscalía contra el Hurto de Fluidos (creado nada menos que por el defenestrado y, ahora, encarcelado, ex Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina), junto a la empresa distribuidora de energía eléctrica (ENERGUATE, ahora, de propiedad de la corporación israelí POWER), acusaron a estos defensores por delitos como: actividades contra la seguridad interna de la nación, intento de estafa, entre otros.
El Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, de la ciudad de Huehuetenango, los declaró parcialmente culpables. Y, la Sala de Apelaciones de la misma ciudad los absolvió en 2017. En 2016, la ONU, mediante su Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias, estableció que el Estado de Guatemala había cometido “detención arbitraria” en contra de estos defensores, y estableció recomendaciones.
La criminalización contra defensores de este movimiento no concluyó allí. En 2014, siempre la Fiscalía contra Hurto de Fluidos, junto a las distribuidoras de electricidad Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (de propiedad de la Empresa Pública de Medellín) y Distribuidora Eléctrica de Occidente (de propiedad de la corporación israelí POWER) iniciaron un proceso penal nada menos que en contra de la Coordinadora de Mujeres del movimiento CODECA, y defensora de derechos humanos y radialista, Vicenta Jerónimo Jiménez, maya mam, de 44 años de edad. Y, en contra del actual Director de la Radio Victoria (de propiedad de CODECA), y Coordinador de Juventudes en dicha organización, el defensor y comunicador Edvin Amado Sánchez Cabrera, maya mam, de 31 años de edad.
Los delitos imputados contra estos dos defensores y radialistas de CODECA son: atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, actividad contra la seguridad interna de la nación e instigación a delinquir. El Ministerio Público no presentó ninguna prueba documental, únicamente ofreció más de una decena de testigos (muchos de ellos empleados de la empresa eléctrica).
La audiencia de debate oral y público se abrió el pasado 6 de noviembre, en el Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Dicho acto prosiguió el 14 del mismo mes, y está fijada su continuación para el día 27 de noviembre.
Anoche, 20 de noviembre de 2017, 18 familias Maya Qe´chi´s de la comunidad Semuy, Municipio de Cahabón, que habían sido desalojadas violentamente el 3 de noviembre de este año, sufrieron nuevos ataques, ahora con armas de fuego y armas blancas, por guardias de seguridad y cuadrilleros contratados por la empresa Trece Aguas. El primer ataque sucedió a eso de las 18:00 horas, cuando personal de la empresa en mención capturó ilegalmente al compañero Erwin Ché de 54 años, lo amarraron de ambas extremidades y lo amenazaron de muerte con armas de fuego; al ver la situación el resto de familias campesinas se reunieron y lograron liberarlo.
Alrededor de las 22:00 horas, volvió un grupo más nutrido de hombres, rodeó a las familias de la comunidad Nuevo Semuy y de nuevo empezaron a dispararles desde varias direcciones a largo de media hora; en esos momento hirieron de gravedad a Emilio Toc y Ricardo Maquin. Después del ataque las familias se dispersaron y lograron contactar al centro de salud más cercano pero la respuesta fue que la ambulancia andaba haciendo otras diligencias y regresaría horas más tarde. Desgraciadamente en la madrugada de hoy (21 de noviembre, 2017) falleció el compañero Emilio Toc Pop, sin ser auxiliado por personal de salud.
Según testigos, Javier Choc trabajador de la finca Trece Aguas se encargó de dirigir el ataque. Se sabe que en días anteriores ofreció entre Q60 a Q80 a cada hombre de comunidades aledañas a Nuevo Semuy, para intimidar y atacar a las familias desalojadas que se encuentran viviendo en la orilla del camino de terracería que conduce al lugar.
El 5 noviembre una comisión de verificación de los desalojos integrada por defensores de derechos humanos entre ellos dirigentes del Comité de Unidad Campesina –CUC- logró determinar que en las cercanías de las familias desalojadas había un grupo conformado de unos 9 guardias de seguridad armados con pistolas, revólveres y escopetas, intimidando a la población.
La comisión verificadora logró establecer que los guardias de seguridad privada fueron contratados por el dueño del inmueble y que horas antes habían intimidado a las familias desalojadas exigiéndoles que se retiraran del lugar donde se encuentran.
Ante el cobarde asesinato del compañero Emilio Toc y el riesgo que corre el resto de compañeros y compañeras campesinas de la comunidad Nuevo Semuy exigimos:
Una investigación exhaustiva de parte del Ministerio Público y que se castigue penalmente a los hechores materiales e intelectuales de este condenable hecho.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requerimos otorgar de urgencia las Medidas Cautelares en favor de las familias de la comunidad Nuevo Semuy solicitadas el 16 de los corrientes.
Asimismo demandamos la intervención inmediata de la Procuraduría de los Derechos Humanos y entidades que velan por los derechos humanos a nivel nacional e internacional para que no se siga asesinando a campesinos inocentes que lo único que buscan es un pedazo de tierra para vivir y cultivar granos básicos.
A los organismos Ejecutivo (institucionalidad agraria), y Judicial exigimos que detengan los desalojos y que se comprometan a solucionar las demandas de tierra en Alta Verapaz y el resto del país, y que no consientan los actos delictivos de los finqueros y empresarios en contra de la población desposeída.
A los personeros de la finca Trece Aguas hacemos responsables del asesinato de Emilio Toc, de las heridas y la vida de Ricardo Maquin Yat quién se encuentra gravemente herido y de la seguridad física de seis compañeros (hombres y mujeres) que están desaparecidos, así como lo que pueda pasar con el resto de pobladores de la comunidad Nuevo Semuy, Senahú, Alta Verapaz.
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo de las y los trabajadores del campo.
Entrevista a Carlos Morales, coordinador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) a propósito de los desalojos en la comunidad de Nuevo Semuy y el asesinato del compañero Emilio Toc Pop.
La sociedad guatemalteca todavía experimenta un proceso de 20 años de transición democrática que se empezaría a consolidar después de la firma de la paz Firme y Duradera, que además marcó el final de la guerra que vivió el país. Este proceso de democratización tiene dificultades y tropiezos dada la realidad de una sociedad dividida, fragmentada y enfrentada como la nuestra, situación que se ve agravada con desalojos, órdenes de captura, capturas, amenazas, criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos y las muertes, todo esto por las políticas económicas que han empobrecido más a la población, principalmente a los sectores indígenas, campesinos y los medios de comunicación alternativos que están a favor del pueblo.
Sabemos que la violencia que se genera al momento de desalojar a campesinos e indígenas solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a las instituciones que velan por la seguridad del país; Policía Nacional Civil, Ministerio Público y las instituciones del Estado que velan por los derechos humanos, que accionen en contra de los que de manera ilegal desalojan a las comunidad q’eqchi’ con armas de fuego y generan violencia física y psicológica.
¿Nos podría hablar sobre los desalojos en la coyuntura actual?
Para recordar y hablar sobre desalojos, empezaré por Santa Inés, comunidad poqomchí donde se realizaron tres capturas el 5 de enero del 2017, además lo sucedido en el valle de Polochic, Lanquín, Samococh, Monte Olivo, La Cumbre en Tactic, Ch’ab’il Ch’och’ y las otras comunidades de El Estor, Izabal. La gente escuchó de manera pacífica y consiente a los representantes del Estado que llegaron a desalojarlos, pero esta vez no había alegría, sino temor, ya que con uso excesivo de la fuerza desalojaron a niños, mujeres, mujeres embarazadas, ancianos. La población miraba como los sueños de tener su tierra era destruido, recordando la historia de despojo en la zona norte del país.
Este 20 y 21 de noviembre, se desalojó a la comunidad Nuevo Semuy y empezaron a dispararles desde varias direcciones por media hora; en esos momentos hirieron de gravedad a Emilio Toc y Ricardo Maquín. Después del ataque las familias se dispersaron y lograron contactar al centro de salud más cercano, pero la respuesta fue que la ambulancia andaba haciendo otras diligencias y regresaría horas más tarde. Desgraciadamente en la madrugada de hoy (21 de noviembre, 2017) falleció el compañero Emilio Toc Pop, sin ser auxiliado por personal de salud.
Según testigos, Javier Choc trabajador de la finca Trece Aguas se encargó de dirigir el ataque. Se sabe que en días anteriores ofreció entre Q60 a Q80 a cada hombre de comunidades aledañas a Nuevo Semuy, para intimidar y atacar a las familias desalojadas que se encuentran viviendo en la orilla del camino de terracería que conduce al lugar.
Criminalización y detenciones
Muchas empresas nacionales e internacionales, personas individuales o colectivos poderos con estrategias de criminalización persiguen defender los intereses económicos de las élites, de finqueros, empresarios y profundizar el proyecto militar de control y miedo para someter el territorio por medio del saqueo y el despojo. Y finalment neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio y el descontento social.
Estamos realmente preocupados por la detención del comunicador del Estor Jerson Antonio Xitumul Morales, periodista local de Prensa Comunitaria. Fue detenido en El Estor el pasado 11 de noviembre sin orden de captura, la policía llevaba una fotografía de él en un celular y con eso bastó para llevárselo. Jerson estaba siendo hostigado por su ejercicio periodístico a nivel local, desde mediados de mayo de este año.
Una de las formas de represión de las que hablo es la criminalización y judialización. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente comunican y en el caso de Jerson, que defiende los derechos colectivos por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo “que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio”.
Como Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y otros movimientos sociales venimos sufriendo de desalojos permanentes en Alta y Baja Verapaz.
Debemos no caer en el juego y manipulación de un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz, esto es corrupción y manipulación de intereses del sistema.
Aun así, todos los sectores de la sociedad trabajamos para producir los cambios que la situación exige, al mismo tiempo que cultivamos una nueva actitud para enfrentar los retos y desafíos. Como campesinos productores de la riqueza en las fincas de cardamomo, café, caña, palma africana, hule, banano, ganado y en nuestros terrenos el fríjol, hortalizas y nuestro sagrado maíz, somos parte fundamental de la sociedad guatemalteca. Sobre la base de esa realidad de productores de la tierra con nuestro trabajo diario, tenemos el derecho a impulsar el desarrollo rural y lograr nuestros derechos laborales.
Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.
En Honduras distintos sectores sociales salieron a las calles a manifestar en contra del fraude electoral del régimen de Juan Orlando Hernández quien busca la reelección con el partido Nacional, esta fuerza política representa a la extrema derecha hondureña, responsable del Golpe de Estado del 2009.
El régimen de Juan Orlando Hernández desplegó en todo el territorio nacional al ejército y las distintas políticas militarizadas para reprimir las manifestaciones populares que comenzaron celebrando la victoria del candidato presidencial Salvador Nasralla de la Alianza contra la Dictadura y que continuaron de forma masiva frente a lo que ya consideran un golpe técnico o fraude electoral desde el Tribunal Supremo Electoral TSE para permitir la continuidad de la dictadura.
En la noche del 30 de noviembre en la colonia El Pedregal en Tegucigalpa el ejército abrió fuego en contra de la humanidad de miles de personas que estaban manifestando, el ataque armado se registró a las 11 de la noche, un niño fue alcanzado por el fuego de fusil de los militares, minutos más tarde falleció, también hay varias personas heridas de gravedad. La represión fue confirmada por la corresponsal de Telesur, Gilda Silvestrucci.
El TSE ha estado retrasando por varios días la entrega del resultado final de las elecciones generales 2017 realizadas el domingo 26 de noviembre, la principal fuerza política la Alianza contra la Dictadura denunció que el TSE de Honduras y el actual presidente Juan Orlando Hernández han estado alterando los datos registrados por el sistema de cómputo del TSE, también hay denuncias del ingreso de bolsas electorales con un número no identificado de papeletas impresas y marcadas para beneficiar la reelección del candidato del partido Nacional.
Se reporta el asesinato del joven Jafet Ávila (16), en una acción represiva en Agua Blanca, El Progreso, Yoro. Este hecho enluta a la comunidad en resistencia contra la dictadura y nos brinda fuerzas para que su muerte no sea en vano. En la memoria de él y de sus sueños, la gente sigue resistiendo hasta estas horas de la noche.
La Embajada de Estados Unidos, en un comunicado superficial ha declarado que se encuentran “complacidos” con la situación post electoral, afirman seguir apoyando a las misiones internacionales de observación electoral, que siguen trabajando con las autoridades y líderes políticos hondureños para aumentar la transparencia. Esto nos indica que siguen acuerpando al actual gobierno y que su dinámica de “dejar hacer” sigue siendo una expresión nefasta en nuestro país, donde existen más de una decena de bases militares, donde la inversión de capital estadounidense ha implicado para Honduras explotación en favor del capital, entrega territorial, Golpes de Estado y explotación de nuestros hermanos viviendo en el exilio económico en EUA. El papel de los Estados Unidos en suelo hondureño ha implicado asesinatos por parte de la DEA en la Mosquitia hondureña y un apoyo sin igual en la militarización y armamentismo de Honduras.
Fotografía: Jonny Miller
La Alianza contra la dictadura ha hecho una declaración contundente del Fraude Electoral con un reporte gráfico y cronológico que determina la “Zona del Fraude”, el coordinador de la Alianza contra la dictadura Manuel Zelaya Rosales, hizo un llamado a las bases militares y policiales para que apoyen a respetar la voluntad de la mayoría.
Las misiones de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Embajada de Estados Unidos, han sostenido importantes reuniones y las mismas reportan delegaciones especiales por el carácter emergente de Hondura. Se han reunido con el líder de la Oposición contra la dictadura Salvador Nasralla, este a su vez ha requerido a la OEA, convoque a su Consejo Permanente para llevar las actas físicas que confirman el triunfo de la Alianza contra la dictadura y se reciban las pruebas de él como presidente electo de acuerdo a la voluntad popular. Afirma que esta dispuesto en unión al pueblo en resistencia a llegar hasta las últimas consecuencias.
Reporta que hay robo de votos en las mesas, se hizo votar a personas fallecidas, el robo de votos incluye a los partidos de maletín que pertenecían a otros partidos y terminaron votando por el Partido Nacional, se recalca que estos partidos sólo sacaron 3000 votos, en revisión de la transmisión por internet, la cual durante 36 minutos tuvo una caída del sistema y hubo un intercambio de votos. Afirma que todo el mundo se está dando cuenta que en Honduras no gobierna ni la ética, ni la moral y concluye que la única fuerza que posee el pueblo es el reclamo en las calles.
Se reportan en base al conteo del Tribunal Supremo Electoral 134,000 votos nulos, y al ser esta cantidad mayor que la diferencia entre los actuales candidatos a la presidencia, la ley electoral indica que se deben revisar todos los votos nulos. Luis Zelaya, candidato del Partido Liberal también pondrá a su disposición las actas, para esclarecer la verdad.
Miembros de múltiples instancias de la Policía se rebelan a las órdenes de reprimir al pueblo
En una histórica y esperanzadora acción ejecutada por miembros activos de la Policía Cobras, Policía Nacional, Fuerza Policial Tigres, Policía Metropolitana, Policía de Tránsito, Dirección Policial de Investigación, se han rebelado contra el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Julián Pacheco, porque se rehúsan a reprimir al pueblo, y admiten que no están dispuestos a cumplir órdenes ilegales. En un intento cínico y desesperado el Ministro de Seguridad Pacheco, ha ofrecido aumentos salariales, bonos. Esta acción ha sido repudiada por miembros de la Policía quienes consideran que ofende su dignidad. Por su parte miembros de la policía impidieron el paso al Ministro al cuartel de la policía. Organizaciones de derechos humanos y personas se han agolpado en el cuartel interior de la Policía Cobra, a ofrecerles agua, comida, abrazos y felicitaciones por un acto sin precedentes, les dicen gracias con pancartas y son recibidos como héroes.
María Luis Borjas, Comisionada de la Policía en retiro ha manifestado a la Policía Nacional que se ha rebelado, que esto tendrá represalias pero han actuado como lo requiere la historia, les recuerda que ningún funcionario puede ser obligado a cumplir órdenes ilegales, se les felicita por estar con el pueblo y que en el gobierno del presidente electo van a ser tratado con la justicia y la dignidad que merecen.
El peaje de Zambrano ha sido habilitado para que la gente pase libremente sin pagar. Y se registran paros de labores de los policías en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Siguatepeque, Santa Bárbara, Comayagua, Copán. Ante estas acciones, se ha extendido el toque de queda hasta las 8:00 de la noche, el gobierno ante las protestas ha tenido que retroceder el toque de queda, esto nos dice que se está quedando solo, porque muchos policías han afirmado que los brazos armados están firmes y convencidos de no atacar a personas indefensas. La población se apresta a acompañar a los policías en rebeldía y les están llevando comida, refrescos flores y han establecido una fiesta popular en solidaridad por esta acción nunca antes vista.
Las acciones de paz y de no violencia del pueblo hondureño están teniendo impactos esperanzadores, se espera que esta actitud pueda ser replicada por la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su mandato de proteger a la población Hondureña.
Título original: Honduras: una jornada histórica, de luto pero de esperanza por las rebeldías
En Nebaj entre el 18 y 21 de abril se vivió una semana histórica para el pueblo ixil por la llegada del Tribunal B de Mayor Riesgo. El motivo del traslado fue el seguimiento al juicio por genocidio contra el ex general Efraín Ríos Montt – declarado incapacitado por un peritaje del INACIF por sufrir demencia vascular irreversible – y contra el ex jefe de la inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, que en el primer juicio del 2013 quedó absuelto. El ex general ya no puede presenciar las audiencias y el juicio se dio a puertas cerradas hasta la reciente suspensión del proceso.
El Tribunal B de Mayor Riesgo – presidido por la jueza María Eugenia Castellanos – decidió trasladarse a Nebaj para escuchar las declaraciones de los primeros testigos y testigas, ixiles y quichés, originarias de diferentes comunidades, aldeas y caseríos, sobrevivientes de los planes genocidas ejecutados entre 1982 y 1983 en la región ixil. En particular hombres y mujeres ya muy mayores o en algunos casos enfermos, que no hubieran podido viajar hasta la capital para testificar o para los cuales el traslado hubiera supuesto un esfuerzo demasiado desgastante.
El caso se concentraba en particular sobre el asesinato de 1771 personas, entre ellos hombres, mujeres, niños y niñas, masacrados en la aldea de Chel y en otras cuatro comunidades de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal.
Por parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público –MP-, estuvieron presentes las fiscales Paula Herrarte e Hilda Pineda. La Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro por la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) representan a los querellantes adhesivos desde hace muchos años.
La preparación de los días del juicio en Nebaj fue muy intensa y vio el involucramiento de muchas organizaciones locales de la región y otros grupos y colectivos que decidieron apoyar la coordinación de todas las actividades paralelas a las sesiones del juicio.
Para acompañar y transmitir fuerza y valor a los testigos y testigas y a sus familiares, que una vez más volvieron a declarar y a recordar hechos muy trágicos y extremadamente dolorosos, se eligió un tramo de la calle principal del pueblo, a pocos metros del MP, como espacio público colectivo donde realizar el evento y reunir a todas las familias y personas individuales que iban a manifestar su apoyo en los tres días del juicio.
La noche del lunes, antes del primer día de sesión, se realizó una gran ceremonia maya en el parque central de Nebaj con tres mujeres guías espirituales (Aj’q’iq) en el día 9 I’x fueron recordadas las mujeres, niñas y ancianas asesinadas durante el conflicto. También en este caso muchos jóvenes, muchas mujeres de diferentes generaciones, familias con hijos muy pequeños, se acercaron y quisieron participar en un momento tan fuerte para la historia de estos territorios y la vida del pueblo ixil. Ana Láynez, guía espiritual ixil, explicó las razones de esta ceremonia tan importante y los diferentes momentos rituales. Se explicaron además las energías de los veinte días del calendario en relación a los hechos pasados, a la situación presente, a la necesidad de seguir luchando para exigir justicia.
La participación a todas las actividades – desde el lunes hasta el jueves – fue masiva. Todos los días el espacio público en la calle principal del pueblo, donde se cortó el paso a todo tipo de vehículos, se llenaba de familiares de los testigos, de sobrevivientes de las prácticas genocidas, de integrantes de organizaciones históricas del área, de personas individuales o familias que se acercaron compartiendo este momento extremadamente intenso a nivel personal, familiar y comunitario. Llegaron muchas personas de aldeas y caseríos muy retirados, que tardaron varias horas para llegar hasta la cabecera municipal de Nebaj.
Muy amplia y animada fue la presencia de mujeres ancianas con flores y cruces que se hicieron presentes con sus seres queridos, que perdieron la vida en su mayoría entre 1982 y 1983. Llegaron personas de los tres municipios –Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal – en donde se dieron la mayoría de las masacres de la región ixil, más de 90 según el Informe REHMI, y donde quedan aún por encontrarse muchas fosas clandestinas.
Las tres mañanas se abrieron con una invocación espiritual gracias a las guías espirituales ixiles que estuvieron siempre presentes.
Una presencia muy importante fue la de jóvenes de institutos o escuelas de todos los niveles, que se acercaron para escuchar las palabras de los y las sobrevivientes durante los tres días, así como las canciones de lucha y resistencia en las montañas, las palabras de muchas mujeres y lideresas que son parte de las diferentes organizaciones del área y que aportaron desde sus vivencias y experiencias personales.
Hubo todas las mañanas sesiones de Batucada Ixil para empezar las actividades y también dos actuaciones teatrales de ‘Piccoletta’, muchas dinámicas con las personas presentes, debates, y una exposición callejera de fotos sobre los procesos de exhumaciones en diferentes comunidades: acciones e imágenes que también atrajeron por su fuerza a muchas personas, jóvenes, niños. El trabajo de coordinación entre organizaciones locales y las iniciativas de personas individuales fue imprescindible para construir conjuntamente un espacio cálido y amable de vida común los tres días, de sentir común, entre emociones compartidas, lágrimas, risas, canciones, palabras, miradas y muchos abrazos.
Al otro lado del MP, de esta amplia, tierna y muy firme presencia, se agruparon personas de la zona movilizadas por AVEMILGUA (Asociación de Veteranos Militares de Guatemala) y por ex patrulleros[2] (PAC – Patrullas de Autodefensa Civil) que durante tres días se quedaron gritando, la mayoría del tiempo, insultos contra los querellantes del juicio, contra los jueces y MP, negando a cada rato el delito de genocidio.
La presencia de ex coroneles y de ex comandantes de las PAC se hizo sentir a partir del domingo anterior a la reanudación del juicio. Hubo una actividad en el salón municipal organizada por ex militares y cientos de volantes fueron distribuidos en el pueblo (pagando a los niños que lustran zapatos en el parque central) donde se afirmaba nuevamente la negación del delito de genocidio y la inocencia de todos los militares.
No faltaron por supuesto las acusaciones e insultos hacia lxs observadoxs extranjerxs que estuvieron presentes toda la semana en el pueblo, responsables – según ellos – de fomentar nuevamente conflictos y polarizaciones en el País.
Muy evidente fue también la presencia de más de 200 los agentes de la PNC, antimotines y cuerpos especiales enviados de diferentes departamentos del país para la seguridad de los funcionarios públicos durante los días del juicio. Presencia que no pasó desapercibida por parte de la población local en un municipio y en un territorio ya fuertemente controlado y militarizado para proteger los intereses de muchas empresas nacionales y extranjeras que utilizan fuerzas de seguridad públicas y privadas para controlar a la población y seguir con prácticas sistemáticas de despojo y colonización interna finalizadas a la explotación de montañas, ríos, arboles.
Al interno de la sala de Juzgado de Primera Instancia los testigos, en su mayoría mujeres, entraron a declarar. Se recordó nuevamente lo vivido. Se volvió a nombrar el terror, a describir las acciones del ejército en el mismo lugar donde miles de personas perdieron la vida, sufrieron desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzoso, concentración de población en aldeas modelos.
Al final de los tres días de audiencias testificaron 13 de los 15 testigos previstos – dos no declararon porque estaban demasiado enfermos – algunos de ellos se sintieron muy mal al final de las declaraciones ya que vivieron momentos muy dolorosos. Volver a nombrar los mecanismos de la violencia en la misma tierra donde se ha nacido, donde quedan por encontrarse tantos seres queridos, tantas fosas clandestinas, dejó consecuencias importantes entre los presentes al juicio. Pero también contribuyó a que muchos de los sobrevivientes encontraran un espacio colectivo, transversal a las tantas organizaciones que desde hace años trabajan para la justicia y la memoria histórica en el país, para dignificar sus muertes, celebrar la vida, y recordar que si aún falta camino por andar, el pueblo Ixil está dispuesto a caminar para lograrlo.
Los tres días de juicio en estas tierras terminaron. Y el juicio va a seguir en la capital.Tres noches casi sin dormir. Tres días de sol, de calor, de ojos enormes, de rostros tensos, de encuentros, de reencuentros, de abrazos y de recuerdos. Tres días de lucha, tres días de duelo. Tres días, entre miles de días, nombrando la verdad, buscando nuestra justicia que quizás nunca va a caber en las aulas de tribunales. Tres días de dignidad, tres días de ritmos y música, tres días de valor, inquietud, lágrimas y alegrías. Tres días de memoria. Tres días de verdad para el mundo.
Sigue latiendo nuestro corazón i
xil. La verdad y las luchas siguen floreciendo en estas montañas desde hace mucho tiempo.
[1] Una de las estrategias contrainsurgentes de estado consistió también en deportar y concentrar a la población que vivía en las zonas montañosas en “aldeas modelos”. Si la población no colaboraba, se procedía con el bombardeo y la destrucción de cualquier cosa para. Durante esta fase de contrainsurgencia alrededor de 440 aldeas y caseríos fueron borrados del país.
[2] Las Patrullas de Autodefensa Civil eran compuestas por hombres y mujeres civiles voluntarios que prestaban servicio para informar al ejército de cualquier movimiento y comportamiento sospechoso en las comunidades, en las aldeas, en los territorios militarizados. Fueron organizadas sucesivamente como grupos paramilitares armados autorizados a rastrear, torturar, ejecutar, masacrar, violar, al igual que los militares regulares. Las PAC son responsables de un alto número de casos de violaciones de los derechos humanos y crímenes feroces en el período del conflicto armado.
La madrugada del 8 de marzo, en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” en la ciudad de Guatemala, un grupo grande de adolescentes y niñas se manifestaba por las precarias condiciones en las que se encontraban internadas. Protestaban por la violencia física, sexual y emocional sistemática a la que estaban siendo sometidas por maestros y personal de la institución. Denunciaban además la precariedad y el hacinamiento, puesto que la institución albergaba el doble de personas que su capacidad les habilita.
El fuego lo provocó la violencia y precariedad sistemática ejercida desde la institución estatal. El personal de la institución no hizo nada para evitar el incendio y una vez iniciado dejó que las niñas y adolescentes se calcinaran en el encierro.
A diez meses del incendio en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” seguimos esperando que se haga justicia por las niñas asesinadas y las otras que sufrieron lesiones y traumas graves.
Guatemala 13 de enero 2018. Otro nuevo escándalo sacude al presidente y al Congreso de la República, el diputado Julio Antonio Juárez Martínez, de la bancada oficial FCN Nación y cercano del presidente Jimmy Morales fue capturado en horas de la mañana acusado por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.
“De acuerdo con la investigación, el parlamentario sería el presunto autor intelectual del asesinato de los periodistas Danilo Efraín Zapón López y Federico Benjamín Salazar Gerónimo, hecho ocurrido el 10 de marzo de 2015 en Mazatenango, Suchitepéquez, en dicho suceso también resultó el herido el comunicador Marvin Tunchez Ayala.”[1] La captura del diputado se realizó en Mazatenango, Suchitepéquez.
Julio Juárez fue acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) por el asesinado de dos periodistas en Mazatenango el 10 de marzo del 2015; este caso se conocerá en el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por juez Miguel Ángel Gálvez, después que el Juzgado Octavo de Primera Instancia aceptara la solicitud de antejuicio que hizo Ministerio Público.
El diputado de la bancada oficial tiene arraigo desde el 7 de noviembre del 2017, tras perder su derecho de antejuicio y el 22 de diciembre el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa aplicándole Ley Global S284 Magnitsky por señalamientos de corrupción, esta ley le permite al gobierno de los EEUU aplicar sanciones económicas a ciudadanos de otros países que tengan responsabilidad en la violación a los derechos humanos e estén implicados en casos de corrupción en sus países.
Julio Juárez es uno de los diputados más cercanos al presidente, en un acto público Jimmy Morales luego de los señalamientos en contra del diputado salió en su defensa, haciendo un reconocimiento a su trabajo durante la inauguración de un tramo carretero en Suchitepéquez el 23 de noviembre 2017: “… este es el único departamento de toda la costa sur que no tienen carreteras hasta sus lindas playas y ahí su diputado ha estado luchando para que estos programas puedan hacerse una realidad, apláudanle porque él también ha estado luchando y a mí me consta su trabajo señor diputado Juárez.”[2]
La noticia del diputado Juárez transcendió a nivel internacional en las primeras horas de su captura, el asesinato derivo de varios trabajos de denuncia de los periodistas sobre la existencia de corrupción en varias municipalidades de la región de Suchitepéquez.
Por el asesinado de los dos periodistas, el 11 de octubre 2017 fue condenado Sergio Waldemar Cardona Reyes (asesino material) a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato del periodista Danilo López quien era corresponsal de Prensa Libre, pero fue absuelto por el crimen contra Federico Salazar reportaba para Radio Nuevo Mundo. Los otros dos implicados por el Ministerio Público (MP) quedaron en libertad y hay dos agentes de la PNC investigados dentro del proceso penal.[3]
Jimmy Morales utilizó como imagen gubernamental para la rendición de cuentas este sábado 13 de enero varias fotografías junto al diputado Juárez, para promover el segundo informe de gobierno al mismo tiempo que el diputado era capturado por el MP y la CICIG.
Desde el inicio del juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en contra del exjefe de gobierno Efraín Ríos Montt –a puerta cerrada- y de Mauricio Sánchez Rodríguez –pública-, en el Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por la por la jueza María Eugenia Castellanos Cruz como presidenta y los vocales Sara Gricelda Yoc y Jaime Demar González Marín, se ha escuchado a más de treinta testigos.
El 12 de enero en la fase de declaración de las partes querellantes, se presentaron tres pruebas testimoniales sobre tres hechos sucedidos en la región durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.
La muerte de un no nato y de su madre
El primer testimonio fue de Nicolás Toma Mejía, quien relató al Tribunal como murieron su esposa Isabel de la Cruz que tenía ocho meses de embarazo, sus familiares Marta Toma Mejía y Miguel Toma Toma, fueron alcanzados por elementos del ejército cuando corrían a resguardar sus vidas, siendo alcanzados en junio de 1983 en la comunidad Villa Hortensia II de San Juan Cotzal.
Ante el temor Nicolás Toma junto a otras personas se instalaron en una montaña donde estuvieron por más de un año, en su estancia fue testigo de cómo murieron por lo menos 24 personas de hambre. Después de un año y medio bajó de la montaña por la falta de comida en el lugar.
Al llegar a la cabecera municipal de San Juan Cotzal, fue tratado mal por elementos del ejército, se le atribuyó ser miembro de la guerrilla y fue obligado a patrullar junto a otras personas, así como a trabajar haciendo cunetas desde las 6:30 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde patrullaba cada siete o doce días.
Don Francisco escapó de la muerte en la iglesia
El segundo testigo fue Francisco Pablo de origen q´anjob´al, quien relató los hechos sucedidos en la finca Covadonga San Joaquín de San Gaspar Chajul el 7 de abril de 1982. Inició su declaración indicando que estaba dispuesto a decir toda la verdad al Tribunal para que pueda haber justicia.
“Ese día que llegó el ejército nos juntaron a todos los que vivimos en la comunidad y nos separaron, los hombres en la iglesia católica y las mujeres en el juzgado. Cuando ya estaba separados los soldado emprendieron fuego y comenzaron a disparan.
A nosotros nos llevaron a la iglesia, pateamos al ejército y pudimos escapar, muchos escapamos, pero las mujeres no pudieron escapar porque estaban en el juzgado, no se podía patear. Ese día murieron por lo menos 45 personas incluyendo bebés”.
Según Francisco Pablo ese mismo día murió quemado su hijo de 7 años. “Después que quemaron Covadonga nos fuimos a la montaña, al día siguiente regresamos a enterrar a mi hijo”.
Posteriormente se fueron a la montaña junto a otras personas para resguardarse de la muerte. Después de año y medio ante la falta de alimentación y medicina, Francisco Pablo bajó de la montaña siguiendo las instrucciones de una avioneta que había difundido por varios días la noticia de que se rindieran y dejaran de sufrir.
Llegó a la comunidad La Perla, donde había un servicio civil y un destacamento militar, uno de los jefes militares le apuntó un arma al momento en que se presentó. Posteriormente buscó trabajo y se quedó a vivir ahí durante un tiempo.
La ejecución de la política de tierra arrasada
Juana Tiu So llegó a vivir con su padre Manuel Tiu Espinosa a la finca Santa Clara, en el municipio de San Gaspar Chajul, al alcanzar la mayoría de edad con Santos Natalicio Ixcoy procrearon a su hija María Ixcoy Tiu.
Entre 1982 y 1983, un día desde el cielo los soldados comenzaron a tirar bombas contra la comunidad, que en ese entonces tenía aproximadamente 200 casas. “Los aviones venían y comenzaban a tirar bombas, por eso por el susto veíamos como nos escondíamos bajo las piedras en las montañas”.
A los sobrevivientes no les quedó otro camino que irse de la finca. “Lo que hicimos nosotros fue ir a la montaña porque ya no teníamos casa ni teníamos a donde ir” afirma Juana Tiu ante el Tribunal.
En el camino a la montaña su padre le habló: “Ustedes sigan huyendo porque ya no puedo más. De plano si me encuentra el ejército me va a matar, pero ustedes sigan huyendo”, cuando volvimos con él, ya estaba muerto, recuerda.
Por la persecución Juana Tiu no pudo enterrar a su padre en un cementerio sino lo hicieron en la montaña. Su declaración terminó diciendo que estuvieron en la montaña hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
A Guadalupe (Lupe) Campanur Tapia la vi sólo una vez, pero muchas veces escuché historias sobre ella. Mi amiga Alejandra Guillén me contaba que era una de las mujeres p’urhépechas que inició el movimiento contra los talamontes en Cherán, y de las pocas que continuó en la estructura de autogobierno desde la ronda comunitaria. Ella pidió que la dejaran cuidar los bosques como lo hacían ellos. Los compas se reían, le decían que sería un estorbo, que luego tendrían que estarla cuidando. Ella insistió hasta que alguno se apiadó y le enseñó a usar armas para que pudiera recorrer como todos los límites del pueblo en resistencia y los cuidara de quienes querían destruirlos.
Era soltera, y por eso fue muy señalada. Era libre, y eso no mucho gustaba. Ella es una de las mujeres que aparece en la portada del libro de Ale (“Guardianes del territorio”), con otras compañeras -ella la de la esquina: falda roja, suéter azul, pelo largo, suelto-, alrededor de una fogata, haciendo guardia nocturna, cuidando el sueño de todos.
En agosto cuando viajamos a Cherán Lupe nos invitó a Ale, a Erika Kuru y a mí a un temazcal en luna llena: ahí todas pediríamos protección para los temas en los que andamos, que siempre cruzan con la violencia. Cuidándonos también a nosotras. Lupe ya había dejado de patrullar los bosques en la ronda comunitaria donde durante años salió a misiones peligrosas buscando a las personas que eran reportadas como desaparecidas para arrancárselas a los enemigos de ese pueblo que expulsó a los narcotalamontes y a sus autoridades corruptas, y que se opone al despojo del territorio.
Me acuerdo mucho de su risa contagiosa, sonreía con tantas ganas que mostraba hasta las encías; hablaba a través de los gestos de los ojos. Esa noche nos tomamos unas fotos ridículas en las que lucimos mojadas, con las toallas en la cabeza, el cuerpo envuelto en sarapes para que no nos diera un aire. Después nos llevó a la plaza a comer los granos de elote más ricos que he comido, de ahí a buscar atole de chile y tamales de grano tierno. Nos despedimos en la puerta de su casa. Ella bromeaba.
Ayer Ale fue informada de que su amiga Lupe, Lupita, la de Cherán, la que le enseñó a caminar el cerro, la que le contaba de la heroica resistencia de los suyos, la que se enfrentaba también al machismo de su gente, fue encontrada muerta en los bosques. Desnuda. Irreconocible. Llevaba dos semanas perdida: a ella nadie había salido a buscarla. La descubrieron cerca de la comunidad de Tanaco, territorio hostil.
Hoy en Cherán fue su entierro.
Para ella pedimos Justicia.
Esta foto (la de la portada) la tomé del perfil de Lupe donde están algunas de sus retratos junto al fuego, al lado de la virgen, en una boda, en un campamento, en una protesta, con amigos, en la playa, en su bosque, alzando los brazos al cielo, enfocando a un pajarito, en la escuela, posando enamorada, desgranando maíz… Viva, bella, sonriente como hoy debería estar. https://www.facebook.com/campanurtapia
“Mataron a mi Lupe, comunera de Cherán, la primera mujer que se integró como guardabosques a pesar de los obstáculos, una de las voces críticas que señalaba las contradicciones internas porque sabía que la lucha se construye día a día, desde lo chiquito y cotidiano. Justicia para ti amiga hermosa, tú pelearías por cualquier mujer asesinada de esta manera. Te extrañaremos infinitamente”.
“Guadalupe Campanur Tapia, mujer p´urhépecha nacida en Cherán, Michoacán hace 32 años. Activa en la búsqueda de la seguridad, la justicia y la restitución del territorio comunal desde el inicio del movimiento en 2011, hasta la actualidad. Fue una de las integrantes fundadoras de la Ronda Comunitaria y en específico, del cuerpo de Guardabosques de Cherán”.
Mi amiga fue parte de la red afectiva de colaboración que hizo posible el trabajo de la investigación realizado durante mi maestría. Siempre mantuvimos un vínculo fuerte y sincero.
El cuerpo de Guadalupe fue encontrado el miércoles 17 de enero de 2018 a las afueras de Chilchota, Michoacán en el entronque rumbo a Zamora, cerca de Tanaco, tras varios días de estar desaparecida. Fue un feminicidio, que además, a mi consideración representa una vulneración comunitaria estratégica, al ser ella una de las comuneras activas más añejas y constantes.
Les pido su apoyo: feministas, derechohumanistas, activistas, compañerxs de lucha, investigadorxs sociales, periodistas, colegas psicólogxs, antropologxs, politólogxs, amistades y conocidxs, para que desde sus trincheras ayuden a que éste feminicidio no quede impune ni en el olvido, que logre acceder a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos.
A mis hermanxs del Dhamma, les pido que cuando hagan Metta Bhavana, envíen mucho amor compasivo para Lupita. También para que su familia y amistades logremos sentir la fortaleza para responder con sabiduría durante éste proceso.
Además, para que todas las comuneras y comuneros de Cherán tengan la lucidez de no minimizar su feminicidio por prejuicios morales debido a su cuerpo de mujer; por el contrario, que logren dar cuenta que la muerte de Guadalupe no fue natural, sino que fue desaparecida y asesinada, y que esto, también les afecta en términos de seguridad comunitaria y de justicia.
De igual manera, para que los agentes del Estado logren esclarecer el feminicidio de Guadalupe, para que acceda a la justicia con pleno respeto de los derechos humanos, de forma expedita y conservando el debido proceso. Por último, para que todas aquellas personas que conforman la red del crimen organizado: Estado-mercado-sociedad, dejen de reproducir la desdicha en sí mismos y en el resto del mundo.
El clima en Uspantán, Quiché, es frío y la neblina se empeña en pasearse por las calles silenciosas, aún no arranca el día, los comerciantes y los buses colectivos aún no rompen el silencio. Un gallo canta triste a lo lejos y el motor del nixtamal apenas se deja escuchar prometiendo tortillas para el desayuno.
Gregorio Yujá nació en Uspantán, allí desarrolló su vida, allí jugó chamuscas y allí se hizo catequista, allí se enamoró y procreó a sus hijos. Hoy la familia de Gregorio Yujá, treinta y ocho años después de su muerte, aún siente el terror, la inmensa tristeza y rehuyen hablar del tema. Su cuerpo responde por ellos y parecen desaparecer en sus recuerdos dolorosos.
Gregorio fue el único sobreviviente de la masacre en la Embajada de España, junto al embajador español, Gregorio fue llevado a un hospital privado de donde horas más tarde, las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco lo secuestraron, para luego dejar su cuerpo torturado en el campus de la universidad de San Carlos de Guatemala.
Fotografía: archivo CIRMA
Treinta y siete personas más murieron calcinadas en la Embajada de España, llegaron para denunciar las masacres, los secuestros, la violencia que el Ejército de Guatemala ejercía en el norte de país contra población civil, desarmada y hambrienta. La respuesta del Estado fue incendiar la Embajada con todos los manifestantes dentro.
Hoy, treinta y ocho años después de este acto inhumano, las familias de quienes murieron en la embajada aún lloran, aún sienten, recuerdan como la noticia de lo sucedido los aplastó, literalmente trituró sus vida y su futuro. Las personas que murieron en la Embajada eran personas valiosas, importantes en su comunidad y sus colectivos, catequistas, estudiantes, obreros, campesinos, todos líderes valiosos para esta sociedad que hoy sufre la carencia de dirigentes probos y con principios.
Fotografía: todanoticia.com
Por este hecho se enjuició y condenó a Pedro García Arredondo, teniente coronel y jefe del Comando Seis en 1980, por el asesinato de 37 personas, además por el asesinato de dos estudiantes universitarios cometido el 2 de febrero de ese mismo año durante el sepelio de las víctimas de la embajada.
Es necesario recordar quienes fueron las personas que murieron en la embajada por el simple hecho de denunciar las atrocidades del Ejército, es necesario reivindicar
sus nombre, su lucha, su vida y su recuerdo. Esta sociedad se los debe, esta sociedad debe reconocer que estas muertes aún nos marcan y nos llevan a ser la sociedad dispersa y sin orientación que hoy somos.
A manera de homenaje hoy listamos los nombres de los hombres y mujeres que murieron violentamente por denunciar, por hablar, por decir:
Campesinos y catequistas: Gregorio Yujá Xoná, Mateo Sis, Víctor Gómez Zacarías, Juan Chic Hernández, Mateo López Calvo, Juan José Yos, Maria Ramírez Anay, Regina Pol Cuy, Francisco Chen, Salomón Tavico, Vicente Menchú, María Pinula Lux, Juan Us Chic, Francisco Tun, Trinidad Gómez Hernández, José Ángel Xoná, Gabino Mario Chuté, Juan Tomás Lux, Mateo Sic Chen, Juan López Yax, Gaspar Vi Vi, Felipe Antonio García y María Ramírez Anay.
Estudiantes universitarios y obreros: Sonia Magaly Welches Valdez, Luis Antonio Ramírez Paz, Leopoldo Pineda Pedroza, Edgar Rodolfo Negreros y Blanca Lidia Domínguez Girón.
Personal Diplomático y ciudadanas españolas: Felipe Sáenz Martínez, Jaime Ruiz del Árbol Soler, María Wilkem Molina viuda De Barillas, María Lucrecia Rivas Fernández de Anleu, Nora Adela Mena Aceituno, Miriam Judith Rodríguez Urrutia, María Teresa Vásquez Ochando y María Cristina Melgar Espinoza.
El ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Rafael Cáceres Lenhoff y Gustavo Adolfo Molina Orantes.
Durante el sepelio de las víctimas de la Embajada, el comando seis de la policía guatemalteca asesinó a dos estudiantes universitarios: Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España.
Suchitepéquez, 01 de febrero 2018. La localización de los cuerpos de los periodistas Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo De León Miranda, ambos con las manos y los pies atados, en la finca Cristalina, Santo Domingo Suchitepéquez, horrorizó al gremio periodístico en Guatemala.
Laurent Ángel Castillo era corresponsal del medio impreso Nuestro Diario, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Salió de su casa el domingo 28 de enero para ir a realizar una cobertura sobre el carnaval a Mazatenango, pero no regresó.
Junto a Laurent Castillo viajó Luis Alfredo De León Miranda, quien era publicista y locutor en la Radio Coaltepec, según sus familiares, unos días antes recibió varias llamadas para ser extorsionado, hasta el momento no se ha determinado si las amenazas tienen relación con el hecho, según la información que circuló en Prensa Libre.
Por medio de un comunicado de prensa el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, exigió a las autoridades gubernamentales y de justicia “una pronta investigación para dar con los responsables materiales e intelectuales de tan deleznable hecho y la implementación del Protocolo de Protección a Periodistas”.
Para la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), durante el 2017 fueron asesinados 11 periodistas en Guatemala, y 36 perdieron la vida desde el año 2000.[1] En los últimos años ha ido en aumento las agresiones, amenazas, ataques y asesinatos en todo el país. En enero de 2018, El Periódico contabilizó el asesinato número 12 con el periodista Johnny Javier Guardado en el departamento de Petén.[2]
Además, dos periodistas de Prensa Comunitaria fueron criminalizados por la empresa minera La Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (CGN – PRONICO) en el municipio de El Estor, Izabal, Carlos Ernesto Choc Chub y Jerson Antonio Xitumul Morales fueron judicializados por el Ministerio Público, Jerson Xitumul estuvo 38 días en prisión y ligado a proceso penal y Carlos Choc tiene una orden de aprehensión en su contra, esto debido al trabajo de investigación y periodismo que realizan documentando la contaminación del Lago de Izabal.
En el mes de noviembre, Guatemala recibió diez recomendaciones para proteger a los periodistas y comunicadores, “La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.”.
Con los dos periodistas de Coatepeque en el primer mes del 2018 suman 14 asesinatos más de periodistas en Guatemala entre el 2017-2018, en un contexto de alto riesgo, recientemente el 28 de enero, Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la ciudad capital y ex presidente de Guatemala, durante una actividad militar lanzó amenazas en contra de los periodistas y los medios de comunicación en el país. El alcalde Álvaro Arzú amenaza a los medios de comunicación
