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Desde El Estor “justicia por el crimen del Hogar Seguro

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Texto y fotografías:  Jerson Morales Xitumul

El Estor se une a la campaña #NosDuelen56 esperando que se haga justicia por las 41 niñas asesinadas y 15 que sufrieron lesiones y traumas graves.

No fue un suicidio, no fue provocado, fue el Estado de Guatemala

Nos hacen falta 56, 56 vidas, 56 niñas.

¿Qué les pasó a las 56 niñas?

En Guatemala asistimos a una de las masacres más atroces en la historia del país y de Nuestra América. Ellas se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado.

Al menos unas sesenta niñas intentaron huir el 7 de marzo del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción“, era un infierno el que estaban viviendo. Había denuncias desde el 2013 de que en este lugar, eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos, comida con gusanos y torturas de todo tipo, incluso de una red de trata. Las voces provenientes de instancias de derechos humanos, de una jueza, medios de comunicación y de las mismas niñas no fueron tomados en cuenta.

Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, inmediatamente la policía las atrapó, el mismo presidente Jimmy Morales reconoció que se ordenó enviar más de 250 policías incluyendo antimotines, y que se quedaron ahí toda la noche para tener todo “bajo control“.

En la madrugada del día 8 de marzo, las autoridades del Hogar, la administración de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia y la Procuraduría de Derechos Humanos decidieron dejarlas bajo custodia y responsabilidad de la Policía Nacional Civil.

¿Quién prendió el fuego?

A 56 niñas las encerraron bajo llave en un salón de clases que mide 6.8 x 7 metros, les dieron escasos colchones sin cobijas para dormir y no tuvieron acceso a servicio sanitario, por lo que improvisaron ellas mismas una letrina ahí dentro. A las 8: 45 de la mañana después de llevarles el desayuno, inicia un incendio. Algunos medios y versiones oficiales afirman que ellas mismas quemaron una colchoneta para llamar la atención, sin embargo esto aún debe investigarse.

Durante 11 minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados quemaron sus cuerpecitos, y pese a los gritos de auxilio no las dejaron salir.

Los monitores o encargados y los cientos de policías no hicieron nada más que amedrentar y amenazar a los jóvenes albergados en otros módulos que querían ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso como lo denunció un oficial bomberos, y los familiares en las afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso. Nadie pudo hacer nada.

Hasta ahora hay solamente tres personas presas Carlos Rodas, ex director de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Anahy Keller la subsecretaria, y Santos Torres, exdirector del Hogar acusados de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

De las 15 sobrevivientes se sabe poco, algunas fueron llevadas a Estados Unidos para ser tratadas, de las cuales tres de ellas han vuelto al país. Lamentablemente en el país poco a poco se ha ido olvidando este terrible hecho.

 

 


Derecho a conocer la verdad

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Fotografía: crnnoticias.com

Por: Factor Méndez Doninelli

El ataque mortal dirigido contra el destacado jurista José Arturo Sierra González, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ex Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ex Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ex integrante del Consejo Superior Universitario (CSU), ex Vocal de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y catedrático de Derecho Penal de la citada Facultad de la Usac ocurrido hace ocho días sigue en la incertidumbre, sin que se conozcan hipótesis de los investigadores, los avances en la investigación del hecho o la posibilidad de identificar a los responsables.

Es incomprensible que luego del crimen contra un ex dignatario tan valioso para el país, se perciba tanta desidia de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y la investigación criminal. Es oportuno que informen, cuáles son los avances logrados para la identificación de los autores materiales e intelectuales y cuál el presunto motivo.

La Facultad de Derecho Usac, publicó enérgica y contundente condena, uno de los párrafos dice: “c) Esta comunidad facultativa, hoy de luto por el crimen cometido en contra de uno de sus integrantes, exhorta a los profesionales del derecho en general a velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el país. No puede permitirse bajo ninguna circunstancia el regreso a los modelos del pasado en los que el autoritarismo, abuso de poder, intransigencias y “solución” de los problemas, del tipo que sean, se sustente en medidas diferentes o ajenas a las que se desprenden de un sincero, genuino y auténtico régimen democrático y de derecho, en los que no cabe la realización de crímenes como el cometido el 26 de los corrientes a plena luz del día, y que caracterizan desde hace ya bastante tiempo a Guatemala, con el agravante que quedan en el olvido, porque de seguirse permitiendo o guardar silencio, no habrá buen futuro para las nuevas generaciones.”

El Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos (CIEPRODH), del que el Licenciado Sierra González fue miembro del Consejo Directivo, condenó el hecho y divulgó un comunicado, que en parte dice: “Esbirros al servicio de grupos oscuros lo emboscaron este 26 de enero 2018, a plena luz del día, en una concurrida arteria de ciudad Guatemala, zona 11, acertándole numerosos disparos de grueso calibre.”

“Instamos a las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, a investigar a profundidad, descubrir a los responsables y someterlos al debido proceso. Que esta ejecución extrajudicial, no quede impune.”

En períodos de crisis como el momento actual, emergen intereses perversos de sectores tenebrosos que buscan complicar la situación, provocar mayor inestabilidad y sembrar terror, llenar de miedo no sólo a la población, también a los Jueces.

Conocer la verdad y obtener justicia por abusos o violaciones a DDHH, son DERECHOS inherentes de todas las personas que deben ser garantizados por el Estado, porque está obligado a observar, respetar y asegurar a sus habitantes el goce de derechos y libertades fundamentales de las personas.

Cabe recordar a gobernantes, funcionarios y autoridades respectivas, que el Estado es responsable de violar Derechos Humanos (DDHH) por acción u omisión, por tanto cuando no hay justicia pronta y cumplida, esa omisión viola DDHH. El Presidente Jimmy Morales y el nuevo Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart podrían ser en un futuro, denunciados por violar DDHH.

Guatemala, 02/02/2018.

Fuente: La Hora

 

 

 

APG condena asesinato de periodistas en Suchitepéquez

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Fotografías: Prensa Libre

Por: Simón Antonio

La Junta directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó por medio de un comunicado de prensa, el asesinato del periodista, corresponsal de prensa de Nuestro Diario, Laurent Ángel Castillo Cifuentes y del diseñador gráfico Alfredo de León Miranda, encontrados sin vida en la finca Cristalina, Santo Domingo Suchitepéquez, con señales de tortura y amordazados desparecidos desde el lunes 29 de enero.

“No podemos ocultar nuestra indignación ante un hecho deleznable que nuevamente conmueve y enluta a la familia periodística. Los periodistas somos colocados en una posición de indefensión como en el pasado, no contamos con un programa de protección a los periodistas y los mismos procedimientos tan conocidos en el conflicto armado interno de persecución, agresión y asesinato vuelven a aparecer en un claro retroceso a los tiempos de terror. Lo sucedido en Coatepeque más pareciera un mensaje directo de los grupos paralelos de poder y delincuencia organizada, para tratar de amedrentarnos, como lo hizo verbalmente el más alto funcionario edil de la capital no hace mucho” se lee en el comunicado.

La APG pide a las autoridades esclarecer a los responsables del crimen “Pedimos que se inicie cuanto antes las investigaciones para dar con los autores intelectuales y materiales del secuestro y posterior asesinato”.

De igual manera la Asociación de Periodistas solicita al gobierno que lo más pronto posible, con carácter de urgente, se apruebe y active el programa de protección a periodistas impulsado por la periodista Ileana Alamilla.

La organización de periodistas pide a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a toda institución internacional pronunciarse sobre este el asesinato de los dos periodistas.

Las vicisitudes de justicia en Puerto Barrios

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Fotografía Nelton Rivera.

Por: Juan Calles.

Llegó silencioso y sin hacerse notar, casi como una sombra, cuando se sentó frente a mí se quitó la chumpa ceremoniosamente, parecía que se quitaba una pesada roca de encima, parecía estar cargando un objeto pesado, denso, se notaba en su postura, en su mirada, en su forma de dar la mano; esa mañana conocí a Carlos de León como periodista, pero al despedirme me quedé con la sensación de conocer a uno de esos héroes anónimos de la justicia que son roca angular, que son lo que debemos ser.

Carlos de León es el papá de Ángel Rodolfo de León Palacios, uno de los tres estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), junto a Nahomy Lara y Juan Carlos Velásquez, que en marzo de 2012 murieron trágicamente en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN) en  dónde realizaban monitoreos de especies animales y vegetales, programados como actividades en uno de los cursos universitarios que respondía a un convenio entre la universidad y la empresa minera CGN.

Desde que sucedió la tragedia hasta hoy, las familias de los tres estudiantes han franqueado una batalla legal contra la Universidad del Valle y la CGN,  quienes mediante estrategias judiciales han retrasado la sentencia y han tratado de evadir responsabilidades legales, penales, económicas y morales. En esas estrategias, el Licenciado Edgar Aníbal Arteaga López, juez de primera instancia penal de Puerto Barrios, Izabal,  ha jugado un papel protagonista y antagónico con las familias que esperan justicia para la memoria de sus hijos.

Las decisiones de un juez; los dilemas de la justicia

Fotografía Nelton Rivera.

Desde el inicio las acciones de los jueces a cargo del caso han sido cuando no erráticas muy extrañas, por ejemplo; el juez Aníbal Arteaga decidió ligar a proceso a Lemuel Valle, biólogo de CGN responsable de los estudiantes en las instalaciones de la minera, por el delito de homicidio culposo y luego lo dejó en libertad por medio de una fianza de Q50 mil.

De la misma manera, ligó al proceso a la CGN, imponiéndose medidas precautorias, como una intervención, medida legal que después fue sustituida por una fianza de Q4 millones.

La fundación del Valle, en representación de la UVG, por medio de sus abogados buscaron no ser ligados a este proceso legal por medio de diversas apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia CSJ, la Corte de Constitucionalidad CC, por lo que se venció el plazo para que el Ministerio Público MP presentara los resultados de su investigación contra los procesados; ante ello, las familias de los estudiantes solicitaron una ampliación del plazo y autorización para otras diligencias como el reconocimiento judicial y exhumaciones; lo cual fue autorizado por el juez, sin embargo, el mismo juez emite otra resolución en la que se niega dicha autorización para realizar las exhumaciones y además deja en firme el plazo al Ministerio Público para la presentación de resultados, cuando era de todos conocido la imposibilidad de tal presentación debido a las apelaciones presentadas por los acusados.

Afortunadamente el MP plantea un amparo que le es otorgado provisionalmente, con eso lograron proteger la recolección de pruebas y el Juez de Puerto Barrios debe permitir las diligencias en la mina, ampliar el plazo para la presentación de resultados dando así un respiro a las familias de los muchachos.

Fotografía Nelton Rivera.

Pero los problemas y amenazas apenas empezaban

Ya para el 15 de enero de 2015, el juez realizaba una audiencia en la que se daba por concluido el caso, la desazón y la desesperación se apoderó de los padres de los estudiantes fallecidos, parecía que todo el esfuerzo de tres años se iba por la borda. En esa audiencia se dejaba en total liberad al biólogo Lemuel Valle y liberaba de responsabilidades a la Universidad del Valle y a la Compañía Guatemalteca de Níquel, así de simple, como cambiarse de corbata de una mañana a otra.

La actitud del juez era prepotente y malhumorada, no les daba la palabra a los abogados de las familias, el fiscal del MP Jorge García Mazariegos hablaba a pesar que el juez lo mandaba a callar, los ánimos se caldearon, las partes urgían se les escuchara, los abogados de la CGN y la UVG pugnaban por que el juez concluyera, por el otro lado los abogados de las familias exigían su derecho a hablar, exigían se respetara el proceso, las madres de los muchachos estaban a punto del llanto, se estaba cometiendo una injusticia, el ambiente era tenso y caluroso.

Alguien había cometido un error, el juez no estaba enterado del amparo a favor del MP en el que se le autorizaba continuar con las diligencias y la investigación, por lo que no se podía dar por concluido el caso. Por fin se logró informar al juez de tal situación por lo que decidió suspender la audiencia para continuar 24 horas más tarde.

Al día siguiente, el juez decidió dejar sin efecto lo actuado el día anterior, lo que permitiría realizar las diligencias pendientes y continuar con el caso.  Los abogados de la minera mostraron su cara más iracunda, los gritos y los golpes en la mesa reclamando al juez se escucharon en todo el juzgado, sin embargo la ley mandaba que se continuará con el proceso, ese día de enero del 2015 los padres y madres vivieron al menos un momento de esperanza y tranquilidad; la búsqueda de justicia podía continuar su curso.

En esa ocasión, al hacer el viaje de regreso a la ciudad capital por la carretera, los familiares de los muchachos notaron que personal de CGN  fotografiaba sus vehículos, a los abogados y a los fiscales del MP. Ya en la carretera un pick up los siguió e intimidó. En esa ocasión pudieron sentir el miedo en su máxima expresión, en diferentes ocasiones las familias han aseverado que pueden esperar cualquier cosa de esas personas.

Las familias de los muchachos decidieron recusar al juez en tres ocasiones debido a su comportamiento parcial y en claro beneficio hacia la CGN y la UVG; pero las mismas fueron declaradas no ha lugar por no “cumplir” con todos los requisitos que la ley exige; sin embargo el propio juez se excusó de seguir conociendo el caso, el expediente fue trasladado a los juzgados de Zacapa, ahí la familia sintió un respiro, pero el caso fue devuelto nuevamente a Puerto Barrios.  Recusado el juez Aníbal Arteaga el expediente fue trasladado al juez Donaldo García quien retomará el proceso en las próximas audiencias este año.

Seis largos años han pasado en esta batalla legal de las familias de los tres estudiantes universitarios y el 28 de mayo 2018 se llevará a cabo la próxima audiencia, esta vez le corresponde al juez Jesús Felicito Mazariegos retomarlo, Prensa Comunitaria estará pendiente de esta audiencia para informarle sobre los resultados y el avance del proceso penal.

PEN exige a las autoridades a proteger a sus periodistas tras el asesinato de dos comunicadores

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Fotografías: Prensa Libre

5 de enero de 2018 – El asesinato de dos periodistas es una manifestación clara de que las autoridades guatemaltecas deben emprender mejores acciones para realmente proteger a sus periodistas, dijo PEN Internacional hoy, tras el hallazgo de los cuerpos de dos periodistas en el departamento de Suchitepéquez.

PEN Internacional se une al Centro PEN de Guatemala para condenar, de manera enérgica, los asesinatos de los periodistas Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda, cuyos cuerpos fueron localizados atados de pies y manos con disparos en la cabeza en la finca Cristalina, Santo Domingo, departamento de Suchitepéquez, Guatemala, el 1 de febrero de 2018.

Castillo Cifuentes, de 28 años, era corresponsal del periódico Nuestro Diario y una revista cultural en Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. De León Miranda, con 30 años de edad, trabajaba como publicista para Radio Coaltepec. Los dos viajaron a Mazatenango, Suchitepéquez, para realizar una cobertura sobre el carnaval.

Sus asesinatos se dan a conocer tan sólo unos días después de que grupos periodísticos y el Centro PEN Guatemala alzaron la voz en contra de las declaraciones del alcalde y expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, quien durante un evento militar acusó que la prensa guatemalteca está minando el progreso del pueblo guatemalteco calumniando a la nación y sus líderes, y afirmó que “tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos”; esto evidencia la hostilidad a la que se enfrentan los periodistas en este país.

“Es fundamental que el ejercicio periodístico en Guatemala pueda realizarse con libertad y con las garantías de seguridad que este oficio requiere. Si el Gobierno no cumple con esa obligación, está faltando a su deber al no garantizar un derecho que está consignado en la Constitución Política de la República de Guatemala para todos los guatemaltecos en los artículos 1 del título I, y en los 2 y 3 del título II”, comentó el Centro PEN de Guatemala.

PEN Internacional y el Centro PEN Guatemala hacen un llamado a las autoridades locales y nacionales no sólo para esclarecer los crímenes de los periodistas y procesar a los culpables, sino para que garanticen el derecho a la libre expresión a sus ciudadanos, escritores y periodistas.

Fuente: pen-international.org

Un muchacho mira hacia el norte, siempre lo hará

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Fotografía: archivo familiar

Por: Juan Calles

 La historia de Ángel Rodolfo de León y su familia

Era 21 de agosto de 1991 en la ciudad de Guatemala, el nerviosismo en la casa de la familia De León Palacios era notorio, estaban esperando la llegada de su bebé, de un niño que pronto conocería del amor y el cuidado de sus padres y familiares, un niño que crecería en un hogar preparado y dispuesto para cuidarlo y guiarlo para convertirse en un ser humano feliz e íntegro. Él aún no lo sabía pero le llamarían Ángel Rodolfo, en honor a sus ancestros más cercanos.

Así inició una vida llena de planes y proyectos, de sueños por cumplir, y desde muy pequeño demostró que tenía el empuje y la fuerza para lograr cualquier cosa que se propusiera; la primera muestra la dio al iniciar a caminar desde muy temprana edad, sorprendió a sus padres cuando caminó en sus dos pies antes de cumplir su primer año. Cuando inició sus estudios siempre destacó y mostraba disfrutar de aprender. Así, de pronto, llegó el 2009 y con ello su graduación de Bachiller en Ciencias y Letras.

Nunca estaba quieto, parecía hambriento de hacer cosas, de llenar todo su tiempo de actividades y aprendizajes, entre otras cosas tomó clases de equitación, de música, de idiomas, de pintura, de lectura rápida, los fines de semana estaba en un grupo scout, con algunos amigos organizó una banda de Ska. Además de todo ello, elaboraba dibujos para una revista y escribía artículos sobre juegos de video para otra publicación sudamericana.

Fotografía: archivo familiar

La universidad,  una disyuntiva que lo formó como adulto

Desde niño se inclinaba por las especies animales, pero no como mascotas, sino como objeto de su pasión y admiración de estudio, a los 8 años conoció el insectario del doctor Jack Schuster, y desde ese momento nació una nueva pasión, la biología. Al finalizar el bachillerato Ángel deseaba estudiar biología en la estatal universidad de San Carlos, pero sus padres por motivos de seguridad le convencieron de elegir la Universidad del Valle, el aceptó y se matriculó.

Allí se encontró con las diferencias sociales marcadas por el maltrato y desprecio que estudiantes de ingeniería, por ejemplo, mostraban por personas con diferentes orígenes, apariencia, o extracción social, eso lo hacía reflexionar sobre la sociedad en la que vivía.

Entregado  a sus estudios casi no dormía; como resultado de su dedicación fue seleccionado para encargarse de la alimentación en un criadero de tortugas de la universidad. Aun así encontró tiempo para descubrir el amor, conoció a María, se hicieron novios y eran una pareja feliz, él mostraba mucho cariño por la muchacha que a pesar de sus ocupaciones le hacía vibrar de felicidad. La vida era buena para Ángel Rodolfo.

Fotografía: archivo familiar

Un cambio abrupto, la tragedia, la injusticia

Como parte de un convenio entre la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en Izabal, los estudiantes de biología iban periódicamente a las instalaciones de la minera a realizar monitoreos de especies animales y vegetales. A Ángel le encomendaron hacer el monitoreo de aves y cocodrilos, lo cual lo entusiasmaba de sobre manera.

El 30 de marzo del 2012 la historia de Ángel Rodolfo cambiaría para siempre.

Sus padres descansaban en casa, mientras Ángel y sus compañeros Nahomy Lara Orellana y Juan Carlos Velásquez Marroquín, sufrían un accidente en la lancha en la que realizaban sus actividades de monitoreo; al menos eso fue lo que informó la minera cuando llamaron para avisar a los familiares de los muchachos.

Sin embargo, luego de que las familias llegaran a las instalaciones de la CGN, los hechos y la actitud de los personeros de la mina les hicieron sospechar que lo sucedido a sus hijos no era un accidente sino un asesinato. A medida que avanzaba el trabajo de investigación del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), fueron dolorosamente confirmando las sospechas.

Al llegar las acusaciones legales contra la Universidad del Valle y la CGN, estos quisieron desligarse del caso aduciendo un accidente, pero los peritajes del MP confirmaban las sospechas de asesinato, los cuerpos de los muchachos presentaban golpes en la cabeza y el cuerpo de Nahomy moretones en los muslos, lo cual no correspondía a un accidente en lancha y su muerte por ahogamiento, como querían hacer creer los ahora acusados. El extremo fue tal, que la misma UVG les dio la espalda a las familias y a los jóvenes asesinados.

Un Juez a favor de los procesados, agrega tragedia a las familias

Las audiencias, los trámites legales, la intimidación, el litigio malicioso, y la parcialidad de varios jueces en Puerto Barrios, Izabal,  al inicio el juez Donaldo García Corzo, luego Edgar Aníbal Arteaga López a favor de la minera, han evitado el avance la justicia, son muchos los ejemplos de cómo el sistema de justicia ha sido vulnerado a favor de la impunidad.

Por ejemplo, en la primera audiencia se tomó la declaración del biólogo Lemuel Valle, encargado por parte de la CGN de la relación con los estudiantes y quien dirigía la lancha la noche de la tragedia. Esta declaración estuvo llena de incoherencias, como fue indicar que la lancha se volcó porque Nahomy se paró y eso hizo perder el equilibrio, lo cual no es posible por el peso y estatura de Nahomy. Valle también indicó que los tres estudiantes llevaban puestos chalecos salvavidas, lo cual era falso. Dijo que hicieron el monitoreo en el canal de aproximadamente un kilómetro donde están los cocodrilos y que en el fondo del mismo hicieron un descanso en tierra, lo cual no es posible por la oscuridad de la noche, lo que hace inseguro bajar de la lancha.

Finalmente el juez decidió ligar a proceso a Valle, por el delito de homicidio culposo pero lo dejó en libertad por medio de una fianza de Q50, 000.00; así mismo ligó a la CGN, imponiéndoles medidas precautorias como una intervención que luego fue sustituida por una fianza de Q4 millones.

El juez Arteaga sigue litigando en el juzgado de Puerto Barrios y no es el único caso en el que ha sido cuestionado por esa parcialidad con la que resuelve cuando se trata de la empresa minera.

No ligó a la Fundación del Valle de Guatemala (entidad responsable por lo que ocurra en la universidad), pero los abogados de las familias apelaron la resolución ante la sala de Zacapa y esta resolvió ligar a la fundación, embargándoles además Q2 millones.

Así el juicio por el asesinato de Ángel y sus compañeros ha durado ya seis años, el dolor, la tristeza y la angustia de los padres de Ángel se hacen evidentes, sin embargo la vida continua su curso y ellos luchando contra los problemas económicos y sociales que conlleva un proceso judicial tan largo, sin embargo siguen en la lucha por obtener justicia.

Ángel Rodolfo, vivía la vida con pasión, miraba al norte con seguridad, con la seguridad que le daban sus capacidades y sus aptitudes, su camino fue truncado, está en pausa solamente, sus padres se encargarán de llevarlo a buen destino, al norte, con el viento norte, con su sonrisa, con su seguridad, con su pasión.

 

 

 

Diputado ligado a proceso por el asesinato de periodistas

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Fotografía: Ministerio Público

Por: Simón Antonio

El diputado Julio Antonio Juárez Ramírez fue capturado el pasado 13 de enero, y hasta este lunes 12 de febrero, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, lo ligó a proceso por el delito  de asesinato, ya que es el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Danilo Efraín Zapón López, ocurrido el 10 de marzo de 2015 en Mazatenango, Suchitepéquez.

En la audiencia de primera declaración, el juez Gálvez estimó que hay suficientes elementos de investigación para ligarlo a proceso, sin embargo Juárez no fue ligado por el asesinato del periodista Federico Benjamín Salazar Gerónimo ni por  las heridas de Marvin Israel Túnchez Ayala , ya que el juez señaló que el ataque no iba dirigido a ellos sino a Danilo Zapón.

Gálvez ordenó trasladar su resolución al Congreso para que el diputado quede suspendido de su cargo hasta que solvente su situación jurídica. El juzgador fijó tres meses a la fiscalía del Ministerio Público para presentar la acusación formal contra el sindicado.

Honduras: detienen al presidente de empresa DESA por el asesinato de Berta Cáceres

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Fotografía: InSight Crime

Por: Simón Antonio

El Ministerio Público de Honduras informó este viernes 2 de marzo sobre la detención de Roberto David Castillo, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado de ser el autor intelectual del asesinato contra la ambientalista  Berta Isabel Cáceres Flores, el 3 de marzo de 2016.

De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesados por el asesinato de la ambientalista, indica el comunicado que difundió en el ente investigador.

A la fecha suman ocho personas detenidas por este caso, entre ellos: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio Emerson y Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.

La empresa DESA era la titular del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que se pretendía construir  en el noroeste de Honduras en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades del pueblo Lenca  y vital para su supervivencia.

Berta Cáceres, quien era coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),  fue asesinada en su en su pueblo Esperanza, Intibucá, en la madrugada del 3 de marzo de 2016; a pesar de que ella contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras no le brindó ningún tipo de seguridad en su vivienda.

Cáceres inició como activista desde que era estudiante y en 1993 fue cofundadora de COPINH, cuyo objetivo es la defensa del agua, la vida y el territorio de las crecientes amenazas que representa la instalación de proyectos extractivos en comunidades indígenas del país, la defensa de los derechos del pueblo Lenca y la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida.

La ambientalista fue galardonada en el año 2015 con el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas de Medio Ambiente por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, su territorio y recursos naturales.


Asesinan a guardia indígena en medio de un asalto armado al Resguardo Indígena de Pioyá en Colombia

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Fotografía https://desinformemonos.org/

Ciudad de México | Desinformémonos. Eider Arley Campo Hurtado, comunero, comunicador y guardia indígena de Pioyá, Colombia, fue asesinado a una horas de que iniciara la Audiencia Pública en la que las autoridades del Resguardo Indígena de Pioyá presentaría las evidencias y conclusiones para incriminar a tres “delincuentes confesos y convictos en Asamblea Comunitaria bajo la jurisdicción indígena”, informó Pueblos en Camino.

Los hechos ocurrieron cuando cuatro sujetos armados irrumpieron en la Casa del Cabildo para liberar a los tres acusados que serían sentenciados bajo la jurisdicción especial indígena, de los cuales uno pertenecía al ejército nacional como informante, informó la autoridad indígena.

Aseguró que el acto violento fue para evitar la audiencia pública y que no se pudo detener a los autores de la persecución y el asesinato de Campo Hurtado, por lo que pidieron una investigación sobre los hechos y dar con el paradero de los responsables.

“Esta acción se realiza, sin duda, para evitar que estos delincuentes con vínculos criminales con la fuerza pública aparecieran en la audiencia programada unas horas después de este asalto armado”, explicó la autoridad indígena. Las autoridades y la comunidad indígena informan sobre estos hechos y alertan al país y al mundo sobre esta acción de guerra contra los pueblos cuya responsabilidad más aparente recae sobre la Fuerza Pública, el ejército nacional y el gobierno de Colombia”, agregó.

Los indígenas de Pioyá calificaron la acción como “una confesión abierta de culpabilidad y complicidad, un ataque de guerra contra la comunidad y las autoridades legítimas, una violación de la jurisdicción indígena y de la Constitución de la República y un intento evidente por evitar la realización de la asamblea y la confesión pública de los capturados y liberados con este asalto”.

Hasta el momento ni el ejército ni la policía se han pronunciado por los hechos y los indígenas esperan el inicio de una investigación que identifique a los autores materiales e intelectuales del asesinato y el asalto al Cabildo.

Texto publicado en https://desinformemonos.org/

En Brasil asesinan a concejala y activista de derechos humanos

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Fotografìa: elpais.com

La concejala brasileña Marielle Franco, asesinada a tiros en Río de Janeiro a los 38 años, había denunciado en las últimas semanas un incremento de la violencia policial en las favelas y se opuso a la intervención militar del área de la seguridad de Río, decretada por el presidente Michel Temer para tratar de contener una escalada de violencia que no para de crecer desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016. Pero el PSOL, partido socialista al que pertenecía, y sus allegados dijeron que la dirigente no había dado parte de ningún tipo de amenazas en los últimos tiempos.

En las redes sociales, se multiplicaban durante la madrugada los llamados para organizar manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) y en otros puntos de la ciudad para repudiar el crimen. “¡Marcha contra el genocidio negro! SOMOS Marielle Franco”, decía una de esas convocatorias, que en pocas horas había recogido unas 20.000 promesas de asistencia. También por la noche del jueves se organizaban otras protestas en Sao Paulo y Belo Horizonte.

Franco había entrado en la Cámara Municipal de Río en las elecciones de 2016, como quinta concejala más votada, con 46.000 apoyos. Las elecciones locales de ese año estuvieron marcadas por unos veinte asesinatos de candidatos a alcaldes o concejales en Río, aparentemente ligados a la presencia de milicias parapoliciales y de bandas de narcotraficantes que se disputan el control de las favelas donde viven cerca de 1,5 millones de personas.

Hace dos semanas, Marielle Franco asumió la función de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Rio, creada para vigilar la actuación de las tropas a cargo de la intervención militar decretada por Temer, una medida sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1985. El 10 de marzo, denunció en las redes sociales una operación policial en la favela de Acarí. “El 41 Batallón de la Policía Militar está aterrorizando y violentando a los habitantes de Acarí (..). Es algo que ocurre desde siempre y con la intervención es peor”, escribió.

El comportamiento violento, intimidante y muchas veces sin control de la Policía es motivo de preocupación en Brasil, según denunció la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en su informe anual 2017/2018 presentado en febrero. En el capítulo “Fuerzas policiales y de seguridad”, el más extenso del documento, AI destaca que la tasa de homicidios en Brasil permanece muy alta y que afecta principalmente a jóvenes de piel negra.

“Las operaciones policiales en favelas y áreas marginalizadas generalmente resultan en tiroteos intensos y muertes”, remarca el organismo, y a continuación enumera una larga lista de ocasiones, durante 2017, en las que civiles fueron asesinados por miembros de diversas Policías del país. En varios de esos casos, los familiares de las víctimas denunciaron “matanzas” y ejecuciones extrajudiciales.

En otro capítulo, Amnistía Internacional denuncia que el sistema carcelario brasileño está “superpoblado” y describe las condiciones de los presos como “inhumanas”. La población carcelaria del país es de 727.000 personas, de las cuales el 64% son afrodescendientes, señala el documento. Además, 40% de los presos están detenidos provisoriamente, situación en la que suelen permanecer varios meses hasta ser juzgados. El texto refiere también a la “fuerza excesiva” con que la Policía reprime en Río de Janeiro.

Un día antes de ser asesinada, Marielle Franco había protestado en Twitter contra la muerte de Matheus Melo, un joven baleado cuando salía de una iglesia en la favela carioca de Jacarezinho: “¿Cuántos más van a necesitar morir para que esa guerra acabe?”.

Título original: En Brasil acribillan a concejala y activista que denunció la violencia policial

Fuente: nodal.am

Asesinato de Marielle Franco en Brasil: impresiones, sensaciones y algunos dejavús

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Por: Jacques de Novion , Universidad de Brasília- UnB

Ayer murieron en atentado en Rio de Janeiro la concejala Marielle Franco y su piloto Anderson Gomes. La asesora de Marielle estaba en el auto y por suerte no la agarraron.

Muy difícil analizar todo esto, más con el calor, dolor e indignación. En las últimas horas la problemática situación nacional se agravó. Este atentado contra la concejala del PSOL/Rio determina el total fracaso de la intervención militar en Rio. La concejala venía denunciando en los últimos días el involucramiento de policías en el asesinato de jóvenes en las favelas de Acari e Maré. Se están intentando atribuir diferentes posibilidades, pero el atentado-ejecución es evidente. La Policía Federal y el propio Ministro de la Seguridad Pública ya están siendo vinculados a todo este asunto.

Lo que se puede percibir, además del fracaso de esa política militarizada (basada en las prácticas de las políticas bilaterales gringas, como el Plan Colombia, México y Perú) es el cambio en la tensión social. En este momento varias ciudades del país están tomadas por manifestaciones. En Rio, multitud todo el día; en Sao Paulo está creciendo en este momento. Se hacen actos y vigilias en ciudades del interior, y en el exterior adelante de embajadas…

Otra cuestión importante es que, desde ayer a la noche, pocas horas después del atentado, ocurren llamados de unidad de las izquierdas. Se evidencia ese llamado por el protagonismo inmediato por parte de los comunicados de la bancada del PT en el Congreso y de la Dirección Nacional del PT, considerando el atentado contra las izquierdas, hecho que agarró a mucha gente de sorpresa. Desde hoy el dialogo entre las izquierdas tomó otro rumbo, obligando a sectores ensimismados a recular en sus narrativas intransigentes.

Todo esto también nos agarra de las tripas cuando sabemos que la concejala representaba banderas centrales de las luchas políticas de hoy, que en su caso provenían de su realidad. Una mujer, negra, madre joven-soltera, militante socialista, de la favela, con formación en socióloga (PUC-Rio).  Se suma a todo esto el hecho de que su motorista estaba en trabajo-extra, complementando su presupuesto familiar porque su esposa (ahora viuda) es profesora de la Secretaría de la Educación y están a meses con sueldos atrasados y sin pagos. Gente que hoy vive de vender en playas y semáforos, y que recurren a las ayudas con paquetes básicos de comida, distribuidos por el mismo gobierno.

Lo que yo siento viendo todo esto es como un dejavú. No sé si por el trauma que cargamos los hijos del exilio, o por dedicarme a algunos años al caso colombiano, o por haber experimentado esas sensaciones en mi vivencia en México. Me pongo a pensar que todo esto se suma a los 43 de Ayotzinapa, a los mas de 250 asesinados después del acuerdo de paz en Colombia, en Santiago Maldonado en la Argentina macrista… Siento que se nos llevan una vez más lo mejor de nuestras sociedades ….

Seguramente crecerán las protestas y marchas, el número de personas en las calles y la indignación, pero ya sabemos cómo responderá la mano represora y de excepción de esta dictadura-golpista que se animó a ser también claramente sanguinaria. Lo curioso es ver la prensa golpista y el gobierno indigesto diciendo que es un atentado a la democracia y al estado de derecho cuando desde hace dos años están ellos mismos destrozando todo eso, incluso en la evidente persecución a Lula.

MARIELLE FRANCO, PRESENTE!!!

ANDERSON GOMES, PRESENTE!!!

EL LUTO SE CONVIERTE EN LUCHA!!!

RESISTIREMOS!!!

 

 

 

Marielle Franco, consejala silenciada con balas

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Fotografía: plus.google.com

Era mujer.

Era de izquierda.

Era feminista.

Era socióloga.

Era negra.

Era lesbiana.

Se llamaba Marielle Franco, tenía 38 años, era concejala y denunciaba los crímenes de la policía militar en Río de Janeiro.

Anoche la ejecutaron. Nueve tiros le dieron, cinco directo en la cabeza.

Hoy, orita, hay marchas masivas en Río de Janeiro. Hay dolor y desesperanza.

Pasa en Brasil pero pasa, también, en toda América Latina.

¿Repudiará el gobierno argentino un asesinato que golpea aquí al lado? No tiene el pretexto de la distancia física con México, en donde los asesinatos contra defensores de derechos humanos y periodistas son récord y quedan impunes.

La reacción del gobierno argentino es improbable. Es el primero que reconoció a Temer como presidente de Brasil, apenas minutos después de consumado el golpe institucional contra Dilma Rousseff.

Y lo sigue apoyando.

Para justificarse, los funcionarios suelen decir que “confían en la solidez de las instituciones brasileñas”. Parece un chiste. Hoy, un chiste macabro.

¿Y el resto de los países latinoamericanos? Ah, sí. Seguirán denunciando a Venezuela como el malo de la (triste) película regional.

Sí, en Venezuela el gobierno persigue a opositores y hay violaciones a los derechos humanos a granel. Pero no es el único caso. México y Brasil aportan bastante lo suyo. Pero son gobiernos amigos, entonces mejor no criticarlos.

Seguimos.

Del muro de Cecilia González, periodista mexicana radicada en Argentina

Confirman que las balas que mataron a Mairelle Franco pertenecían a la policía

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Las balas que usaron los asesinos de la concejal y dirigente social brasileña Mairelle Franco y su chofer Anderson Gomes pertenecían a la Policía Federal, lo que le agrega más fuerza a las hipótesis de que agentes de seguridad están por detrás del ataque perpetrado el miércoles en Río de Janeiro.

Así lo informaron fuentes de la Policía Civil (investigaciones) de Río de Janeiro, en base a los resultados de las pericias en los 14 balazos disparados contra el automóvil en el que viajaba la dirigente del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Las balas 9 mm, según informó el noticiero de la TV Globo, habían sido adquiridas en 2006 por la Policía Federal en Brasilia a la empresa de armamento CBC.

Miles de personas se manifestaron anoche en San Pablo y Río de Janeiro para pedir justicia y denunciar a la mafia policial por el hecho, debido a que la concejal Franco había acusado a un batallón de construir fosas comunes para ejecutar a jóvenes de las favelas.

Franco, de 38 años, había sido miembro de la comisión parlamentaria contra las milicias parapoliciales en el Concejo Deliberante de Río y era la miembro informante de la comisión parlamentaria carioca sobre la intervención militar decretada por el presidente Michel Temer.

La intervención, que cumple un mes este viernes, fue para varios analistas “desafiada” por parte de los sicarios que mataron a Franco, una dirigente del movimiento negro, una socióloga con orígenes en la favela de la Maré y la quinta más votada en las elecciones de 2016.

Los cuerpos fueron sepultados ayer, en paralelo a las manifestaciones de repudio.

La fiscal general, Raquel Dodge, dijo que “el asesinato de políticos es un atentado a la democracia”.

Fuente: tiempoar.com.ar

Asesinan a otro dirigente político en Río de Janeiro

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Fotografía: tiempoar.com.ar

Un concejal suplente de Magé, en la región metropolitana de Río de Janeiro, fue asesinado este martes, a menos de una semana de homicidio de la edil Marielle Franco, por quien miles de brasileños salieron a las calles de la ciudad carioca para pedir justicia.

Paulino Henrique Dourado Teixeira era concejal suplente de Magé por el Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués). Según la Policía Militar de Río (PM), estaba en su coche en Magé cuando fue atacado a tiros. Uno de sus acompañantes fue herido en el episodio.

Teixeira fue candidato a concejal en 2016 por el PTB. La Policía no descarta que el crimen haya tenido un móvil político.

En tanto, miles de brasileños volvieron a salir a las calles de Río de Janerio este martes para pedir respuestas sobre el asesinato de la concejal y defensora de los derechos humanos Marielle Franco, cerca de cumplirse una semana del crimen.

Con carteles que decían “Marielle vive” y gritos de “¡justicia!” los manifestantes marcharon por uno de los principales paseos del centro de la ciudad, sin que la indignación y la consternación hayan desaparecido.

“Es importante toda esta movilización para que este crimen bárbaro no quede impune. No sabemos si fue un crimen de Estado o no, probablemente tenga que ver con un crimen de la policía para acallar una voz que defendía los derechos humanos”, dijo a la AFP Rafael Cavalli, abogado de 36 años.

A algunos aún se les escapaban las lágrimas recordando a esta mujer negra de 38 años, nacida y criada en las favelas de la Maré, que luchaba por los derechos de los negros, las mujeres y la comunidad LGBT y a quien no le temblaba la voz a la hora de denunciar los abusos policiales o la reciente intervención militar de Río.

El crimen ocurrió el pasado miércoles en la noche cuando Marielle Franco regresaba de un acto de mujeres negras a su casa y desde un carro que se aproximó a su vehículo dispararon al menos trece tiros hacia donde ella estaba sentada. La concejal recibió cuatro disparos en la cabeza y su chófer, Anderson Gomes, también falleció.

“¿Quién mató a Marielle y a Anderson?”, decía una pegatina negra con un dibujo del rostro de la concejal distribuido a los manifestantes a lo largo de la ruta, prácticamente la misma de la masiva protesta del jueves pasado.

“No existe justicia para la gente negra en Brasil…”, manifestaba visiblemente emocionada Thuanny Inara, una estudiante de 19 años de largas trenzas africanas.

La violencia se acentuó en Río desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016, con bandas de traficantes y milicias parapoliciales dominando parte del territorio y enfrentándose regularmente con la policía.

Hasta el momento, las autoridades no han dado pistas sobre el móvil o los autores de este asesinato que ha causado conmoción dentro y fuera de Brasil, pero hay controversia sobre las balas que se usaron.

Globo Televisión aseguró que pertenecen a un lote comprado por la Policía Federal en 2006 y el gobierno ha sugerido que esa munición podría haber sido robada, como ha ocurrido en otros casos de tráfico de armas.

Las críticas a la policía y a la intervención decretada hace un mes por el presidente Michel Temer volvieron a sonar con fuerza en la marcha de este martes, donde muchos brasileños dijeron que no se dejarán amedrentar.

“Otra negra murió, pero otras se levantarán con tanta fuerza y poder como Marielle. Mientras tenga vida, yo lucharé. No vamos a parar”, manifestó Irone Santiago, una emblemática activista de la Maré, cuyo hijo quedó parapléjico por disparos de los militares en 2015.

Fuente: tiempoar.com.ar

 

 

 

El pescador Carlos Maaz fue asesinado hace casi un año y su esposa espera justicia

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Texto y fotografía: Jerson Xitumul Morales

Han pasado 10 meses después del desalojo extrajudicial en donde murió Carlos Maaz, este fue ordenado como respuesta a las demandas de La Gremial de Pescadores por el alto grado de contaminación del lago de Izabal.

La tarde del miércoles 27 de mayo se tiñó de luto para la familia Coc Maaz y para la Gremial de Pescadores, que solo esperaban el resultado de parte de las autoridades de gobierno (análisis de las aguas del lago de Izabal), estudio de impacto ambiental y la verificación del cumplimiento previo a operar, según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero esa respuesta jamás llegó, jamás se notificó; la gremial con todos sus miembros esperaron con el deseo de tener dicho informe en manos y la certeza de los resultados.

Después de más de 6 horas de espera, los miembros de la gremial deciden nuevamente manifestarse de forma pacífica el 27 de mayo, lo cual no fue bien visto por las autoridades, quienes reprimiendo la lucha campesina enviaron antimotines y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a desalojar sin orden judicial; dejando como resultado, muchas personas heridas, cinco órdenes de captura y la muerte de Carlos Maaz.

La espera por justicia ha sido dura y triste nos comenta Cristina, “Espero que el Estado se haga responsable de la muerte de mi esposo, ya que con la muerte de él son varias las vidas que esta empresa procesadora de níquel ha cobrado a gente que solo clama defensa de su territorio, defensa a la vida, el cese a la depredación de bosques, y la defensa del lago de Izabal, del cual dependen la mayoría de familias estoreñas”.

“Mi vida sin Carlos ya no es igual, soy madre soltera, víctima de una empresa transnacional que sólo arrebató la vida de mi esposo, la felicidad de mi hijo, el futuro de mi familia se torna gris. Espero tener la suficiente fuerza para seguir la idea de Carlos de proteger el lago de Izabal, ya que él decía si no cuidamos el lago, él que nos da nuestro sustento diario, que será de mi hijo al crecer, espero con esa misma ilusión exigir justicia porque  la vida no se apaga así por así”. Concluye.

 


Un día como hoy, hace 39 años, nos mataron LA ESPERANZA: muere asesinado Manuel Colom Argueta

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Fotografía: Hemeroteca PL

Usaba pantalones cortos cuando se inició en la política. Tenía apenas 11 años, cuando participó en las brigadas de niños y jóvenes que dirigieron el tráfico en la capital para la Revolución del 20 de octubre de 1944.

Desde entonces, encaminó su vida a un fin concreto: prepararse para servir, y tal vez dirigir, un país dominado hasta entonces por la bota militar.

Tenía madera de líder. De personalidad magnética, era a la vez estudioso, pragmático, incorruptible y hasta guapo, recuerdan amigos y parientes. Los hombres lo admiraban y las mujeres suspiraban por él, incluso cuando disentían de sus posiciones políticas.

Era igual de encantador y sencillo compartiendo frijoles con las personas más humildes que sentado a la mesa de las casas más elegantes, recuerda su sobrina, Yolanda Colom.

Sabía escuchar y se daba a manos llenas. Meme siempre estaba ahí para tenderle la mano a sus amigos, recuerda el licenciado Alfredo Balsells Tojo, su compañero desde la niñez. Casi cualquiera que haya trabajado en la Municipalidad -cuando Colom Argueta fue alcalde- llegó a considerarse su amigo personal.

Tenía ángel, afirma el periodista Miguel Ángel Méndez Zetina, quien cubría la fuente del Palacio de la Loba en aquellos días. Su interés por las personas era genuino. La excelencia era algo natural en él. Lograba lo que se proponía sin aparentemente tener que esforzarse, sin demostrar obsesión alguna por lo perfecto.

Desde la primaria hasta la Universidad, se disputaba siempre los primeros puestos de la clase. Fue el segundo de su promoción en vestir la toga de abogado en 1957; ganó el premio Gálvez de la Universidad de San Carlos, USAC, a la mejor tesis, y una beca para estudios de Derecho Laboral, Urbanismo y Ciencia Política en Florencia, Itlaia, los cuales culminó con honores.

En los deportes también sobresalió, principalmente en el baloncesto, a pesar de que no era muy alto; por algo sus hermanos lo apodaban con cariño el Sapo.

Persecución y lucha

El corazón de Colom Argueta siempre ardió con el fuego de la Revolución de Octubre. Intentó inscribirse en el Frente Popular Libertador cuando ni siquiera tenía cédula de vecindad y participó, ya universitario, en las protestas por la imposición del gobierno de Carlos Castillo Armas.

Ahí le abren ficha en el Ejército y comienza a ser perseguido, indicaba su hermana, ya fallecida, Lulú Colom de Herrarte.

Sus ideas lo llevan varias veces a la cárcel y al exilio. Al regresar de Italia, en 1960, comienza a denunciar la corrupción del gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes y se gana su aversión personal. Lo arrestan la primera vez, acusado de esperar una goleta con armas de Cuba y de complotar con Fidel Castro para preparar una revolución en Guatemala…

El día que inscribió al FUR en el Registro de Ciudadanos, el 15 de marzo de 1979, comienza a despedirse de sus hermanos. Les cuenta que militares le han advertido de un plan para asesinarlo, pero que el propio Gobierno se lo ha desmentido.

En el fondo, sabe que sus días están contados. La mañana del 22 de marzo, sale de su oficina en la cuarta avenida de la zona nueve, sin imaginarse que eran los últimos minutos de su vida.

El comando Seis de la Policía y el Ejército tenían preparado, desde temprano en la madrugada, un plan para asesinarlo. Lo acribillaron a balazos a unos pasos del Parque de la Industria. En los alrededores del lugar fueron vistos el jefe de la policía secreta y el de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala.

Hay quienes afirman que un helicóptero, al mando del general Barrios Cancinos, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, dirigió el operativo desde el aire.

Treinta y nueve años después, el crimen continúa impune…

Adaptación artículo publicado por el diario Prensa Libre

http://www.prensalibre.com/hemeroteca/manuel-colom-argueta-hombre-de-esperanza

Guatemala: miles acompañaron el funeral de Manuel Colom Argueta en 1979

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Fotografía: Mauro Calanchina

Manuel Colom fue uno de los principales líderes democráticos de oposición a la dictadura oligárquico militar en Guatemala, fue asesinado el 22 de marzo de 1979 durante la dictadura del general Romeo Lucas García, el ejército de Guatemala montó un operativo militar para asesinarlo.

Siete días antes, el 15 de marzo de 1979 el Frente Unido de la Revolución (FUR) partido político al que perteneció Manuel Colom, logró quedar inscrito con miras a las elecciones presidenciales en 1982.

Del año 1970 a 1974 Manuel Colom Argueta ganó las elecciones y fue alcalde municipal de la ciudad de Guatemala, durante su alcaldía modernizó la administración municipal y diseñó un plan que alcanzaría su proyección hasta el año 2000, considerado uno de los estadistas de la ciudad capital.

 

Marchan en la UNAM a un año del feminicidio de Lesvy Berlín

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Fotografía http://www.somoselmedio.org

Ciudad de México, 4 de mayo 2018.- A un año del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, padres, amigos, compañeros y sociedad civil se reunieron para realizar una marcha exigiendo justicia y el esclarecimiento de los asesinatos ocurridos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El cuerpo de Lesvy Berlín Osorio fue hallado, la madrugada del pasado 3 de mayo de 2017,  con signos de ahorcamiento y colgado en una cabina telefónica cerca del Instituto de Ingeniería, dentro de las instalaciones de la máxima casa de estudios. Lesvy tenía 22 años cuando fue privada de la vida por José Luis, en ese entonces pareja de la joven.

Un año después de este doloroso hecho, decenas de mujeres y hombres se manifestaron en una marcha pacífica que tuvo como punto de reunión la Rectoría General de la Ciudad Universitaria encabezada por Araceli Osorio, madre de Lesvy, padres y madres de jóvenes estudiantes de la UNAM asesinados en los últimos años.

Al llegar a la cabina telefónica en donde fue hallado el cuerpo de Lesvy, estudiantes de la UNAM colocaron una ofrenda  en el lugar para recordar a la joven.

Araceli Osorio dirigió unas palabras de aliento a los jóvenes y agradeció por el apoyo brindado durante el año que ha luchado por que se haga justicia para su hija. Posteriormente, padres y madres de estudiantes de esta casa de estudios se unieron a la exigencia de justicia.

El pasado 9 de abril, la Procuraduría declaró el caso de Lesvy como feminicidio agravado, después de un año de esfuerzos de los familiares de Lesvy y sus acompañantes para lograr que la justicia reconozca que fue víctima de feminicidio y poder encontrar justicia.

Foto: Daniela Hernández/Somoselmedio.org

Foto: Daniela Hernández/Somoselmedio.org

Foto: Daniela Hernández/Somoselmedio.org

Foto: Eduardo Alarcón

Foto: Daniela Hernández/Somoselmedio.org

Foto: Eduardo Alarcón

Foto: Daniela Hernández/Somoselmedio.org

Foto: Eduardo Alarcón

 

 

“Mata a un indio de Codeca y haz Patria”

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Fotografía: entremundos.org

Por: Ollantay Itzamná

El miércoles 9 de mayo, del presente año, a las 8:30 am., asesinaron con 9 disparos de bala al defensor  comunitario de derechos humanos, Luis Arturo Marroquín en una librería, en el parque central del municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa.

Luis Marroquín era de origen indígena Xinka. Integrante de la coordinación nacional del movimiento indígena campesino, denominado Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Coordinaba los procesos de formación, resistencias comunitarias y defensas de derechos en el departamento de Jalapa.

En el instante que lo mataron, el defensor se encontraba recogiendo material didáctico para la asamblea formativa que realizaría, minutos después en un barrio, en el mismo municipio, sobre el ejercicio y defensa de derechos.

CODECA responsabiliza al Presidente de Guatemala del asesinato del defensor de derechos

El 02 de mayo, Jimmy Morales, Presidente de Guatemala, ante manifestantes en su apoyo, en un discurso público, tildó a Codeca de ser una organización delincuencial, aliado con el Ministerio Público y la CICIG. Y, los centenares de manifestantes ovacionaron al Presidente que señalaba al “enemigo interno del país”.

Otto Pérez Molina, expresidente, actualmente preso por actos de corrupción, también acusó en reiteradas oportunidades a dicho movimiento como: “un cáncer social que se expande peligrosamente en el país”.

Este discurso oficial de odio, sumado a la estigmatización permanente promovido por los ricos del país, logró instalar en el imaginario colectivo urbano y rural de Guatemala la idea de: Codeca es el principal enemigo interno del desarrollo de Guatemala.

En consecuencia, en la actualidad, la aniquilación/asesinato físico de los integrantes de Codeca se está constituyendo casi en un virtuoso acto patriótico. Algo así como: “Haz Patria matando a un indio de Codeca”.

No es la primera vez que asesinan a defensores de derechos de Codeca

En la larga noche violenta post Acuerdos de Paz, los asesinatos selectivos contra defensores comunitarios de derechos se acrecentaron simétricamente con relación a la ola invasiva de los proyectos empresariales de despojo.

Sólo a finales del pasado año, asesinaron a otros dos defensores de derechos de Codeca. Y lesionaron gravemente a otros dos. A los cuatro, mientras realizaban paro nacional contra la corrupción y el saqueo de los territorios. Los responsables, hasta ahora, premiados con la impunidad.

Desde 2014, el Estado de Guatemala ha creado una Fiscalía Especial contra Codeca que opera con cuatro fiscales. Esta unidad del Ministerio Público (MP) criminalizó y encarceló arbitrariamente incluso al fundador y coordinador del movimiento, pero no ha logrado vencer ni un solo juicio contra defensores de Codeca. Es más, la ONU, en uno de estos casos, resolvió en contra del Estado de Guatemala por detenciones arbitrarias.

¿Por qué los ricos y su Estado criollo odia a defensores de Codeca?

Este movimiento de defensores de derechos, constituido por indígenas y campesinos sin sueldos, se ha constituido prácticamente en el único baluarte de la defensa de derechos y territorios con alcance nacional.

Ante la ausencia de propuestas de cambios estructurales urgentes (que requiere este país patas arriba), Codeca plantea e impulsa un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, sin ningún parangón sincrónico, ni diacrónico en el país. La propuesta es la creación del Estado Plurinacional, con autonomías territoriales, por la vía democrática.

Para avanzar en la restauración y ampliación de derechos, Codeca construye, por primera vez en la historia de Guatemala, un instrumento (organización) político propio (Movimiento para la Liberación de los Pueblos) de los pueblos y movimientos sociales.

Circunstancialmente, Codeca es una idea transformadora que paulatinamente se convierte en una imparable voluntad multitudinaria a nivel nacional. Una fuerza casi mítica que a mayor golpe, más se fortalece, que a mayor estrangulamiento económico, más se amplía.

¿Quién mató al campesino José Can Xol?

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Fotografía: Jeff Abbott

Por: Cesia Juárez

Ayer, 11 de mayo en horas de la mañana, paramilitares entraron y agredieron la comunidad Choctún Basilá, municipio de Cobán, Alta Verapaz, donde fue  asesinado José Can Xol cuando auxiliaba a de  Lidia Esperanza con sus seis hijos, quien había sido atacada en su casa.  Al iniciar los disparos los comunitarios hicieron un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC),  pero estos argumentaron  la falta de combustible para poder trasladarse.

José Can Xol tenía 37 años de edad, era  padre de siete niños, miembro de la junta directiva regional del Comité de Campesino del Altiplano (CCDA). Se encontraba en su sembradía cuando comenzaron los disparos contra la comunidad.

Las amenazas de una cooperativa a las familias

A pesar de que las 90 familias que viven en la comunidad cuentan con la documentación de sus terrenos, hace diez años constantemente reciben amenazas de desalojo por parte de dirigentes de la Cooperativa Chilté, formada por un grupo de empresarios de la región a través de paramilitares.

Por este conflicto recientemente se registró el  asesinato de una niña y ahora el crimen contra  José Can Xol, 90 órdenes de capturas  y el encarcelamiento de Manuel Coc esposo de Lidia Esperanza ,detenido junto a Juan Bautista el 13 de septiembre, mientras Jorge Coc Coc y Marcelino Coc fueron detenidos este años.

Reacciones sobre el asesinato

La dirigente de Cobán Lesbia Artola del CCDA dijo “Esta cooperativa está deteniendo a nuestros compañeros con órdenes de capturas y matando a los que no tiene orden de captura”.

Por medio de un comunicado de prensa el CCDA manifestó su posición respecto al asesinato. “Responsabilizamos al Estado de Guatemala por la muerte del compañero José Can Xol, y el incremento a la vulnerabilidad de las comunidades, por no resolver la Problemática Agraria y criminalización al movimiento social indígena y campesino, provocando con ello llevar a las más graves situaciones a las familias, violentando todos sus derechos” .

Por su parte el diputado Leocadio Juracán denunció en su cuenta de Facebook “Este nuevo hecho de violencia en contra de las comunidades no es más que el reflejo de la falta de atención e interés por parte del Estado de resolver la conflictividad agraria en el país”.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas emitió otro comunicado donde manifiesta su preocupación por el asesinato de dos defensores de derechos humanos en una semana. Demanda una pronta investigación tanto sobre el asesinato de José Can Xol como  de Luis Arturo Marroquín, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), al Ministerio Público (MP) y la PNCC para dar con los autores intelectuales de los hechos.

 

 

 

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