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Channel: Asesinato – Prensa Comunitaria

Conmemoran 41 aniversario del asesinato del padre Walter Voordeckers en Santa Lucía Cotzumalguapa

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Por Regina Pérez

Feligreses y miembros de la Asociación Memoria Dignificación y Esperanza (AMDE) conmemoraron con una misa y ofrendas florales el 41 aniversario del asesinato del padre Walter Voordeckers, de nacionalidad belga, asesinado el 12 de mayo de 1980 en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Durante la misa celebrada en la sede de AMDE, una organización que nació para buscar a personas desaparecidas en la Costa Sur durante el conflicto armado, la feligresia recordó el apoyo que Voordeckers dio a los campesinos que trabajaban en las fincas, quienes exigían un salario más justo, que se incrementó a Q3.20 centavos durante la huelga de trabajadores en 1980.

El padre Voordeckers se identificó con la causa de los campesinos, por eso lo tacharon de comunista. Hoy conmemoramos el aniversario de su muerte, para nosotros los cristianos él no murió, él vive espiritualmente entre nosotros, señaló una feligresa.

Su pecado fue denunciar las atrocidades que sufrían los campesinos en el campo. Para nosotros es un ejemplo y por eso año con año conmemoramos su muerte, no olvidamos su trabajo y su lucha, mencionó otra feligresa durante la misa, en memoria del sacerdote.

De acuerdo con una semblanza del sacerdote, realizada por Guatebelga, una asociación sin fines de lucro con sede en Bélgica, Voordeckers ya había recibido amenazas de muerte y había manifestado su temor por ello.

“Tengo un miedo tremendo, porque ya recibí amenazas, me quieren matar y me van a matar, pero si me quieren agarrar o si me quieren arrastrar, yo voy a correr, no me voy a dejar secuestrar, prefiero recibir un balazo y no ser secuestrado”, comentó el 11 de mayo de 1980. Un día antes de su asesinato.  

El informe Guatemala, Memoria del Silencio, realizado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), señala que la línea pastoral del padre coincidía con los planteamientos de la teología de la liberación y quedó muy impresionado por las condiciones de vida de los campesinos de las fincas algodoneras y de los ingenios de caña de azúcar.

Esa línea pastoral derivaba en una prédica de carácter ético-social hacia los campesinos, que entró en conflicto con los intereses de los dueños de las fincas e ingenios y tenía prohibido celebrar misas en centros productivos, según el informe.

En 1976 con motivo de una huelga en el ingenio Pantaleón, el padre Voordeckers proporcionó comida a los trabajadores y sus familias.

Ese mismo año aparecieron pintadas en paredes de Santa Lucía Cotzumalguapa varias amenazas públicas en contra del padre Voordeckers suscritas por el autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA), recopiló el documento.

El 12 de mayo de 1980 cuatro individuos armados estaban apostados frente a la parroquia y la sede de la Policía Nacional de Santa Lucía Cotzumalguapa. El padre salió alrededor de las 10 de la mañana hacia la oficina de correos, cuando estos individuos trataron de secuestrarlo y al fallar en el intento, le dispararon. El religioso recibió  siete heridas de bala.

De acuerdo con el informe de la CEH, se presume fundadamente que Voordeckers fue víctima de agentes del Estado o sujetos que contaron con su tolerancia y posterior protección. Además, las autoridades guatemaltecas no cumplieron con su deber de investigar y sancionar a los responsables de este crimen.

Hoy, las familias sobrevivientes del conflicto armado interno en la Costa Sur, que forman parte de AMDE conmemoraron su vida y colocaron ofrendas florales en la placa ubicada en el lugar donde fue asesinado, así como en el cementerio de la localidad, donde están sus restos.

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Asesinan a Beatriz Cano, comunicadora indígena del Cauca

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Por Colombia Informa

La mujer recibió tres impactos de bala cuando el vehículo en el que se desplazaba fue atacado por hombres que emprendieron la huida luego de haberse cobrado la vida de dos patrulleros de la Policía Nacional.

Beatriz Cano, comunicadora indígena del Tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, es otra de las víctimas de la incursión armada ocurrida en Santander de Quilichao el pasado 4 de junio y que dejó en su momento dos policías y dos indígenas muertos.

Cano, de 34 años, falleció a causa de las heridas propinadas por tres impactos de bala recibidos en dicho ataque. Su deceso ocurrió en horas de la tarde del 7 de junio en la clínica Valle del Lili de Cali, donde previamente se le diagnosticó un cuadro de muerte cerebral.

La noticias de su muerte fue compartida en Twitter por Martha Peralta Epieyú, dirigente del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, y por el congresista Feliciano Valencia.

Éste último escribió:

Con profunda tristeza despedimos hoy a Beatriz Cano, comunicadora y madre, guerrera de voz dulce que fue silenciada por las balas de quienes nos han declarado la guerra. Mi solidaridad con su familia y amigos

Valencia, quien fue exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha sido uno de los líderes políticos más comprometidos en las denuncias contra ataques a la vida de indígenas en Colombia.

Los hechos

Dados a conocer por el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque armado se presentó después de las nueve horas del pasado 4 de junio, cuando atacantes que se desplazaban en una camioneta negra abrieron fuego contra las instalación policial ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao.

En el cruce de disparos fue impactada una Jeep de servicio público en la que se desplazaban varios comuneros indígenas que se dirigían a la vereda San Pedro, en cercanías de la cabecera municipal.

Entre las primeras víctimas se encontraban una mujer de 54 años de nombre Aleida Perafán, habitante de Vilachí y un joven de 21 años llamado Juan David Guegue, autoridad u’kawe’sx del resguardo de Munchique los Tigres. Ambos murieron en el hospital de Santander de Quilichao.

Según el comunicado emitido por el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos entre las personas heridas se encontraban cuatro comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija Ayelén Guetio de cinco años de edad, así como el comunero Floresmiro Tróchez.

Por la gravedad de las heridas de Cano y su hija, ambas fueron remitidas a Cali para ser tratadas en la clínica Valle del Lili; en Santander, permanecieron César Galarza, con heridas en las piernas, y el comunero Tróchez.

Por parte de la Policía Nacional, las víctimas fueron María Isabel Angulo Ribera y Carlos Giovanny Delgado Jiménez, dos patrulleros que recibieron impactos con arma de fuego.

El ataque armado fue atribuido a la disidencia de las Farc, frente Dagoberto Ramos, que hace presencia en el sur de Colombia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó las bajas de los patrulleros y ordenó las respectivas investigaciones:“Rechazamos cualquier atentado o afectación que tenga la Policía Nacional. Lamentamos que esta mañana dos patrulleros en Santander de Quilichao fueran asesinados por un fusil, presuntamente, por las disidencias de las Farc”.

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos exigió el cese el fuego a los actores armados cuya presencia altera la región.

Beatriz Cano se desempeñaba como comunicadora comunitaria con un destacado trabajo en Radio Payumat, que contaba con el respaldo de las comunidades indígenas del suroccidente de Colombia.

Al momento de cierre de esta nota, se espera parte de salud de su hija, Ayelén Guetio de cinco años de edad, víctima del acto armado del 4 de junio.

Publicado originalmente en Colombia Informa.

Acusan a exkaibil de asesinato y deberes contra la humanidad por masacre de Las Dos Erres

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Por Regina Pérez

Este miércoles, en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, se realizó la audiencia de primera declaración del exintegrante de las fuerzas especiales kaibil del ejército, José Mardoqueo Ortiz Morales, detenido y extraditado a Guatemala en mayo pasado, por su presunta responsabilidad en la masacre de Las Dos Erres, ocurrida en Petén, en 1982, donde fueron masacradas al menos 200 personas.

Foto: Famdegua.

En la audiencia, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó a Mardoqueo Ortiz Morales de los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad, por haber sido parte de la patrulla élite kaibil que ejecutó la masacre de Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, los días 7 y 8 de diciembre.

La fiscalía también solicitó a la jueza Claudette Domínguez que Mardoqueo Ortiz sea ligado a proceso por existir elementos racionales suficientes sobre su participación en los hechos.

Según la fiscal del MP, Paula Herrarte, Ortiz Morales junto a otros integrantes de la patrulla y 40 soldados, reunieron a los pobladores en dos grupos, la madrugada el 7 de diciembre. A los hombres los reunieron en la escuela y a las mujeres y niños en la iglesia de la comunidad y los masacraron en lugares conocidos como “El Pozo”, “La Aguada” y “Los Salazares”.  

Al mando del teniente César Adán Rosales Batres, la patrulla que integró el acusado cometió actos de violencia y violación sexual en contra de las mujeres capturadas y a algunas las obligaron a preparar comida para los soldados, según el MP.

En horas de la tarde masacraron a la población en tres lugares. Según la Fiscalía, Mardoqueo Ortiz contribuyó al traslado de la población, entre niñas, niños, mujeres y hombres que estaban reunidos en la iglesia y escuela, a la orilla de un pozo de agua en construcción.

En ese lugar sometieron a los pobladores a interrogatorios, empleando métodos de tortura. Posteriormente se les privó de la vida con un golpe en la cabeza y los lanzaron al pozo. A las personas que sobrevivían al golpe se les lanzaba de igual manera.  Para asegurarse que nadie quedara con vida les dispararon y lanzaron granadas de fragmentación. Al finalizar cubrieron el pozo con tierra para no dejar indicios de la masacre.

El acusado habría contribuido al lanzamiento de niñas, niños, mujeres y hombres a dicho pozo.

Según el MP, Mardoqueo Ortiz y los demás integrantes de la patrulla provocaron “graves violaciones a los derechos humanos”, como allanamientos ilegales sin orden de juez competente, actos de violencia sexual de forma pública e indiscriminada en contra de varias mujeres, obligándolas posteriormente a cocinarles a los soldados, interrogatorios mediante actos de tortura a mujeres y hombres con el objeto de obtener información de fusiles que habían sido robados previamente por la guerrilla, así como la privación de la vida a niñas, niños, mujeres y hombres.

De acuerdo con la fiscal del MP, los masacrados eran población civil no combatiente. En las exhumaciones se han recuperado las osamentas de al menos 171 personas, se precisó.    

Mardoqueo se abstuvo de declarar.

Abogado: se les consideró enemigos

La Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos (FAMDEGUA) es querellante en este caso. El abogado Edgar Pérez, en representación de Famdegua, dijo que había una orden concertada de eliminar a la comunidad, a pesar de no encontrar armas ni propaganda.

Los actos degradantes se cometieron en contra de la población, no importando que fueran niños y niñas y mujeres embarazadas, señaló.

Según Pérez, la comunidad estaba siendo próspera y desarrollada cuando se ejecutó la masacre “por una decisión política”, al considerarlos sus enemigos.

El abogado también se refirió a parte de algunos testimonios de los sobrevivientes de la masacre, que relatan como se escuchaban los gritos de agonía de las personas, entre ellos el de Ramiro Osorio, un niño sobreviviente, que fue llevado como “botín de guerra” por los kaibiles.

Extraditado a Guatemala

Mardoqueo Ortiz fue extraditado de Estados Unidos a Guatemala el pasado 7 de mayo en seguimiento a la investigación que realizó la Fiscalía de Derechos Humanos en el caso Las Dos Erres.

Por este caso otro exkaibil, Gilberto Jordán, enfrentará juicio en 2022. El militar retirado también fue extraditado de EE.UU. en 2020. 

Por otro lado, Abogados Sin Fronteras, solicitó este miércoles al gobierno de Canadá, tomar acciones contra Jorge Vinicio Sosa Orantes, también exkaibil sindicado de haber participado en la masacre de las Dos Erres, quien luego de recibir una sentencia de 10 años de prisión en Estados Unidos por no mencionar que perteneció al ejército guatemalteco, al presentar sus papeles de solicitud de ciudadanía, se refugió en Canadá donde vive de manera impune.

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El abogado defensor de oficio, Juan Luis Monterroso Luna, solicitó falta de mérito y argumentó que los medios de prueba no aclaran que Ortiz Morales haya participado directamente en los hechos que se le imputan, aunque haya estado en el lugar; dijo que, de acuerdo con la distribución de fuerzas en una operación de ese tipo, pudo estar en otro sitio. Agregó que su defendido en ese momento tenía 20 años de edad, por lo que cumplía órdenes. No estaba en una posición de mando y no se pueden generalizar las conductas de todas las personas.

Finalmente, la jueza Claudette Domínguez, decidió diferir su fallo para revisar la totalidad de medios de convicción y convocó a las partes para el martes 22 de junio, a las 9 horas, cuando resolverá la situación jurídica de José Mardoqueo Ortiz Morales y concluyó la audiencia a las 16:20 horas.

Petén: 20 años de cárcel por el crimen contra Domingo Choc Aj Ilonel

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Por Elmer Ponce

San Benito, Petén. El caso por el linchamiento de guía espiritual Domingo Choc Che, de 56 años, ocurrido el 6 de junio de 2020, llegó a la etapa de sentencia. Los acusados, Edyn Arnoldo Pop Caal, de 21 años, Magaly Pop Caal, de 27 y Romelia Caal Chub, de 49, fueron sentenciados a 20 años de cárcel por homicidio.

Domingo Choc Che era un conocido Aj Ilonel maya q´eqchi´ y Ajq’ij o guía espiritual, miembro activo de la Asociación de Concejos de Guías Espirituales Releb’aal Saq’e’ (ACGERS) con sede en Poptún, Petén.

La crónica

Es 24 de junio de 2021, un día como cualquier otro. El reloj marca las 8:20 horas. Frente al edificio del Tribunal de Sentencia Penal y Delitos contra el Ambiente, de San Benito Petén. Los agentes de seguridad chequean a cada persona que ingresa.

Foto: Elmer Ponce

Juan Castro, miembro del Bufete de Pueblos Indígenas, abogado de la familia de Domingo Choc, acompaña a doña Rosa Guegue Caal, viuda de Choc. Ingresan al edificio seguidos por los tres sindicados que son conducidos por policías del Sistema Penitenciario (SP).

La audiencia está programada para las 8:30. La jueza Haydee Toledo Cruz da la orden de ingresar a la sala. Los acusados muestran nerviosismo. Una de ellas eleva una plegaria, mientras los policías cierran la puerta. Se prohíbe el ingreso a la prensa. Este día acudieron varios comunicadores para cubrir la sentencia.

Foto: Elmer Ponce

Los resultados

Juan Castro, abogado de la familia Choc, informó que este día concluye el debate y los inculpados tienen la oportunidad de dar las últimas palabras. Edyn Arnoldo y Magaly Pop Caal, quienes argumentaron desconocer lo que pasó, en tanto que Romelia Caal dijo que ella no estaría acá si Domingo Choc no hubiera realizado brujería a su esposo don José Pop. En su criterio, no se hizo justicia por su esposo.

La jueza da un receso y anuncia que continuará la audiencia a las 11 horas

En los pasillos del Organismo Judicial todo corre aprisa. El tiempo no se detiene para los sindicados, quienes esperan sentados en una banca. Romelia Caal, con un güipil azul y corte a rayas multicolor, se acuesta.  Tiene un dolor en la boca del estómago. Llora, se enjuaga las lágrimas y dice que hay un Dios que hará justicia.

Foto: Elmer Ponce

En tanto, Edyn Arnoldo, responde molesto que él no dará ninguna entrevista. El Ministerio Público (MP) había pedido a la jueza, la pena máxima de 50 años de prisión inconmutables para los tres sindicados, por el delito de asesinato.

Son las 11 horas. Todos los comparecientes ingresan de nuevo a la sala y se reinicia la sesión. Transcurren otros 60 minutos hasta que se anuncia la sentencia. Todos en silencio: 20 años de prisión por homicidio, indica. Se les absuelve del delito de asesinato y la reparación digna de 13 mil 600 quetzales, concluye la jueza.

Foto: Elmer Ponce

El abogado Juan Castro, manifestó su malestar por la decisión del Tribunal, al subestimar el hecho de que quemaron viva a una persona.

Domingo Choc tenía más de veinte años de ser Aj Ilonel, una figura dentro del modelo médico maya, además era guía espiritual y científico. Dedicaba parte de su tiempo recorriendo lugares lejanos, para encontrar las plantas con las que curaba. Las enfermedades que trataba eran físicas y espirituales.

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Urgente: asesinan a comunicador social en Chiquimula

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Por Prensa Comunitaria

El comunicador Social Pedro Alfonso Guadrón Hernández, de 30 años, murió la tarde de este viernes en el Hospital Nacional de Chiquimula, luego de que fuera herido de bala en la aldea El Pinito, Concepción Las Minas, Chiquimula. El hecho fue condenado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, quien recomendó a las autoridades el pronto esclarecimiento del crimen y que no quede impune.

El joven fallecido administraba una página informativa en Facebook, que tenía como nombre “Concepción las Minas Mi Tierra”, en la que aparece como periodista de dicho medio de comunicación digital, la que contaba con 39 mil 238 seguidores.

La periodista Julie López, autora de “#Geradi: Muerte en el Vecindario de Dios” y #ElChapGuzman: la escala en Guatemala”, publicó en un mensaje de Twitter : “Luto en el #periodismo Hoy balearon al periodista Pedro Guadrón, de 30 años, en Concepción Las Minas, Chiquimula. Falleció en el hospital. Había denunciado amenazas. La Prensa trabaja en condiciones absurdas de vulnerabilidad, particularmente en zonas rurales. QEPD. #Guatemala”.

Miguel Ángel Albizures, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó el hecho, que se suma a muchas agresiones que sufren periodistas y comunicadores en diferentes departamentos. Es claro que él ejercía su derecho a la libertad de expresión a través de una página informativa, indicó.

A decir de Albizures, los periodistas departamentales trabajan en condiciones de alta vulnerabilidad, porque son las mismas autoridades las que los agreden, pero además no les prestan la más mínima protección cuando la necesitan. Se sabe que Guadrón Hernández había presentados denuncias ante la Policía Nacional Civil (PNC) y no le pusieron atención, mucho menos le ofrecieron seguridad, anotó.

La situación de inseguridad para la prensa departamental es bastante grande, no solo por la actitud de funcionarios públicos, sino también de miembros de entidades privadas, que no están de acuerdo con la crítica o la información que revelan los comunicadores, subrayó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG.

Otro de los problemas es el crimen organizado. El narcotráfico actúa en muchos departamentos con toda impunidad y ataca a periodistas y comunicadores si sus informaciones no les convienen, esto se incrementa porque no hay control sobre ellos y porque muchas veces las autoridades están vinculadas con las mafias y la corrupción, concluyó Albizures.

La Auxiliatura del PDH en Chiquimula abrió un expediente y junto a la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas darán seguimiento a las acciones de las autoridades encaminadas a que este crimen sea esclarecido, conforme a los procedimientos de ley.

La libertad de expresión y de libre emisión del pensamiento están garantizadas en la Constitución Política de la República y han quedado amparadas por las Convenciones Internacionales de las que el Estado de Guatemala forma parte. Cualquier ataque violento o mortal contra las y los periodistas impacta directamente en estas libertades, su familia, gremio y toda la sociedad, señala un comunicado del PDH.

El PDH reiteró al Ministerio Público la urgente necesidad de implementar el Programa de Protección a Periodistas y garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales en todo el territorio nacional, a fin de que realicen su labor en un entorno seguro.

Un año después del asesinato de Benoît Maria el MP realiza las primeras capturas

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Por Diego Petzey

Trece meses después del asesinato del ciudadano francés Benoît María, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo la  mañana de este martes a dos personas durante cinco allanamientos realizados en la aldea Pacam, de San Antonio Ilotenango, Quiché.

La PNC informó que capturaron a Diego y Elías Eliseo Tay Vicente por el delito de asesinato de Benoît María ocurrida en agosto de 2020; y a Margarito Tay Ajiataz, por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Mientras que en los allanamientos la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y de la Sección Contra Ataques a Defensores de Derechos Humanos del Ministerio Público incautó celulares, armas de fuego y municiones.

Algunas personas quienes pidieron no ser citadas dicen que las investigaciones deben seguir para establecer si existen más personas involucradas y que se debe llegar a los autores intelectuales para aclarar las causas del asesinato de B’en Ijo, como era conocido por el pueblo Ixil.

Foto: MP
Foto: MP
Foto: MP

El asesinato de Benoît María

El 10 de agosto de 2020 “fue interceptado por individuos desconocidos” quienes le dispararon. El vehículo que manejaba Benito, como lo conocían sus amigos, tenía al menos 19 impactos de bala, según el reporte policial. María era de nacionalidad francesa y trabajaba en la organización internacional Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras en Guatemala.

Su asesinato ocurrió en un camino del caserío Pacam de la aldea Canamixtoj, en San Antonio Ilotenango, Quiché.

Lea más en:

Benoît Maria y su aporte a las autoridades ancestrales, la agricultura y la medicina Q’eqchi’ e Ixil

Su legado en las comunidades indígenas

Benoît María llevaba 20 años trabajando con comunidades indígenas Q’eq’chi e Ixil en temas agrícolas y soberanía alimentaria.

Pedro Raymundo integrante de una cooperativa con quien trabajó Benoît relata que los proyectos que implementó continúan funcionando. “Los mercados campesinos siguen funcionando en la actualidad, semanalmente benefician a 200 familias de agricultores, nos sentimos orgullosos de las ideas de nuestro hermano Benito; es como que si él estuviera aquí. La semilla que el dejó la seguimos regando nosotros y estamos convencidos que seguirá floreciendo”, dice Raymundo.

El 9 de agosto del presente año autoridades ancestrales de varias comunidades de Alta Verapaz realizaron varios homenajes en su memoria.

Lea más aquí:

Benoît Maria vive en la memoria y corazón de las personas con las que trabajó

Foto: cortesía

#NiUnaMenos Indignación por el asesinato de Brenda Ramírez, concejal municipal de Jutiapa

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Por Andrea Rodríguez

Los bomberos voluntarios de Jutiapa publicaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en Pipiltepeque, Jutiapa. Se trata de Brenda Huite Ramírez, de 39 años, quien se encontraba en su casa cuando fue asesinada con arma de fuego.

Brenda era concejal suplente de la Municipalidad de Jutiapa. Era conocida como una lideresa y luchadora en su comunidad. Brenda era originaria de la aldea Corozal en el Municipio de Santa María Ixtahuacán, Santa Rosa. Vivía en el caserío Jícaro Grande, cantón de Pipiltepeque.

Los perpetradores son desconocidos, y hasta el momento la Policía Nacional Civil ha llegado al sitio para investigar. Se ha iniciado la coordinación con el Ministerio Público para trasladar el cuerpo de Brenda al Inacif.

Izabal: otro defensor de la tierra de CODECA asesinado

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Por Aj Ral Cho’ch’ / video: Choc.

Pablo Ramos era dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en el departamento de Izabal. Mantenía, junto a muchas familias, una lucha por la recuperación de las tierras en la comunidad de Navajoá, en el municipio de Morales, Izabal, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Ramos trabajaba como todos los días en un local propio, donde vendía artículos de consumo diario, ubicado en el kilómetro 258 de ruta al Atlántico. Según testigos, el crimen fue realizado por dos sicarios que se conducían en una motocicleta, en la tarde del 7 de junio. Ramos perdió la vida por impactos de arma de fuego.

La comunidad y la organización denunciaron que Ramos había recibido múltiples amenazas e intimidaciones por parte de miembros de la familia Manchamé, que viven en la misma comunidad. Y como ha ocurrido en otros asesinatos de dirigentes de CODECA, les queda una larga espera para llegue la justicia.

La resistencia por la recuperación de la tierra, comenzó el 27 de abril del año 2018 con 53 familias. Actualmente participan en una mesa técnica con el Estado de Guatemala y diferentes instituciones estatales. Participan delegados de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADE), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Fondo de Tierras, el Registro de Información Catastral RIC, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) y el acompañamiento de la bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) en la ciudad de Guatemala.

En medio de esta lucha… recibieron amenazas e intimidaciones.


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Asesinan a dirigente campesino en Honduras

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Santos Hipólito Rivas es el séptimo defensor de la tierra y el agua asesinado en los primeros meses de 2023, según Plataforma Agraria Honduras.

Por Isela Espinoza*

La tarde de este lunes la comunidad de Panamá ubicada en el municipio de Trujillo despidió al dirigente campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, de 15 años, asesinados con varios disparos el domingo pasado cuando se conducían en una motocicleta en la comunidad de Ilanga. Ambos eran miembros de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Chávez.

La Plataforma Agraria hondureña y la Coordinadora de las Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denunciaron el asesinato y exigieron la intervención de la Fiscalía de Crímenes contra la Vida para que investigue lo ocurrido y dé con los responsables del crimen.

Santos Hipólito Rivas era conocido por su labor como fundador de la empresa campesina Gregorio Chávez y desde el 28 de marzo de 2019 tenía medidas de protección interna ya que el dirigente rural había denunciado en varias ocasiones que “era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado que lidera alias Piturro, que opera a lo interno de la finca Paso Aguán desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región”, dijo la Plataforma Agraria y COPA.

En junio de 2019, integrantes de la comunidad campesina de Panamá junto a la Plataforma Agraria presentaron una denuncia ante el entonces fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado. “El Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua en Aguán”, enfatizaron las organizaciones en el comunicado de prensa.

Siembran miedo en la población

“No eran delincuentes, sino que lucharon con dignidad para que este pueblo de Panamá deje de estar aguantando hambre y mendigando trabajo”, afirmó un hermano de Hipólito Rivas durante el sepelio.

De acuerdo con medios alternativos, el grupo armado que lidera alias Piturro atemoriza a dirigentes comunitarios y busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la empresa campesina Gregorio Chávez, que hoy custodia un área en recuperación ganada tras años de luchas campesinas contra intereses de influyente grupo de terratenientes palmeros.

“Este delincuente es un pulpo que tiene tendido los tentáculos en medio de las fincas en donde estamos luchando”, agregó el familiar del comunitario y señaló a la policía de convivir y recibir dinero de asesinos.

De 2012 a 2021, Honduras registró el asesinato de 114 activistas lo que lo convierte en el cuarto país con tasas más altas de asesinatos a defensores de la tierra y el agua. Organismos como la Tierra y el Agua pidieron al Estado Hondureño crear una comisión tripartita con las cooperativas agrarias para solventar la violencia contra los comunitarios.

*Con información de medios hondureños