18 de mayo de 2018. Nos preocupa lo que parece ser un clima en deterioro para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En los últimos 10 días, tres defensores de derechos humanos que trabajaban con organizaciones de derechos de los pueblos indígenas y de campesinos fueron asesinados.
El 9 de mayo, Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organización de la sociedad civil que trabaja en los derechos de los campesinos y pueblos indígenas, fue asesinado en de San Luis Jilotepeque, Jalapa. El 10 de mayo, José Can Xol, líder comunitario del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), fue asesinado en la comunidad de Choctún Basilá en Cobán, Alta Verapaz. Y el 13 de mayo, otro miembro de CCDA, Mateo Chamán Paau, fue asesinado en la comunidad de San Juan Tres Ríos, Cobán, Alta Verapaz.
Las dos últimas comunidades, Choctún Basilá y Tres Ríos, están involucradas en procesos para garantizar los derechos a la tierra y han estado trabajando con el Gobierno en un acuerdo que aborda más de 50 conflictos de tierras en el país. Otros integrantes de estas organizaciones también han sufrido amenazas y ataques en los últimos meses, los cuales han sido documentados por la Oficina del Alto Comisionado.
Hacemos un llamado a las autoridades a investigar prontamente estos asesinatos y otros ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, y a garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. También instamos al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para que defensoras y defensores de derechos humanos realicen su trabajo libres de amenazas y ataques.
Compartimos la profunda preocupación sobre la protección de los pueblos indígenas que reclaman su derecho a la tierra, expresada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, durante su visita a Guatemala a principios de este mes, cuando se reunió con representantes de las dos organizaciones a las que pertenecían los defensores de derechos humanos asesinados.
También hemos observado con preocupación campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación independientes, funcionarias y funcionarios del sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos y otros actores involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad del pasado y del presente.
Hacemos un llamado al Estado para que aborde estas cuestiones como parte de sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, la protección del derecho a la libertad de expresión y la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Confiamos en que el Gobierno cumpla con su compromiso de avanzar con la adopción de una Política Pública sobre Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, con la participación de la sociedad civil a nivel local y nacional. También reiteramos el llamado del Alto Comisionado que exhorta al Estado a fortalecer la Instancia de Análisis de Patrones de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos.
Nuestra Oficina en Guatemala continuará monitoreando estos casos, brindando apoyo a las víctimas y proporcionando asistencia técnica a las instituciones estatales pertinentes, así como a la sociedad civil.
Triste caen las gotas de lluvia sobre el pueblo, porque la soberbia de un hombre lleno de odio le puso fin a tu existencia en este mundo.
En ninguna parte te quisieron, ni tu propio país fue capaz de cubrir tus necesidades básicas para una vida digna, por eso tomaste la decisión de irte a la tierra de los libres, si libres, pero para matar a tus hermanos y hermanas así como te mataron a vos.
Estás muerta no podrás leer esto, pero de alguna forma quiero que sepas que mi corazón sangra por vos y por todos los que pierden la vida tratando de llegar a la tierra prometida.
Morir joven llena de vida fue tu destino, así como el destino de todos los que tienen la desdicha de nacer en este continente donde la corrupción, el racismo y el odio imperan.
Nunca te conocí personalmente pero no soy tan diferente a vos, por eso mi cuerpo mortal se desploma y caigo sobre mis rodillas de impotencia, al saber que el culpable de tu muerte es también el que viaja a tierra santa para aprobar la muerte de miles y millones de patojas como vos.
El culpable de tu muerte no solo es el agente racista, sino también los otros culpables son esa pandilla que poco a poco acaba con el futuro de los jóvenes de tu pobre país.
Espero que puedas descansar patoja chula y perdónanos porque somos más que los culpables y no pudimos arreglar las condiciones de vida aquí antes que te fueras.
Claudia nació mujer, nació indígena y nació pobre: los requisitos indispensables en este país para que las oportunidades se esfumen aunque tenga toda la capacidad, inteligencia, perseverancia y decisión de salir adelante.
En un país machista, racista, violento, tercermundista y demás, un país en donde solamente el 23% de mujeres indígenas terminan la primaria, Claudia fue parte de esta cifra y lo logró, el 17% logra salir de tercero básico y Claudia lo logró y el 6% logra salir de diversificado: Claudia y su familia se esforzaron por no ser una cifra más y logra graduarse de Perito Contador. Pese a todas las adversidades finalmente tenía un título, título que no le sirvió de nada porque de esos 6 de cada 100 que logran graduarse, solamente 2 llegan a tener un empleo formal. Así que se fue en busca del utópico “sueño americano”.
Un tiro en la cabeza por parte de un agente de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos acabó instantáneamente con 20 años de sueños, 20 años de esfuerzo, 20 años superando cada obstáculo que se le presentó en su vida. Con todo en contra, ella siguió adelante y hoy se convierte para mí, quizá para ti, en una figura que representa a todas esas mujeres migrantes que no logran llegar a cruzar la frontera, las que son violadas y desaparecidas en el camino, las que murieron de sed, de frío, de insolación, de asfixia, de un tiro, de hambre, por querer llegar “al país de las grandes oportunidades”, representa a las mujeres que salen llorando después de un rotundo NO al solicitar su VISA y a las que desean tener alas para volar y llegar a tener unos dólares para mandar a casa con el sueño de un día poder regresar y vivir dignamente.
El pueblo recuerdo esa fatídica fecha cuando llegaron los antimotines para el desalojo violento a los pobladores y de la Gremial de pescadores, quienes estaban manifestando pacíficamente en contra de la contaminación del lago de Izabal, producida por CGN PRONICO, una empresa que ahora es propiedad Solway Investment Group con sede en Suiza.
Los agentes de la PNC dispararon con sus armas de fuego en contra de la gente, sin importarles la vida de muchas personas que estaban en el lugar. El estado de Guatemala negó este crimen, así lo replicaban en diferentes medios de comunicación empresariales, en sus declaraciones de Nery Ramos director de la PNC se atrevió a afirmar: “los agentes de la PNC no portaban armas de fuego y no hubo ningún muerto en el municipio de El Estor.”
Este crimen se suma a la larga lista cometidos por la empresa en contra de la población q’eqchi´, la respuesta a la petición de dialogar con el Estado fue brutal, para proteger el negocio de la minera fue asesinando a un integrante de la gremial y otro quedo herido como fue el caso de Alfredo Maquín, también pescador.
Muchos fuimos testigos del momento del asesinato del pescador Carlos Maás por la PNC, todo fue documentado en fotos y videos, publicados en este medio, Prensa Comunitaria.
El Ministerio Público (MP) no se hiso presente para levantar el cadáver y ante la ausencia, los familiares y pobladores trasladaron el cuerpo sin vida, a su casa, en el barrio San Jorge, fue difícil para la esposa e hijo ese momento y un año después sigue siendo difícil sin la cabeza de hogar, compañero de vida y padre.
En la mañana del día domingo 28 de mayo 2017, en medio de amenazas por la PNC a los dirigentes de la Gremial de Pescadores realizaron el sepelio para guardar los restos del integrante Carlos Maás, su nombre es escuchado en la voz del pueblo y su voz en el viento de las brisas del lago.
Esta muerte, no puede quedar en la impunidad, tampoco la muerte de uno de los lagos más hermosos del Caribe, ni la muerte de las tzultak’a de las montañas a manos de la extracción minera.
Fotografìa Carlos Ernesto Choc. / Prensa Comunitaria Km. 169. Año 2017.
Funeral de Carlos Maas el 28 de mayo de 2017 en El Estor Izabal.
Movilización a los 40 días del asesinato de Carlos Maas en El Estor.
Tres estudiantes universitarios murieron sospechosamente dentro de las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel el 31 de marzo del 2012
Juan Carlos Velásquez Marroquín de 24 años, Nahomy Lara Orellana de 20 años y Ángel Rodolfo de León Palacios de 20 años fueron encontrados sin vida y con golpes, dentro de las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel – CGN, en El Estor, Izabal. Eran estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala y estaban en una gira de observación de especies animales y vegetales, programados como actividades en uno de los cursos universitarios que respondía a un convenio entre la universidad y la empresa minera CGN.
Sus familias buscan justicia desde entonces y ha sido un camino largo lleno de obstáculos, ya que la minera y la misma universidad han puesto tantos amparos que lograron suspender el proceso. Este crimen no ha sido esclarecido, mañana 28 de mayo de 2018 inicia el juicio oral y público contra la Universidad del Valle de Guatemala, la Compañía Guatemalteca de Níquel y Lemuel Valle biólogo y catedrático de los estudiantes.
Video de las familias de los estudiantes universitarios, publicado en Un minuto de silencio para romper el silencio.
Monterrey, mayo 2018.- Alicia Díaz González, colaboradora de El Financiero, fue asesinada a golpes en el interior de su vivienda, ubicada en el sexto sector de la colonia Del Paseo Residencial, al sur de Monterrey.
El cuerpo de la periodista de 52 años especializada en finanzas, fue descubierto por su hijo.
Alicia Díaz es el quinto periodista asesinado en México durante 2018: el 15 de mayo fue ultimado en Tabasco el comunicador y empresario Juan Carlos Huerta Gutiérrez, conductor del programa radiofónico Panorama sin reservas y de un noticiario televisivo en el canal 9 local.
El 21 de marzo, en Veracruz, fue asesinado Leobardo Vázquez Atzin, quien durante varios años trabajó para el periódico La Opinión y era titular del portal de noticias Enlace Gutiérrez Zamora.
El 13 de enero, Carlos Domínguez Rodríguez, del Diario de Nuevo Laredo, fue ultimado de 21 puñaladas.
Y el 6 de enero fue ultimado José Gerardo Martínez Arriaga, editor de la agencia de noticias de El Universal.
Washington DC.
En el territorio de la Nación Piscataway
Secretaria Kristjen M. Nielsen
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
Washington, D.C. 20016
Comisionado Kevin K. McAleenan
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos
Departamento de Seguridad Nacional
Washington, D.C. 20016
¡Exigimos justicia para Claudia Patricia Gómez González de la Nación Maya Mam!
cc: Ministra Sandra Erica Jovel Polanco, Relaciones Exteriores de Guatemala
Secretaria Nielsen y Comisionado McAleenan:
Escribimos esta carta como pueblos Mayas, pueblos originarios del norte y sur de Abya Yala (las Américas); individuos aliados de diversas religiones, académicos, y organizaciones de derechos de inmigrantes, derechos humanos y el medio ambiente, que trabajan para defender y proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Ha pasado un mes desde el asesinato de nuestra hermana Claudia Patricia Gómez González, mujer Maya Mam. El 23 de mayo en Río Bravo, Texas, un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó a Claudia Patricia en la cabeza y la mató, tenía solo 20 años. Su asesinato ocurrió poco después de la implementación de la odiosa política de “tolerancia cero”, que viola los derechos humanos fundamentales de los infantes, los niño/as y los jóvenes. Seguimos esperando una respuesta para la familia de Claudia Patricia tanto como el público contra su asesinato y buscamos justicia por su muerte.
Familiares de nuestra hermana Claudia declararon, “si no fuera por la pobreza no sucediera eso, por eso uno busca su camino para salir adelante y lamentablemente ella no logro lo que quería hacer. Es importante dar a conocer la situación porque muchos jóvenes salen de sus pueblos. La situación aquí es muy difícil. Los padres están en una situación muy difícil y en una crisis por la noticia que recibieron y también lo económico que implica muchos gastos.”
Guatemala está en crisis, especialmente para los pueblos Maya, Xinka y Garifuna. Guatemala continúa perpetuando las violaciones de los derechos humanos, la opresión sistémica y la exclusión de los pueblos originarios en todos los niveles de la sociedad. Existen desigualdades debilitantes en la propiedad de la tierra, incluido el control y la gestión de estas tierras. La migración forzada de los pueblos de Guatemala es un síntoma de las causas subyacentes derivadas de más de 500 años de robo de tierras, opresión, racismo y exclusión institucionalizada, mayormente para los pueblos originarios. La manifestación más reciente de la persecución de los pueblos originarios, particularmente de los Mayas, se ve en más de 36 años de conflicto armado interno y genocidio en Guatemala. Más de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecieron, y un millón y medio de personas desplazadas por la fuerza; la gran mayoría de ellos pueblos originarios. Este período de la historia, respaldado por las políticas y fondos de los Estados Unidos, ha causado un daño irreversible. Se observan efectos residuales en la migración forzada de los niño/as y nieto/as de cientos de miles de víctimas del conflicto armado interno. Las actuales políticas de inmigración inhumanas hacen que la inmigración sea aún más peligrosa para todos durante el viaje. La inmigración frecuentemente termina en una horrible separación familiar para los niños y niñas y no solo para los niño/as de Guatemala. Esta separación causa un trauma psicológico, espiritual y físico irreversible a los niño/as. Hasta la fecha, casi 2,000 niños fueron separados de sus padres y sigue habiendo poca claridad sobre el proceso de reunificación familiar.
A pesar de ser la mayoría, los pueblos originaros de Guatemala carecen una representación política real, el derecho a la libre determinación y el reconocimiento de derechos colectivos sobre nuestras tierras, territorios y bienes naturales. Tal fue la conclusión reciente de Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial Sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, durante su visita oficial a Guatemala en mayo de 2018. La Relatora nuevamente enfatizo la falta de toma de decisiones, incluido el derecho a tomar decisiones sobre las tierras, territorios y elementos naturales sagrados de los pueblos originarios.
Aunque nuestros derechos están articulados en diversos documentos oficiales – en la Constitución de la República de Guatemala, La Ley Marco de los Acuerdos de Paz Firme y Duradero, El Convenio 169 de la OIT, el Articulo número 1 del Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Internacional sobre los Derechos Culturales, Económicos y Sociales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuales establecen los estándares mínimos en materia de nuestros derechos – nuestra realidad es otra.
Como pueblos Mayas, pueblos originarios del norte y sur de Abya Yala (las Americas); individuos aliados de diversas religiones, académicos, y organizaciones de derechos de inmigrantes, derechos humanos y el medio ambiente: todos estamos especialmente preocupados por los abusos que enfrentan las familias y comunidades. El reciente asesinato de nuestra hermana Maya Mam, Claudia Patricia Gómez González, ha demostrado claramente las atrocidades que enfrentan muchos de nuestros hermanos y hermanas en la frontera, muchos de ellos son indígenas y muchas veces invisibles. Los recientes actos de violación por la separación forzada de niño/as de sus familias han victimizado a miles de niño/as, y los niño/as de pueblos originarios son algunos de los más vulnerables, están indefensos porque solo hablan su lengua materna y no pueden comunicarse. Estamos indignados por los ataques contra nuestras familias y comunidades y por esta razón SOLICITAMOS lo siguiente al gobierno de los Estados Unidos:
Investigar y enjuiciar a los responsables del homicidio de Claudia Patricia Gómez González en los Estados Unidos en la búsqueda de justicia por este acto criminal, la impunidad no será aceptable.
Compartir públicamente los avances y resultados de la investigación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
Garantizar la seguridad e integridad personal de los tres jóvenes mayas que estuvieron con Claudia Patricia, fueron testigos de su asesinato y actualmente están detenidos en los Estados Unidos. Solicitamos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se encuentren en condiciones que les permitan brindar un testimonio completo y preciso sin temor, incluido el acceso a intérpretes en idioma Maya Mam y consejeros de trauma.
Una reunión con líderes de pueblos originarios desplazados, muchos de los cuales viven ahora en los Estados Unidos, junto con líderes de pueblos originarios de los Estados Unidos para escuchar las preocupaciones y recomendaciones relacionadas con la crisis causada por las políticas de inmigración que están sembrando el miedo, la discriminación, el racismo, la separación familiar y la criminalización de las comunidades.
Reconocer e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el mínimo estándar para el respeto y la protección de los derechos como naciones indígenas, en un contexto de conflicto, persecución y desplazamiento forzado de nuestras tierras y territorios que nos han convertido en refugiados.
En consideración de todo lo presentado, esperamos que haya un futuro para el diálogo. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con usted o un representante designado para mantener una discusión que pueda lograr estos objetivos por el bien de las vidas de nuestros pueblos y nuestras generaciones futuras. Nuestro punto de contacto para la coordinación es Juanita Cabrera López, miembro de la Nación Maya Mam y Directora Ejecutiva de la Liga Maya Internacional, juanita@mayanleague.org; (202) 827-6673.
El multijugador playboy es encontrado culpable de estrangular a su prometida ejecutiva de mercadotecnia estadounidense en lujoso hotel sudafricano y luego mutilando su cuerpo por horas porque pensó que ella era “una demonio” mientras tomaba un cóctel de drogas.
Diego Carlos Estuardo Dougherty Novella, de 44 años, estranguló y destrozó el cráneo de Gabriela Kabrins Alban.
Él la mató después de tomar un cóctel de drogas en su hotel de $ 1,300 por noche.
Novella afirmó que las drogas lo hicieron matar a su novia, pero se le negó el asesinato.
Un juez lo encontró culpable después de escuchar evidencia de cómo él profanó su cuerpo.
El multimillonario playboy Diego Novella se enfrenta a la vida en una prisión del infierno luego de ser declarado culpable del horrendo asesinato y la profanación de su prometida estadounidense.
Novella, de 44 años, estranguló y destrozó el cráneo de la ejecutiva de marketing Gabriela Kabrins Alban, de 39 años, después de beber un cóctel masivo de drogas en su villa de hotel de $ 1,300 por noche en Ciudad del Cabo.
El guatemalteco afirmó que el alucinante brebaje hizo que Gabriela, la hija de un empresario de Beverly Hills, apareciera como un “demonio” y admitió haber lanzado un feroz ataque para “matarlo”.
Novella le dijo al Tribunal Superior de Western Cape en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que aceptó que había matado a Gabriela, pero negó el asesinato y culpó a las drogas por sus acciones.
El multimillonario playboy Diego Novella (izquierda) se enfrenta a la vida en una prisión del infierno luego de ser declarado culpable del horrendo asesinato y la profanación de su prometida estadounidense Gabriela Kabrins Alban (centro),
La corte escuchó que un patólogo experto quien estimó que después de que Gabriela muriera estrangulada, su amante pasó dos horas profanando su cuerpo de una manera horrible.
Le rompió el cráneo en el suelo del baño y luego le tapó la garganta con comida antes de defecar en su rostro y rociarlo con chocolates, dulces y patatas fritas.
La corte escuchó que había pruebas claras de que tuvo relaciones sexuales con ella y la pudo haber sodomizado, pero Novella afirmó que fue consensual y tuvo lugar antes de que él la matara.
Él violó con sus tenacillas de rizar y extendió sus extensiones de cabello entre sus piernas. También dejó una nota en sus pechos que decía ‘cerote’, que significa ‘pedazo de s ***’ en español.
El abogado defensor William Booth afirmó que Novella no era culpable de asesinar a Gabriela, pero que había disminuido la responsabilidad debido a los efectos psicóticos de las drogas.
Dijo que su cliente había tomado cannabis, aceite de cannabis y un medicamento de venta libre llamado sceletium, que en dosis intoxicantes puede causar euforia, inicialmente con estimulación y luego con sedación.
Novella afirmó que, juntas, las drogas “le volaron la cabeza”.
Las pruebas científicas en el cuerpo de Gabriela no mostraron rastros de ninguna droga ilegal en su sistema.
Gabriela Kabrins Alban.Diego Novella.Novella (en la foto con Gabriela) estrangulada y destrozada en el cráneo después de consumir un cóctel masivo de drogas
Su padre Howdy, de 70 años, ha insistido en que su hija no era drogadicta.
“La ingesta de cannabis, aceite de marihuana y sceletium del acusado lo llevó a estar en un estado psicótico y desinhibido, y no actuó como delincuente”, dijo Booth.
“Dijo que observó a un demonio (el difunto) y la ingesta de esas sustancias le causó este efecto psicótico. Esto, en pocas palabras, esta es su defensa ‘.
El juez Vincent Saldanha había sido informado por Novella que su cóctel de drogas hizo que Gabriela se convirtiera en una “entidad demoníaca”.
Dijo que pensaba que su amante se había convertido en el “diablo” interpretado por la actriz Linda Blair en la película de 1973 The Exorcist.
Afirmó que la “entidad demoníaca” lo atacó y mató a “eso” en defensa propia, pero tenía muy poco recuerdo de haberlo hecho.
Novella afirmó que su mente había sido ‘secuestrada’ y admitió ‘mis manos la mataron pero mi mente no lo hizo’.
Sin embargo, el fiscal estatal Mornay Julius dijo que el mejor psiquiatra forense, el profesor Sean Kaliski, creía que el acusado había estado actuando con capacidad criminal en ese momento.
El Sr. Julius argumentó que Novella estaba motivada por una profunda ira influenciada por la adición de drogas.
“Sometemos que el nivel de intoxicación es muy exagerado por el acusado para ayudar en su caso”, dijo.
El padre de Gabriela, Howdy (en la foto a la derecha, con Novella) agregó que pediría la pena de muerte para el asesino de su hija.
El tribunal escuchó las pruebas médicas de Novella para bebidas y drogas que nunca se habían llevado a cabo.
El juez Saldanha emitió un juicio condenatorio, al dictaminar que Novella efectivamente había inventado la historia de “demonios y demonios” en un intento por culpar de lo que había sucedido con las drogas.
“Desde mi punto de vista, usted sabía exactamente lo que estaba haciendo en ese momento y había una clara intención de su parte de asesinar al difunto y me parece culpable de homicidio”, dijo.
La defensa afirma que había sufrido un episodio psicótico y que actuaba como un “automatom” que había sido desacreditado por un panel de psiquiatras forenses que dijo que estaba actuando con ira.
El aceptado su intoxicación por drogas puede haber exacerbado su ira, pero no era una defensa legal.
Novella es descendiente del multimillonario Dougherty Novella en Guatemala, dueño de Cementos Progreso, la compañía de cemento más grande del país, y una de las familias más poderosas del país centroamericano.
Novella había convencido a su amante de Los Ángeles para que se uniera a él en Sudáfrica en 2015, donde había estado asistiendo a un centro espiritual, creyendo que podría ayudar a tratar su enfermedad de Lyme.
La enfermedad de Lyme es causada por la picadura de una garrapata y puede causar dolores de cabeza e hinchazón, fiebre y cansancio extremo, y puede provocar parálisis del nervio facial, artritis y meningitis.
Sin embargo, antes de que su tratamiento pudiera comenzar, Novella, el hijo de un barón cementero guatemalteco, había tomado un gran cóctel de drogas y había atacado a Gabriela en su villa.
El personal del hotel boutique Camps Bay Retreat en Ciudad del Cabo dijo que alrededor de la época del asesinato, se lo vio en el vestíbulo ‘tocando la guitarra de aire’ y despotricando contra las vidrieras.
Cuando el personal del servicio de habitaciones sorprendió más tarde encontró el cuerpo profanado de Gabriela, llamaron a la policía.
Los detectives endurecidos admitieron que lo que encontraron les impactó hasta la médula.
Novella atacó a su prometida en su villa de hotel de $ 1,300 por noche en Ciudad del Cabo (en la foto)
Novella fue arrestada y él ha permanecido bajo custodia en el ala de la prisión de un hospital desde el asesinato el 29 de julio de 2015.
El padre de Gabriela, Howdy, y su segunda esposa, Linda, de 73 años, asistieron a los 125 días del juicio junto con su madre, mamá Doris Weitz, de 66 años, y su esposo, el juez retirado de los Estados Unidos Alexander Williams, de 73 años.
Los cuatro dijeron que estaban decididos a garantizar que se haga justicia con la ex talentosa graduada de comunicaciones de la Universidad de Pepperdine, Gabriela, quien dirigía su propia empresa de marketing exitosa en los Estados Unidos.
Howdy dijo que su hija primero salió con Novella en la universidad, pero terminó la relación debido a su adicción a las drogas. Más tarde se casó con el mejor pediatra estadounidense, el Dr. Blake Alban, de 41 años.
Pero después de que se divorciaron, Novella contactó con ella en 2013 a través de las redes sociales y comenzaron a salir nuevamente.
“Gaby era vulnerable porque su matrimonio se había roto y se desarrolló un romance y poco antes de que ella fuera asesinada, indicó que podrían tener hijos juntos”, dijo Howdy.
“Novella parecía estar limpia de drogas o de lo contrario Gaby no se habría acercado a él.
“A fines de 2014, fui a visitarlos a Guatemala y quedé impresionado al encontrar una figura 13 tatuada en un costado del cuello, como en América del Sur y Estados Unidos, que es el signo de la mafia mexicana de las drogas.
l personal del hotel boutique Camps Bay Retreat en Ciudad del Cabo, con vistas al océano, encontró su cuerpo. En la foto, Camps Bay
“Encontré que era agresivo y no tenía una buena vibra sobre él, pero mi hija era una mujer adulta. ¿Qué podía hacer?
“Me gustó mucho su primer marido, pero no me gustó este nuevo tipo”.
Continuó: “Avance rápido hasta las 3 de la madrugada del 29 de julio de 2015, y recibí una llamada, al igual que mi ex esposa Doris de la Oficina del Departamento de Estado diciéndonos que Gaby había sido asesinada y que Novella había sido arrestada.
“Fui a Sudáfrica con mi esposa Linda y Doris se fue con su esposo y trajimos su cuerpo a casa a Los Ángeles para un entierro judío y juré hacer justicia para mi hija en ese momento.
“Ciudad del Cabo se ha convertido prácticamente en mi hogar ahora que comencé a investigar por mí mismo y prometí entregar cada piedra para obtener pruebas y me he sentado en la corte todos los días desde que comenzó el juicio.
“Cuando lo vi por primera vez en la corte, tuve que ser retenido por amigos porque quería asaltarlo.
“Este viaje desde el asesinato de Gaby ha sido una enorme carga emocional, física y financiera para todos, pero es lo que tuve que hacer por ella y me alegro de que finalmente haya terminado.
‘Él asesinó, profanó y humilló a nuestra hija y ahora ya no duermo por la noche.
“Doy gracias a Dios por los amigos que tengo en Estados Unidos y por todos los amigos que he hecho en Sudáfrica, que nos han mantenido a todos fuertes y nos han apoyado en todo momento para hacer justicia”.
“Las historias iniciales que llegaron a la prensa fueron que estaban en una orgía de drogas y sexo que salió mal, pero eso ha demostrado ser una mentira. Fue un horrible y sangriento asesinato de sangre fría”.
Howdy agregó que pediría la pena de muerte para el asesino de su hija.
Él dijo: ‘Aquí no hay pena de muerte, pero si hubiera, lo pediría.
Howdy dijo que su hija primero salió con Novella (en la foto) en la universidad, pero terminó la relación debido a su adicción a las drogas. Después de su divorcio, se volvieron a conectar
“Solo pido que, como un hombre muy rico y con un fondo muy privilegiado, no sea puesto en una prisión privilegiada”.
“No quiero que pueda comprarse una manera fácil de pasar la vida tras las rejas”. Quiero que él sufra.
“Conozco las historias de cómo son las cárceles de la corriente principal en Sudáfrica y lo quiero dentro de él así que siente el terror y el miedo que le dio a Gaby por el resto de su vida antinatural.
‘La vida sin Gaby es tan increíblemente difícil. Siempre quise crear un legado para nuestro único hijo y sus nietos. Esta bestia ha quitado todo eso. Él nos quitó nuestros sueños.
‘Duele tan profundo, tan profundo. Su madre y yo la extrañamos mucho. Todos los que la conocieron lo hicieron.
Dijo que crearía una organización a nombre de su hija que marcaría la diferencia para ayudar a las mujeres maltratadas y enseñar a los adolescentes varones cómo convertirse en hombres que aprenden a respetar y cuidar a las mujeres”.
Él dijo: ‘No puedo devolver a Gaby, pero ahora puedo seguir adelante y hacer algo especial en su nombre. Quiero poner algo en su lugar que mantenga su nombre vivo para siempre y que haga la diferencia”.
Playboy Novella perderá una vida lujosa de jet-setting y autos veloces que representan una condena a cadena perpetua en una de las cárceles más horribles del mundo.
La prisión de Pollsmoor en Ciudad del Cabo se construyó para 4,336 hombres, pero tiene más de 7,500 encerrados.
Está dirigido por brutales bandas rivales y ataques violentos y la violación en grupo es lo que saluda a la mayoría de los recién llegados.
Con su rico historial, es probable que sea blanco desde el momento en que llegue.
Después de su condena, pronto será liberado de la seguridad del hospital a la prisión principal donde enfrentará una batalla diaria por la supervivencia a menos que pueda comprar protección.
Novella (derecha, con Gabriela, izquierda) dijo que su cóctel de drogas le hizo pensar que su amante se había convertido en el “diablo” interpretado por la actriz Linda Blair en la película de 1973 The Exorcist
Las celdas construidas para llevar a 30 hombres a menudo se llenan con hasta 80 prisioneros violentos que tienen que compartir un inodoro comunal sucio. La mayoría tiene que dormir en el piso y muchos están sin mantas.
Si se lo obliga a unirse a una pandilla de números dentro, ya sea de 26, 27 o 28, se espera que sea la “esposa” de un miembro y si no obedece sus reglas, puede enfrentar asesinatos, mutilaciones o violaciones en grupo.
Sin embargo, si no se une a una pandilla, no tendrá su protección y se verá obligado a valerse por sí mismo a menos que pueda obtener protección. Solo hay un guardián por cada 100 presos y por la noche, los guardianes se van.
Además del miedo al asesinato, existe un gran riesgo de suicidio y los reclusos en condiciones de hacinamiento a menudo contraen la tuberculosis o la enfermedad de Weil de las ratas, así como el enorme riesgo de infección por VIH.
‘Es un zoológico humano. Estoy asustado. Ni siquiera los guardias dentro de aquí están a salvo “, dijo el actor Ross Kemp después de visitar Pollsmoor por su documental Ross Kemp on Gangs.
Su única esperanza de sobrevivir a su cadena perpetua es una transferencia a una prisión más segura.
Pero el padre de Gabriela dijo: ‘Lo quiero en Pollsmoor para todos los días por el resto de su vida.
‘Su dinero no debería comprarle protección. Gaby no tenía protección. Él no merece protección. Si se hace justicia, se lo encerrará allí y se enfrentará a los terrores que tuvo mi hija”.
Gabriela se encontró con su muerte en su suite de lujo Villa Room 14, que tenía su propia piscina privada en los terrenos del hotel de lujo que se encuentran en cuatro acres de una reserva natural con vista al Océano Atlántico.
Afuera de la corte, el padre de Gabriela agregó: “Prometí que cuando fue asesinada lo haría bajo el sol para hacer justicia por mi hija y he hecho lo que prometí y él es culpable.
“Cuando el juez dictaminó que se trataba de un asesinato, sentí que su padre y su madre habían hecho exactamente lo que se habían propuesto hacer y ver cómo lo esposaron y los derribaron, eso fue para Gaby”.
La sentencia de Novella se suspendió hasta el 7 de agosto para la preparación de los informes.
En allanamientos efectuados desde muy temprano este viernes, tres sujetos fueron capturados por las autoridades debido a la violación y muerte de una mujer y su hija de dos años.
Raúl Poou Co de 47 años, Cruz Fidelino Pérez Mejía de 25, y Juan José Archila de 27, tendrán que solventar su situación ya que son acusados de Femicidio en agravio de Catarina Velásquez Mendoza, quien después de ser ultrajada, fue asesinada a machetazos detrás de su vivienda en el barrio El Porvenir en la noche del 31 de mayo del 2017. Su hija, Dayri Fabiola Mendoza Velásquez de 2 años también fue asesinada y localizada dos días después en un terreno baldía del barrio Lomas del Norte.
Desde ese entonces, los investigadores han estado detrás de los posibles culpables del doble crimen que causó repudio desde el año pasado. La orden de aprehensión de los sindicados, fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual de San Benito, Petén.
Además de los capturados, otros señalados no fueron localizados en los allanamientos que desde muy temprano se hicieron en los barrios El Porvenir, La Esperanza y Lomas del Norte.
Los hechos del año pasado
Con heridas profundas en el cráneo y una en el cuello le fue cegada la vida a la joven madre Catarina Velásquez Mendoza, de 20 años. Ella estaba con sus cuatro hijos esa noche y según relatos del varón de 6 años, dos sujetos que aparentemente estaban bajo efectos de licor o alguna droga, llegaron a irrumpir la humilde vivienda que está retirada de las demás casas.
“Al ver que agredían a mi mamá detrás de la casa, salí corriendo con mi hermanita de 20 días en los brazos, pero solo mi otro hermano de 4 años me pudo seguir para pedir ayuda. La que tiene dos no sé qué pasó con ella” relató el menor a las autoridades.
Aparentemente, los atacantes aprovecharon que la joven mujer estuviera sola con sus cuatro hijos al momento de su asesinato, ya que su esposo, Artemio Mendoza Raymundo de 34 años, andaba ingiriendo licor. Peritos del Ministerio Público (MP) que llegaron para realizar las diligencias del caso, indicaron que por la forma en que fue encontrada, y la manera en que tenía las prendas, la fémina pudo haber sido abusada sexualmente.
Después de intensas búsquedas en las áreas verdes de los distintos barrios, la menor Dayri Fabiola Mendoza, fue localizada ya en estado de descomposición y con señas de haber sido devorado partes de su pequeño cuerpo por animales. Luego de las diligencias, los cuerpos fueron trasladados a Huehuetenango, de donde era originaria la familia.
Tegucigalpa 7 de agosto 2018. La familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados del MADJ, nos presentamos ante la opinión pública para alertar sobre el futuro del proceso judicial por el asesinato de nuestra compañera y coordinadora general, Berta Cáceres y el intento de asesinato de nuestro compañero Gustavo Castro.
En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace más de 2 años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas realizadas por el Ministerio Público y la ATIC. En por lo menos 35 ocasiones la fiscalía del caso se ha negado a entregar información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular.
Hemos presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como ha ignorado reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de 5 días.
Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido.
Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la CIDH, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo.
Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.
El juicio al que nos enfrentamos es contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres; sicarios y mediadores. Quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH. Sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores intelectuales.
La ausencia de persecución de quienes, desde cargos directivos, mandaron a asesinar a Berta Cáceres es responsabilidad del fiscal general Óscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen.
Debe saberse que David Castillo Mejía, gerente general de DESA, perseguidor y acosador de Berta Cáceres fue capturado no por voluntad o investigación del Ministerio Público sino por una denuncia hecha por nuestro equipo. La cual no fue presentada únicamente para él sino para una serie de personas de la empresa DESA y no hay ninguna respuesta.
En este juicio se emula la realidad de los territorios indígenas y campesinos de Honduras en los que las comunidades organizadas se enfrentan a las empresas. En este juicio no nos enfrentamos a la defensa de Sergio Rodríguez sino a la defensa de la empresa DESA, de sus directivos y dueños. Nos enfrentamos también a unas autoridades complacientes con la impunidad, tal como en las violaciones de los derechos de las comunidades.
Con el beneplácito del Estado se busca acabar con la oposición a una cierta forma de desarrollo que trae hambre, destrucción, lágrimas y sangre a las comunidades más abandonadas por el mismo Estado. Con su beneplácito se niega incluso la condición de víctima del COPINH.
Reiteramos y alertamos que nos enfrentaremos en la mayor desventaja a un proceso judicial con enormes irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas.
Conferencia de prensa sobre las irregularidades del proceso penal por el asesinato de Berta Cáceres. Fotografía COPINH
Abogada Heidy Alachán y Bertha Zúñiga, durante la conferencia de prensa en Casa de la Memoria. Fotografía Nelton Rivera.
Por David Toro
El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Berta era una voz potente de la denuncia y lucha por las comunidades indígenas en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros de Honduras. Su labor fue destacada a nivel internacional, en el año 2015, ganó el Premio Goldman, máximo premio ambientalista a nivel global.
Bertha Zúñiga, coordinadora del COPINH visitó Guatemala para denunciar las irregularidades con las que se ha manejado el proceso penal en contra de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres. Ella comentó que la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía Desarrollos Energéticos SA (DESA), denominado “Agua Zarca” en territorio de la comunidad Lenca, le costó la vida a Cáceres. Sin embargo, en la actualidad, El COPINH dirigido por Zúñiga, se propone lograr justicia dentro de una compleja causa judicial.
Además, la joven líder comentó durante una conferencia de prensa que el próximo mes de septiembre se espera que 7 de los 8 implicados sean sometidos a Juicio Oral y Público en la ciudad de Tegucigalpa.
La abogada Heidy Alachán del Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia (MADJ) quien acompaña a Bertha Zúñiga en esta lucha legal, declaró que los días 23 y 24 de agosto se concederá una audiencia para el ofrecimiento de pruebas en Tegucigalpa, la cual ya ha sido suspendida en diversas ocasiones, “el Ministerio Público ha reconocido no haber realizado distintos peritajes relacionados a los implicados y ha negado el acceso a información” resaltó Alachán.
La causa Judicial está dividida en 2 procesos, uno que se encuentra por iniciar el Juicio Oral y Público en contra de los autores materiales del crimen y el segundo se trata del proceso contra el autor intelectual del crimen y ex presidente de la empresa DESA, Roberto David Castillo Mejía, indicó Zúñiga.
Según datos otorgados por el COPINH los implicados al primer proceso judicial de la causa son: Douglas Bustillo, un militar retirado, acusado de planear el asesinato de Cáceres, el mayor Mariano Díaz Chávez, asociado a Bustillo era militar en servicio activo en el momento de su detención, Henrry Hernández, quien trabajó con Mariano Díaz en las fuerzas especiales del ejército, además de los sicarios, Edilson Duarte, Emerson Duarte y Oscar Torres. en este proceso está ligado Sergio Rodríguez Orellana un ingeniero ambiental que estuvo a cargo del alcance comunitario en la región de Río Blanco para la corporación DESA.
La preocupación del COPINH y la representación legal de la parte demandante es que en el mes de noviembre expira la prisión preventiva de los implicados a este proceso y posiblemente aún no exista una sentencia definitiva y convincente, esto fue señalado por la Abogada Alachán durante su vista a Guatemala.
El segundo proceso se encuentra más atrasado, se trata del procesamiento del autor intelectual de los crímenes, el señor Roberto David Castillo, expresidente de la corporación DESA, quien fue detenido en marzo del presente año, su caso aún está por dar inicio a la etapa intermedia, aunque existe mucha incertidumbre de este caso por separado, pues para la abogada Alachán “el proceso es lento y se espera que existan dificultades y obstáculos de todo tipo para procesar a Castillo y para que se le imputen los delitos que corresponden”.
Bertha fue clara al indicar que el Ministerio Público y el Tribunal Especial a cargo de los procesos no han reconocido el asesinato de Berta Cáceres como un ataque sistemático de parte de la empresa DESA a los integrantes del COPINH, sin mencionar que además de los 8 implicados que ya se encuentran dentro de un proceso, existen más actores que no han sido involucrados aún. Entre los posibles responsables como autores intelectuales del crimen, se encuentra toda la Junta Directiva de DESA.
El proceso judicial del asesinato de Berta Cáceres requiere en este momento de mucha atención por parte de la comunidad internacional, los entes encargados de velar por los Derechos Humanos y de la prensa, pues el complejo y poco fiable sistema judicial hondureño promete no entregar pronta justicia para un caso emblemático que ejemplifica y enmarca los atropellos que sufren las comunidades en Centroamérica, por parte de estructuras paralelas de poder.
En un contexto, en el que la justicia hondureña podría perpetuar la impunidad con la que actúan las empresas con proyectos extractivos, corporaciones, paramilitares y familias poderosas en este país centroamericano.
Conferencia de prensa: "Represa de violencia, el plan que asesino a Berta Cáceres." Desde Gu https://t.co/Co2YNTqN0F
Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(…) asegurar que los familiares (…) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes
8th Day Center for Justice
67 Sueños – Estados Unidos
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador
Amnistía Internacional
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania
Carea e.V – Alemania
Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Chinese Progressive Association – Estados Unidos
Climate Justice Alliance – Estados Unidos
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador
Collettivo Italia Centro América – Italia
Comité Campesino del Altiplano – Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala
Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá
Common Frontiers – Canadá
Corporate Accountability Lab – Estados Unidos
Diakonia
Earthworks – Estados Unidos
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Francia América Latina – Francia
Front Line Defenders
Fundación para el Debido Proceso
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Greenpeace
Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos
HEKS / EPER
Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala
Human Rights Defenders Project – Estados Unidos
Indigenous Environmental Network
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria
International Service for Human Rights (ISHR)
JASS Mesoamérica
Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Migrant Justice
“La Otra” Cooperativa – Guatemala
MISEREOR – Alemania
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos
Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania
OXFAM
Peace Watch Switzerland
Plataforma Urbana – Guatemala
Prensa Comunitaria – Guatemala
Protection International
Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá
Right to the City Alliance – Estados Unidos
Rights Action
Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala
Share Foundation – Estados Unidos
Southern Maine Workers Center – Estados Unidos
Todos por Guatemala – Canadá
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala
United Electrical Workers of America – Estados Unidos
United for Mining Justice – Canadá
UPROSE – Estados Unidos
Women’s Organizing Network – Estados Unidos
Este viernes 21 de septiembre, cobra vigencia la ley que otorgará a las 15 sobrevivientes de la masacre del Hogar Virgen de la Asunción una pensión vitalicia. Este caso es conocido como uno de los tantos crímenes de Estado en la historia de Guatemala. Por supuesto, la versión oficial se caracteriza por encubrir los hechos y expiar la culpa del Estado, contra todas las evidencias del caso. Las sobrevivientes han pasado más de 500 días luego de los sucesos, viviendo a la deriva con situaciones de salud complicadas.
La pensión vitalicia será igual para todas. Los primeros 3 años recibirán Q5, 000.00 mensuales y luego recibirán el equivalente a un salario mínimo. El primer error cometido, según el criterio de la Abogada Paula Barrios de Mujeres Transformando al Mundo, es que la comisión que presentó y redactó esta ley en el Congreso, no consideró que cada niña tiene condiciones diferentes. Algunas tienen quemaduras de 3er y 4to grado en gran parte de su cuerpo, otras viven en condiciones deplorables sin cubrir los requerimientos mínimos de salubridad que una persona en esas condiciones necesita. Además dos de ellas están embarazadas.
Otras instituciones cargan con la responsabilidad del Estado
El Estado no puede evadir la responsabilidad penal y social que pesa en su contra por lo sucedido en Virgen de la Asunción. Gran parte de los gastos de las niñas durante este primer año han sido sufragados por instituciones sin fines de lucro y alianzas extranjeras.
Nayeli, una de las niñas sobrevivientes de aquel 8 de marzo, perdió un pie, nariz y orejas, sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo. El año pasado estuvo muchos meses internada siendo intervenida en un Hospital de Boston, Estados Unidos. Los gastos corrieron por cuenta de la Fundación Shirners.
Nayeli viaja a diario al Hospital Roosevelt donde recibe un tratamiento. Su casa no tiene las condiciones necesarias para una persona con una situación de salud tan delicada. Para llegar al Hospital debe viajar en taxi, el cual de momento es pagado por el grupo de ayuda ALIANZA, sin embargo esta cooperación no será para siempre y los tratamientos seguirán por un largo tiempo. La pensión, y el dinero que gane la mamá de Nayeli, tendrían que alcanzar para cubrir estos gastos diarios de tratamientos y medicamentos. La cantidad que les dará la pensión es insuficiente. “Un salario mínimo no cubre ni la canasta básica”, resaltó Paula Barrios de MTM, quien asegura que aspectos de fondo no fueron tomados en cuenta para definir los montos de la pensión que recibirán las niñas.
Dentro de las sobrevivientes, existen menores que aún están bajo cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), distribuidas en diferentes hogares. La mayoría recibe donaciones de víveres, aportes de diferentes organizaciones, pero esta ayuda será temporal. Stef Arriaga, del Colectivo 8 Tijax, considera que independientemente de la ayuda pecuniaria, el problema no sólo es la cantidad de dinero, sino la administración de los fondos por parte de las familias, pues en ocasiones su forma de administrar el dinero no es la idónea.
Evidentemente las familias de las menores tienen problemas, se encuentran en situaciones de riesgo y habitan en zonas marginadas de la ciudad, pero esta debilidad de las familias fue empleada en el Congreso para justificar las razones de no dar mayor cantidad de dinero a las sobrevivientes. En lugar de ofrecer mayor apoyo para la reparación integral de las jóvenes, “temen que se malgaste el dinero que se les dé o que se enriquezcan a costa de la ayuda”, dice Paula Barrios, quien tiene claro que los legisladores no quieren ver a las niñas como lo que son: víctimas de un suceso acontecido bajo la responsabilidad directa del Estado.
Se buscará reformar la ley
No obstante, todo puede mejorar. La abogada Barrios afirmó hace unas semanas para Prensa Comunitaria que, cuando la ley es promulgada, se puede actuar para que se aumente la cantidad económica que el Estado entregará a las niñas, además de poder proponer enmiendas para esta pensión en pro de las víctimas.
En el material penal de caso, cuando inicie el juicio en febrero del 2019, en contra de los tres ex funcionarios de la SBS (Carlos Rodas, Anahí Keller y Santos Torres), los representantes legales de las niñas, como es el caso de Mujeres Transformando el Mundo, tendrán la oportunidad de proponer dictámenes que favorezcan la reparación integral de las sobrevivientes.
Los pueblos indígenas del mundo se encuentran en permanente lucha contra el despojo y la destrucción de la vida. El pueblo lenca, en el marco de su lucha histórica por el territorio, logró detener la represa más grande a nivel mundial, con capitales de la empresa estatal china Sinohydro y del Banco Mundial, quienes retiraron sus fondos para la realización de la represa en Honduras. Sin embargo, la represa llamada Desarrollos Hidroeléctricos S.A. (DESA) permaneció en la región, amenazando la vida de los pobladores locales. En el desarrollo de esos hechos ocurrió el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores.
¿Qué hay detrás del juicio? ¿Por qué tanta tardanza?
El juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro —hechos ocurridos el 2 de marzo del 2016—intentó iniciar el debate dos años después, el 17 de septiembre del 2018. El tribunal citó a las partes para su inicio, pero fue suspendido por amparos pendientes de resolver, presentados por las partes en el proceso. Los momentos procesales están siendo acumulados. El 4 de septiembre del presente año se dio la audiencia de proposición de prueba, e inmediatamente citaron a inicio de debate el 17 de septiembre, sin haber resuelto los amparos. Esto obligó a unas de las partes a recusar al tribunal que conoce del caso.
La muerte de Berta ha despertado una serie de sospechosas irregularidades, como la negativa de dar a conocer los resultados de la investigación de parte del Ministerio Público, y la prohibición del trabajo periodístico durante las audiencias.
A una semana de ser presentada la recusación, aún no hay respuesta. ¿Qué hay detrás de esta postergación? Actualmente permanecen detenidos los ejecutores materiales del asesinato, mas no así los autores intelectuales. Es decir que apenas empieza una parte del juicio.
El reprobable Estado hondureño sigue protegiendo intereses extranjeros en contra de la vida misma de su población. El juicio por el esclarecimiento del asesinato impune de Berta, es un claro ejemplo de la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas en ese país.
Foto publicada por Prensa Comunitaria en el 2012, facilitada por un periodista presente
Por David Toro
El 4 de octubre del 2012, 6 hombres fueron asesinados y 40 personas heridas en la violenta intervención de una tropa militar dirigida por el Coronel Juan Chiroy, durante una manifestación pacífica en el kilómetro 169 de la carretera del Occidente del país, en el punto conocido como “Cumbre de Alaska” en Totonicapán.
La razón: buena parte de los habitantes de Totonicapán se manifestaban en contra de la Empresa Eléctrica y de reformas a la constitución que el gobierno de aquel entonces pretendía realizar.
El Estado intervino para proteger a los nueve soldados implicados. Cambiaron la versión de los hechos en varias ocasiones. Dijeron que los militares no iban armados, pero las fotografías los evidenciaron, luego intentaron hacer creer que aquella tropa enviada para reforzar a la PNC y reprimir a la manifestación, actuó por miedo y protección.
Un proceso judicial entrampado
El proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. Inicialmente el 11 de octubre del 2012, la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, decidió ligar a proceso a los nueve soldados implicados por los delitos de ejecución extrajudicial y lesiones.
Sin embargo, en el 2013, luego de presiones de los defensores de los militares, la jueza Flores decidió cambiar los delitos de los sindicados por los de incumplimiento de deberes y homicidio en grado de tentativa, los cuales tienen penas menores.
El abogado Santos Sapón, representante de las esposas de los asesinados, aseguró que ese cambio de calificación jurídica de febrero del 2013 no puede ser resultado sino de un tráfico de influencias. El delito inicial imputado, “ejecución extrajudicial”, tiene penas que van desde los 20 hasta los 50 años de prisión.
No obstante, gracias a las acciones de amparos del MP y de los abogados querellantes, “se logró que el último amparo resuelto por la cámara penal en el 2018 indicara que el coronel Chiroy y los otros ocho soldados implicados sean enviados a juicio por los delitos sindicados en primera instancia”, señala el abogado Sapón.
Luego de la separación de la jueza Flores del caso, la Cámara Penal puso al frente del caso a Claudette Dominguez, del Juzgado de Mayor Riesgo “A”.
Las contradicciones de los acusados
Durante todo el proceso, los nueve militares que guardan prisión preventiva en Mariscal Zavala se han quejado de la lentitud del proceso, indica el abogado Sapón. Un postre para la suspicacia, tomando en cuenta que los propios recursos del coronel Chiroy, presentados ante la Corte de Constitucionalidad, son los que frenan la continuidad del proceso, según dijo el representante de las víctimas.
“A ellos (los militares) les hicieron un favor, con las influencias del gobierno (OPM) cambiándoles los delitos, pero al final se complicaron porque 48 Cantones y las víctimas no vamos a permitir que el tráfico de influencias funcione en este caso” asevera Sapón querellante del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones.
El Estado debe responder por la masacre
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, intentaron frenar la causa penal, por medio de la entrega de una ayuda organizada. Según Sapón “trataron de persuadir a la gente de renunciar a la acción penal, pero no lo lograron, la única ayuda recibida fue la entregada por la Comisión Nacional de Resarcimiento, pero seguimos en la lucha penal”.
La situación de la reparación digna aún no se ha discutido, pero en el dictamen de apertura a juicio del 14 de febrero del 2013, se aceptó como responsable civil al Estado de Guatemala. Es decir que la Procuraduría General de la Nación, debe acudir al debate cuando este de inicio.
Fecha de inicio del juicio es incierta
La abogada Lucía Xiloj, quien también funge como querellante de las víctimas en el caso, comentó para Prensa Comunitaria, que el inicio del juicio se “encuentra en el limbo”, pues aún hay amparos interpuestos por los nueve militares, por resolver. A pesar de la resolución de la Cámara Penal, aún falta que se ratifique por cuales delitos tendrán que responder los responsables. En el plano ideal sería el delito de ejecución extrajudicial, que había sido imputado de forma inicial.
En medio de la sabana tropical de La Libertad, Petén, los señores Federico Aquino Ruano y Marco Reyes, originarios de la aldea Las Cruces, decidieron prestar la letra de la inicial de sus apellidos para nombrar un nuevo parcelamiento denominado “Las Dos Erres” en 1971, en una extensión de 100 caballerías. Los campesinos que fueron ubicados en aquellas tierras para cultivar maíz, frijol, etc., iniciaron de cero sin contar con un techo, ni electricidad. Construyeron y forjaron humildes viviendas, sin pensar que en 1982 serían víctimas de una masacre que costó la vida de 200 personas de aquel parcelamiento que comenzaba a ser importante en la economía de la región.
La masacre del parcelamiento Las Dos Erres, no es un crimen que se pueda atribuir exclusivamente a la ejecución de un pelotón que no tuvo asco de asesinar a 200 personas inocentes, y cometer un sinnúmero de violaciones y torturas en el proceso. Esta matanza, como las más de 600 acontecidas en Guatemala durante la guerra, tienen su origen en el corazón de un Estado decantado hacia la extrema derecha, caracterizado por una intolerancia implacable hacia todo lo que considere una amenaza.
Durante los 36 años que duró la guerra en Guatemala, se contabilizan 626 masacres cometidas por fuerzas de seguridad del Estado. El año de 1982 fue el más sangriento: se contabilizaron 271 masacres, un promedio de 23 cada mes, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)[1].
Efraín Ríos Montt, general y presidente de facto de la dictadura entre 1982-1983, era parte de un alto mando militar integrado por militares que en sus años de juventud vivieron el movimiento anticomunista que en 1954 derrocara al presidente Jacobo Árbenz Guzmán, “un alto mando, ideologizado, férreamente indoctrinado en las ideas del anticomunismo, planifica las ideas de un genocidio”, señala el investigador Manolo Vela Castañeada en una entrevista en México en el 2014.[2]
En el seno del mando militar de Efraín Ríos Montt se realizaron planes de campaña contra las fuerzas rebeldes, como el Victoria 82, el cual fue pensado para detener al “enemigo”, pero estos planes y estrategias ejecutadas por pelotones de la muerte dirigidos por kaibiles, arrasaban con todo e inocentes a su paso, con justificaciones varias, como considerarlos aliados de la guerrilla.
¿Por qué masacrar a la comunidad “Las Dos Erres”?
En el Petén la guerra inició en 1981. Las acciones militares fueron en contra de las denominadas “Fuerzas Armadas Rebeldes”. Según el informe sobre el contexto histórico de la masacre realizado por Manolo Vela, los soldados operaban vestidos de civiles, se hacían pasar por compradores, lograban dialogar con los campesinos para obtener información sobre los movimientos de las fuerzas insurgentes. El Ejército había logrado interrogar y ejecutar a varios insurgentes. Pero en septiembre de 1981, las FAR, emboscaron a 17 militares del comando ubicado en la aldea Las Cruces, en la Libertad, Petén.
Los militares no se quedaron de brazos cruzados, en 1982 el pelotón del teniente Sandocán vuelve a instalarse en Las Cruces. Desde febrero de aquel sangriento año, protagonizaron diversos enfrentamientos con la guerrilla, pero el operativo clave, del que supuestamente deriva la masacre de “Las dos Erres” ocurre en Junio de ese año. La guerrilla logra incautar un fuerte armamento del Ejército en un operativo en una carretera del Petén. El Ejército inicia acciones para dar con el paradero de las armas perdidas.
A modo de resumen de lo dicho por Manolo Vela: la masacre de Las Dos Erres fue una especie de castigo a la población de Las Cruces, por la pérdida de 22 fusiles que pertenecían al Ejército de Guatemala. Parece que el Ejército aplicó la antiquísima sentencia popular: “no importa quien las debe, sino quien las paga”.
Los hechos
La masacre en el parcelamiento Las Dos Erres se efectuó entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982. Según la narrativa del fiscal Erick De León en la audiencia del 1 de octubre de este año, en el juicio en contra de uno de los kaibiles implicados en la masacre, la patrulla, de unos 40 elementos que fueron trasladados en dichas fechas a La Libertad, se encontraba en el Sur del país en la base militar, llegaron con el objetivo de buscar los fusiles del armamento que habían sido incautados por la guerrilla.
La madrugada del lunes 7 de diciembre inicia el operativo en el parcelamiento Las Dos Erres. La acusación, asegura que los kaibiles iban vestidos de civil para no causar sospechas, tenían la misión de buscar aliados de la guerrilla y los 22 fusiles perdidos. Hicieron interrogaciones bajo tortura. Asesinaron a 200 personas del parcelamiento sin encontrar indicios de que los pobladores fueran afines a la guerrilla. Es contraste importante con la investigación del contexto realizada por el investigador Manolo Vega, según testimonios de los sobrevivientes que habitaban esta comunidad, ni siquiera tenían machetes o piochas por temor a que los confundieran con guerrilleros.
El peritaje presentado por Manolo Vela cuenta con declaraciones de sobrevivientes que indican que la entrada a la aldea Las Cruces fue tomada por militares y patrulleros para evitar el ingreso o fuga de gente. “Se escuchaban disparos de galil y habían visto a soldados disfrazados de guerrilleros entrar al parcelamiento”, indicó el testimonio de una persona que trabajaba en Las Dos Erres y el día de la masacre no pudo entrar por lo que estaba aconteciendo adentro.
Los niños que se “salvaron” por “canchitos”
En medio de las masacres había muchos niños, uno de ellos brindó su testimonio. El día de la masacre tenía 6 años, recuerda fragmentos de cómo su madre y sus hermanos eran llevados a la orilla de un pozo y recibían golpes en la cabeza con una almádana (maza), mientras él lloraba desde la parte interior de su casa, lloró hasta quedarse dormido. Él, junto con otros niños de la comunidad, fueron tomados como botín de guerra.
Este testigo llamado Ramiro Fernando López García, se salvó al igual que algunos niños que fueron seleccionados por los soldados, pues “eran niños bonitos”, como se lee en el peritaje de Manolo Vela.
Los niños raptados, tomados como botín de guerra, fueron trasladados en helicóptero a la escuela kaibil y luego sometidos a tratos crueles durante años. Tal fue el caso de Ramiro, quien ahora, siendo adulto, ha declarado en contra de su falso padre, el kaibil Santos López Alonso, uno de los militares que participó de la masacre y que actualmente está siendo juzgado por sus múltiples crímenes.
No fue un error
Esta masacre fue planificada como una operación de castigo contra los pobladores inocentes que estaban en medio de las operaciones del Ejército y de la guerrilla. Para el investigador Manolo Vela, no se puede considerar estos asesinatos como un error de la inteligencia militar, pues usaron la información recabada a lo largo de 1982 para ejecutar a una comunidad entera. Sin embargo, luego de los asesinatos, no hubo ningún encuentro armado con fuerzas insurgentes.
El Parcelamiento de las Dos Erres prácticamente desapareció luego de la masacre. Fue la única matanza de estas características ejecutada por el Ejército en el Petén, pero lo suficientemente grande para borrar de la cartografía a una comunidad trabajadora que no tenía ningún delito, ni vínculos con grupos armados.
El proceso de justicia
El proceso para que exista justicia ha sido lento, como era de esperarse. En septiembre de 1996, ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos se interpuso una demanda en contra de la República de Guatemala por la masacre denominada “Las Dos Erres”. Esta demanda fue presentada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). No fue hasta el primero de abril del 2,000 cuando el Estado reconoció su responsabilidad en el caso de forma internacional y se comprometió a reparar dignamente a las víctimas.
La solución por la vía amistosa no llegó. Existió obstaculización y nula acción del Estado para buscar que se hiciera justicia para las víctimas de la masacre. En el 2008, la CIDH, decidió someter el caso en la jurisdicción de la corte, para realizar las sentencias pertinentes y realizar los procesos posibles para llevar acabo la diligencia, investigación y juzgamiento que se había postergado en Guatemala.
El Estado de Guatemala como culpable recibió sentencias de parte de CIDH.
Guatemala se comprometió a dar un reparo digno a las víctimas sobrevivientes de la masacre, entre ellas la investigación y el proceso judicial correspondiente para los responsables de los hechos. Una vez más la figura del dictador José Efraín Ríos Montt vuelve a figurar.
Teniendo entendido que fue una patrulla de kaibiles los responsables de realizar las acciones salvajes e inhumanas en contra de las 200 personas del parcelamiento Las Dos Erres, la pregunta que hace falta para entender la implicación de Ríos Montt en el caso es ¿de dónde provienen las órdenes?
El famoso plan victoria 82, también conocido como plan “ceniza”, fue la primera parte del Plan de Seguridad y Desarrollo Contrainsurgente del gobierno de Ríos Montt, concebido bajo las ideas de la Junta Militar de Gobierno. Este plan que buscaba reprimir a los movimientos guerrilleros fue aplicado con dureza y sin misericordia en contra de comunidades inocentes. Para muestra, Las Dos Erres.
Ríos Montt tenía a su espalda la carga de dos genocidios, el de más de 200 personas en La Libertad, Petén, es uno de esos pesos que se llevó a la tumba en marzo del 2018. Durante lo largo del proceso en contra del dictador, existieron impedimentos y trabas para que respondiera de manera oportuna por genocidio y delitos en contra de los deberes de la humanidad.
En el año 2015, Ríos Montt, fue declarado incapaz mental, por lo tanto, la jueza Claudette Domínguez, quien llevaba el caso, permitió que Ríos, tuviese un tutor, papel que fue asumido por la hija del militar, Zury Ríos Sosa.
El largo y tortuoso camino de justicia para las víctimas en contra del dictador continuó hasta el día de su muerte, en marzo del 2018, Ríos Montt falleció a los 91 años, declarado incapaz, con una mancha de sangre imborrable que pesará sobre su nombre durante lo largo de la historia.
Quienes ya han sido juzgados y sentenciados por este caso son los kaibiles Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Méndez, así com el subteniente Carlos Antonio Carías López, condenados por el Tribunal de Alto Impacto, en el 2011, con penas de prisión de seis mil 60 años inconmutables.
El quinto que podría sumarse a la lista es el teniente Santos López Alonso. El pasado 1 de octubre inició el juicio en su contra y el 10 de octubre el Tribunal de Mayor Riesgo “C”, espera reanudar el proceso para escuchar el testimonio de sobrevivientes de la masacre, junto a los peritajes que serán presentados para poder pedir que sea aplicado todo el peso de la ley sobre el exteniente de aquella patrulla de la muerte.
El proceso penal del caso “Hogar Seguro” caminaba despacio esta semana en las audiencias de etapa intermedia de los sindicados Brenda Chamán, Harold Flores, Lucinda Marroquín, Armado Pérez Borja y Gloria Castro, quienes integran el segundo de tres grupos de sindicados.
El día de ayer, en el surgimiento de un nuevo caso de homicidio dentro del mismo Hogar, se halló implicada —otra vez— la psicóloga Brenda Chamán. Las audiencias fueron suspendidas para ser retomadas hasta el 5 de noviembre, aseguró el juez Laynez del Juzgado Cuarto.
El 3er proceso también se ve afectado
El 3er grupo de sindicados tenía prevista la audiencia de primera declaración para el 5 de noviembre, pero gracias a la reprogramación del 2do grupo, el proceso ha quedado en el limbo.
Los casos seguirán atrasándose, pues a finales del mes de noviembre, el Organismo Judicial inicia su periodo vacacional y todo quedará detenido hasta enero del 2019.
Chamán regresa a prisión
La psicóloga Brenda Chamán, quien se encuentra en la etapa intermedia por el crimen cometido en Hogar Seguro que les arrebató la vida a 41 niñas, perdió su medida sustitutiva este viernes, al ser detenida por un nuevo caso de homicidio dentro del mismo complejo. Hasta el momento existen 16 capturados, según informó el fiscal Jhony Morales de La fiscalia de Delitos Administrativos del MP.
Brenda Chamán ha sido enviada de vuelta al centro de detención Mariscal Zavala, donde ya estuvo 9 meses y ahora, tiene imputados los siguientes delitos en este nuevo caso: homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato de personas menores de edad, abuso de autoridad.
Este 20 de octubre se cumplirán cuatro décadas desde el infame asesinato de Oliverio Castañeda de León, un estudiante universitario que en su corto paso por la secretaría de la Asociación de Estudiantes (y por la vida misma), desafió a un gobierno represivo, y se convirtió en un ejemplo a seguir por el estudiantado.
Oliverio tenía 23 años cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, aquel 20 de octubre de 1978, cuando fue asesinado a 100 metros del Palacio Nacional. Con la muerte del “joven y eterno compañero” como lo llama César Dávila en una canción que escribió en su honor, también inicia el cenit de la violencia estatal de la guerra contrainsurgente (también calificada como guerra sucia), así que el reconocimiento del crimen por parte del Estado tuvo que esperar mucho tiempo más.
El caso ilustrativo 45 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, declara que aquella marcha universitaria del 20 de octubre, la cual Oliverio realizó bajo amenazas de muerte, culminó frente a la concha acústica en el parque central. Oliverio aún dio su último discurso aquel día, sin titubear, denunciando fuertemente al ministro de gobernación de aquel entonces: Donaldo Álvarez Ruiz.
La CEH relata que Oliverio Castañeda De León, ese día al finalizar la marcha universitaria y sindical, se encaminó sobre la 6ta avenida de la zona 1. Frente a la empresa eléctrica fue atacado por hombres armados y producto de los disparos falleció en la entrada del portal cuando intentaba escapar del ataque, su deceso se hizo oficial ese mismo 20 de octubre a las 13:20 horas.
El antropólogo Ricardo Sáez escribió el libro titulado “Oliverio”, una obra sobre la vida del líder estudiantil y una debida recopilación del contexto social y político de los años previos y posteriores a ese fatídico 20 de octubre. En este, Sáenz asegura que el ataque en contra de Castañeda afectó a su círculo cercano, integrantes de AEU, familia, pero también fue resentido por el pueblo en general.
Saénz califica de histórico y fundamental que el 14 de octubre del 2008, el Gobierno de Guatemala, presidido por Álvaro Colom, entregara de forma póstuma la Orden del Quetzal a Oliverio Castañeda, reconocimiento que fue recibido por su madre, doña Jesús Elena de León de Castañeda y su hermano Gustavo Castañeda De León. En aquel acto simbólico donde estaban congregados exintegrantes de la excepcional generación de AEU de 1978, amigos cercanos de Oliverio y guatemaltecos en general, el Estado reconoció su culpabilidad del asesinato de “Oli” como le decían en casa.
Han pasado 10 años más desde aquel entonces, sin embargo, Oliverio y su corta pero intachable vida como político, estudiante y ser humano, siguen siendo un hito que jamás podrá ser borrado de la memoria de los guatemaltecos, pues ¿qué es Oliverio sino una representación digna del espíritu del estudiantado sancarlista?
Desde joven, Oliverio Castañeda de León fue una imagen cercana y familiar, estuvo presente en muchas pláticas durante el almuerzo, en anécdotas de infancia narradas por mi mamá, en cada 20 de octubre durante la asistencia a la marcha, durante pláticas que no me correspondían pero que no me perdía, en cada recuerdo de los que hablaban mis padres y posteriormente fue acercándose en los corredores de la Universidad. Una figura que se valoraba mucho sin idealizarla, y que hoy para mi es más que la imagen del mártir, la de un joven, un estudiante alegre pero sobre todo consciente, comprometido con las causas populares, un comunista que llevó la teoría a la praxis desde el movimiento estudiantil, con la certeza de que solo la lucha revolucionaria, transformadora, logra cambios profundos capaces de transformar esta realidad terrible, desigual y deleznable.
El 20 de octubre de 1944 la articulación y organización de trabajadores, estudiantes, maestros, militares jóvenes en su mayoría, llevan a Guatemala al inicio de una transformación profunda, a la construcción de un proyecto que tocaría y buscaría solución a los problemas estructurales e históricos de este país. La interrupción violenta de este proceso, ocurrida diez años después en donde son responsables directos el gobierno de Estados Unidos y los terratenientes y oligarquía local guatemalteca, llevarían a Guatemala a un nuevo período en su historia, esto nos habría de costar, como sociedad, la destrucción del tejido social y la eliminación sistemática de miles de personas.
Para 1978, teniendo como marco una sociedad convulsa en donde las marcadas desigualdades sociales daban paso a la formación de distintos frentes de lucha armada, dentro de la Universidad de San Carlos un fuerte movimiento estudiantil acompañaba las luchas de la población, sus líderes y rostros más visibles, recibían amenazas constantes, sin embargo asumieron el papel que la historia y sus actos los llevaron a ocupar.
El 20 de octubre de 1978 Oliverio Castañeda de León bajaba del escenario de la concha acústica, ubicada en el parque Centenario, después de pronunciar el que sería su último discurso como secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, acompañado por varias amigas y amigos, fue ejecutado sobre la sexta avenida, cayendo en la entrada del pasaje rubio y recibiendo, sumados a los impactos de bala que tenía en su cuerpo, cuatro disparos en la cabeza a modo de garantizar que la vida se le arrebataba sin tregua.
Tenía 23 años de edad, hijo y hermano amado, estudiante comprometido, militante de la juventud Patriótica del Trabajo, secretario general de la AEU y un referente para quienes identificándose con el pueblo se saben parte y en deuda con él.
Así como la primavera fue cercenada, a Oliverio lo asesinaron los mismos, los dueños de las miserias y de la infamia constituida en el régimen militar que gobernaba Guatemala dirigido por los oligarcas nacionales y dentro del proyecto anticomunista de los Estados Unidos sobre la región.
A Oliverio Castañeda de León, Luis Fernando Colindres, Rogelia Cruz Martínez, Ricardo Berganza Bocaletti, Emil Bustamante, Antonio Ciani García, Aura Marina Vides, Silvia María Azurdia, Carlos Leonel Chutá, Víctor Hugo Rodríguez y demás líderes estudiantiles les quitaron la vida por su capacidad de colocarse en el lugar del otro, por su empatía y amor por una vida digna, por su lucha al lado de los más necesitados, por comunistas en épocas en donde pensar diferente, pensar en colectivo y en función del bien común, era un delito.
Creyeron eliminarlo con quitarle la vida, pero la vida logra romper la piedra más dura, lo digno y lo humano parece ser indestructible a pesar de todo, logra transformarse, trascender y sigue creciendo.
En un territorio en donde la ignominia ha sido una constante, Oliverio se mantendrá junto a nosotros.
¡Ellos pueden matar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución!
Este 20 de octubre se cumplen 40 años del asesinato de Oliverio Castañeda de León. 23 años y 8 días de vida, fue el tiempo que requirió para que su legado se expandiera a través de las generaciones, no únicamente en el ámbito universitario, sino en todos aquellos movimientos sociales que tienen como referente e ideal la lucha.
Para entender a Oliverio Castañeda De León como símbolo, se debe voltear a ver el contexto histórico que rodea su vida estudiantil, la clase media a la que pertenecía, esa que siempre estuvo frente a las movilizaciones de carácter social, según indica el antropólogo Ricardo Saenz. Oliverio era el reflejo de aquel joven consecuente con sus acciones, nombrado por aquellos que convivieron de cerca con el como un joven culto y disciplinado, un líder nato que hasta nuestros días es visto como un ejemplo a seguir.
“Les pregunte a mis estudiantes ¿para ustedes que significa Oliverio? Respondieron que lo sentían presente en la universidad, es visto como un compañero más y sobre todo como un ejemplo”, indica Ricardo Saenz. Aparte de haber tomado la responsabilidad de escribir el libro sobre el icónico líder universitario —está por lanzarse su 4ta edición—, tiene la oportunidad de dar clases en varias unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El ser humano detrás del líder estudiantil
Es fácil pensar en Oliverio Castañeda y traer a la mente uno de sus discursos, alguna de sus frases emblemáticas (“mientras haya pueblo habrá revolución”, que han sido adoptadas por muchos movimientos sociales), pero el ser humano, el joven, el amigo que hay detrás de aquel talentoso líder considerado una amenaza para el gobierno militar de 1978, es vital para comprender porque hasta aquellos que no conocimos a Oliverio, podemos sentir que detrás de su lucha y corta vida hay un lazo que nos atrapa, que nos identifica.
Iduvina Hernández era parte de aquel secretariado dorado de AEU de 1978, además, amiga cercana de Oliverio. Compartían ideales, metas e inclusive hasta fecha de cumpleaños:
“Oliverio era un joven responsable, puntual, yo no recuerdo que jamás haya llegado tarde a una junta, era muy disciplinado para la lectura. Yo creo que para su edad tenía una cultura general altísima, varias veces fuimos al cine. Él practicaba futbol, tenía su equipo favorito, que era el Tipografía Nacional”, recuerda Iduvina.
Más allá del 20 de octubre
Cada 20 de octubre se recuerda a Oliverio, pues ese fue el fatídico día en el que el gobierno le corto la vida frente a la empresa eléctrica, sobre la 6ta avenida de la zona 1. No obstante, Iduvina Hernández, resalta que ya desde meses atrás sufrían amenazas. El auténtico levantamiento social dirigido por un movimiento estudiantil que tenía a Oliverio a la cabeza, era una piedra incomoda y dolorosa para el gobierno represivo, pues además de haber denunciado la masacre de Panzós en mayo del 78, fue la organización de AEU, en conjunto con sindicatos y movimientos sociales, que lograron que el Estado diera vuelta atrás en la idea de aumentar de 5 a 10 centavos el costo del pasaje del transporte urbano.
Tanto Oliverio como Iduvina tenían días sin dormir en sus casas por las amenazas de muerte existentes. Aquel 20 de octubre, Castañeda tenía una salida de emergencia que no quiso tomar, pues iba a asistir a una cumbre estudiantil en Panamá, pero decidió quedarse, porque temía que luego no lo dejaran ingresar a Guatemala, y no sólo decidió quedarse, además siguió denunciando al gobierno en medio de las amenazas mortales que al final acabaron con su corta vida.
Un breve recorrido en la Universidad de San Carlos, muestra cómo por medio de murales, consignas, retratos, homenajes en su honor, playeras y la plaza que lleva su nombre, se resguarda la esencia del universitario sancarlista por excelencia, Oliverio Castañeda De León.
